«Había soldados que querían ayudar y les dijeron: ‘No, hemos recibido orden de no salir'»

Francisco José Gan Pampols, teniente general retirado del Ejército de Tierra, se retiró esta vez, hace poco más de un mes, de la vicepresidencia de la Generalitat Valenciana. En el plazo acordado con Carlos Mazón, con unas condiciones cerradas y sin que hubiera ninguna directriz partidista, de la misión más importante que le habían ofrecido en su vida, «por la trascendencia y repercusión que tenía en una sociedad que había padecido muchísimo y estaba en una situación muy delicada».

Nada que ver su labor tras la tragedia, donde se le sumó el obstáculo de la batalla política, a cuando participó como jefe del equipo de Reconstrucción Provincial en Quala e Naw (Afganistán), porque allí estaba todo por construir, y en Valencia por reconstruir y planificar. Después de un año, «al menos están en marcha o se han finalizado el 50% de las iniciativas propuestas», pero eso no significa que la situación esté mejor, sino todo lo contrario, si volviera una dana, «las consecuencias serían peores», porque «estructuralmente no se ha hecho nada sobre el territorio».

Recibe a El Debate en su piso en Zaragoza, con grandes ventanales que llenan el salón de luz, en el que destacan algunas obras de Carmen Almécija, como su retrato, donde mira al frente con decisión al igual que hizo con el Plan de Recuperación Económica y Social que ha dejado como legado y espera que el nuevo presidente, Juanfran Pérez Llorca, lo impulse.

–21 días después de la dana le encomendaron el Plan de Recuperación Económica y Social de la Generalitat Valenciana, ¿qué se encontró nada más llegar?

–Se habían iniciado muchos trabajos en las poblaciones de la zona cero, en los 28 ayuntamientos que están más expuestos a los cauces. Seguía habiendo muchísimo barro en las calles. Había problemas para el normal desarrollo de la vida cotidiana. Se habían interrumpido los servicios sanitarios, la asistencia a colegios y guarderías. El comercio estaba paralizado completamente. Muchos vehículos afectados estaban pendientes de gestión. Había problemas para el normal funcionamiento de la red de saneamiento del agua potable. O interrupciones en la línea eléctrica.

Había una sensación generalizada de catástrofe. Era mucha la población afectada, y no había forma de actuar quirúrgicamente. Había que adoptar decisiones para resolver urgencias, y otras cosas importantes desgraciadamente tenían que posponerse, porque lo urgente era proporcionar condiciones de vida. Se notaba un gran nivel de desesperación, de falta de esperanza, porque al principio iba todo muy lento.

–Entre sus primeras palabras cuando aceptó el encargo: «Esto no tiene nada que ver con el ámbito político. Tiene que ver con un trabajo técnico que necesita de un consenso», ¿consenso parece que ni hubo ni hay?

–Es un fracaso de la política, entendida como el arte de lo posible, del servicio público. No ha habido un consenso porque ni siquiera ha habido un previo acuerdo sobre el diagnóstico de qué ocurrió, por qué y qué medidas habría que tomar para reponer lo perdido y que no vuelva a suceder o se minimicen sus efectos a futuro. No hubo ninguna voluntad por parte de los partidos de la oposición, porque ofrecí repetidas veces entablar cualquier tipo de diálogo e incluso incorporar personal que no perteneciera a la estructura administrativa de la Generalitat, con tal de que su perfil fuera técnico y su voluntad fuera de servicio. No tenía ningún recelo a que hubiera adscripciones políticas de uno u otro sentido, porque entendía que para que tuviera éxito había que dejarlo al margen de la lucha partidista.

Había que solicitar inmediatamente la emergencia nacional, y puede solicitarla el presidente Mazón, la delegada del Gobierno o el ministro de Interior

–¿No hubo manera?

–Alguien apreció que era un momento de debilidad del actual Gobierno y que era un mecanismo para generar desgaste permanente. Comprendo que pueda haber disgusto, cansancio, e incluso rechazo. Pero eso se sustancia en unas elecciones, no en manifestaciones en la calle.

–¿Arrancó una campaña electoral a partir de la tragedia?

–Fue algo llamativo, porque durante las dos primeras semanas, hubo acuerdos importantes entre la Administración General del Estado y la autonómica. Se llegó a una distribución de tareas, a reuniones de coordinación provechosas, pero aquello decayó, como si alguien hubiera decidido que había pasado el momento de la cooperación y había que entrar en el enfrentamiento. A partir de ahí fue la crítica abierta y destructiva. Caminos completamente divergentes. No había forma de ponerse de acuerdo en nada entre la Administración General del Estado y la comunidad autónoma.

