El PSOE ejerce la acusación popular en Almería mientras negocia con sus socios prohibirla a los partidos

El PSOE se ha personado como acusación popular en el caso mascarillas de Almería tres semanas después de aprobar en Consejo de Ministros una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (puede leerla aquí) que aboga por prohibir a los partidos políticos ejercer tal acción, y que ahora está en su trámite parlamentario. Tampoco podrán «los sindicatos y las asociaciones o fundaciones vinculadas con ellos».

Ello no ha sido óbice para que el PSOE, en concreto el PSOE de Almería, se haya apresurado a personarse como tal en un caso de corrupción que ha golpeado al PP de Andalucía a medio año de las elecciones. Puesto que ha llevado a la detención del presidente de la Diputación almeriense, Javier Aureliano García, el vicepresidente, Fernando Giménez, y el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez Simón. El objetivo de los socialistas es claro: tener acceso a la información (las testificales, las pesquisas, el sumario) de primera mano.

Cuando Félix Bolaños presentó la reforma de la Lecrim, tras el Consejo de Ministros del 28 de octubre, señaló: «Hoy por hoy, la acusación popular es una herramienta de las organizaciones ultraderechistas muy bien financiadas para perseguir a políticos progresistas y a su entorno. Y a eso se dedican continua y diariamente, interponiendo querellas disparatadísimas».

Ya entonces, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes fue preguntado si no era una incongruencia que el Gobierno impulsara esta modificación, estando el PSOE personado en varios casos; entre ellos, el de la DANA y el del novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Bolaños respondió que el PSOE estaba actuando «conforme a la ley vigente». «Hoy la ley vigente permite a los partidos políticos formular acusación popular y el PSOE cumple la ley y actúa conforme a la legalidad vigente. Consideramos, como el Supremo y como el Constitucional, que esto, en el futuro, no debería ocurrir», argumentó.

Ahora es ir un paso más, porque esta personación se produce una vez que el Ejecutivo ha enviado la nueva norma a la Comisión de Justicia del Congreso para su negociación con los grupos parlamentarios. No obstante, como ha venido contando El Debate, por el momento su aprobación es imposible porque a estos no les gusta que se cercene la acusación popular. Ni siquiera a Sumar, cuyo portavoz, Enrique Santiago, tuvo ocasión de trasladárselo al ministro el pasado viernes en esa Comisión.

La reforma aprobada por el Gobierno amplía considerablemente los límites de la acusación popular, recogidos en el artículo 102 de la ley. Y prohíbe ejercitarla, entre otros, a: «Los miembros de las carreras judicial o fiscal»; «los partidos políticos y sindicatos y las asociaciones o fundaciones vinculadas con ellos»; y «las personas jurídico-públicas ni los entes del sector público de cualquier clase».

El PP, Vox, Manos Limpias, Hazte Oír, el partido Iusticia Europa y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales han venido ejerciendo la acusación popular en las causas contra el PSOE instruidas en el Tribunal Supremo y en la Audiencia Nacional, así como en la del fiscal general del Estado (recién condenado a dos años de inhabilitación), la de Begoña Gómez y la de David Sánchez. Con esta reforma, ninguno de ellos podría.