–¿Le dejaron hacer su trabajo o tuvo que sortear impedimentos?

–Por parte del Gobierno al que pertenecía, no tuve ningún impedimento. En algunos aspectos, hubo falta de capacidades para proporcionar especialistas, funcionarios, porque los gobiernos están diseñados para unos esfuerzos de tipo medio. En el momento que hay que hacer un esfuerzo extraordinario, no tiene con quién, y tuvimos que contratar a una consultora (PwC) que nos prestara un apoyo técnico específico, que bajo nuestra dirección procediera a desarrollar un diagnóstico y luego un plan de recuperación.

–¿Se topó con un exceso de burocracia para avanzar en la tramitación de proyectos?

–Tenemos un procedimiento administrativo muy complejo y a pesar de que existen algunos mecanismos que permitirían soslayar esa burocracia tan densa, cuesta muchísimo ponerlos en marcha. La Administración pública necesita una remodelación en profundidad por el sistema de contratación. La Ley de Contratos del sector público es muy rigurosa y garantista para que no haya posibilidad de que se produzca una desviación de créditos, pero el procedimiento es tan largo y se dilata tanto, que para cuando se puede arrancar la necesidad es crítica. Ante una emergencia de este calibre, no es capaz de resolver en cortísimos periodos de tiempo.

Un ejemplo claro es la red de saneamiento o la de depuración, las aguas negras, las pluviales, las canalizaciones... Todo eso quedó destrozado. Se reparó de circunstancias, pero hay que hacerlo con carácter definitivo, porque no hubiera soportado una nueva inundación. Se tardó un año por parte del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico en autorizar los créditos para que las empresas pudieran presentar sus proyectos y a partir de ahí, aprobarlos y ejecutarlos. Y el período de ejecución son cuatro años.

Ante una emergencia de ese nivel que se desplieguen las Fuerzas Armadas es una cuestión del Ministerio de Defensa

–Así la rehabilitación de la vida cotidiana va para largo.

–Van a estar cuatro años levantando calles para cambiar tuberías y no solo una vez, porque luego hay que cerrar y asfaltar, y si hay que actuar sobre la conducción eléctrica, que es otro proyecto distinto, hay que volver a empezar. Es materialmente imposible realizar una sola actuación. Abrir una sola vez una zanja en una calle y pasar la conducción eléctrica, la conducción del gas, la fibra óptica, las aguas pluviales, las aguas fecales… no se puede. Hay que contratar los proyectos por separado.

–¿El ambiente político no ayuda?

–Hay que distinguir claramente los partidos de nivel autonómico y nivel nacional, de las realidades del ámbito local. Los alcaldes y alcaldesas están preocupados exclusivamente de recuperar lo antes posible la normalidad en sus poblaciones. Están al margen de la política. Me he entrevistado con ellos en muchas ocasiones, porque son al final los que mejor perciben qué necesitan. Con ellos no he tenido ni un solo problema. Todo ha sido líneas de cooperación. Puede haber alguna declaración un poco discordante, pero a efectos de llegar a acuerdos, de hacer peticiones, de incorporar sugerencias, ningún problema. Y he coincidido con alcaldes de todos los colores y de todas las sensibilidades.

–Si se sigue la cadena de responsabilidades, ¿quiénes fallaron?

–El análisis más ajustado es el que trata el fenómeno antes, durante y después. En el antes falló todas las obras de prevención y de minimización de riesgos que tenían que haberse hecho desde el Plan Hidrológico Nacional del año 2001. La primera paralización fue en el año 2004 con un Gobierno del Partido Socialista. Luego hubo otra cuando estalló la crisis del año 2008, y por último la del Ministerio de Transición Ecológica, que no aprobó un desvío que debía haberse hecho del cauce del Poyo hacia el nuevo cauce del Turia y de La Saleta, aduciendo que había un perjuicio para la huerta. Cuando se ve la magnitud del daño que se ha producido, se pone en entredicho esa hipotética protección.

En el durante, solo se pone el foco en Valencia, cuando afectó también a Castilla La Mancha y a Andalucía. La misma Ley de Protección Civil determina que cuando afecta un fenómeno de carácter catastrófico a más de una comunidad autónoma, la autoridad debe declarar una emergencia de nivel nacional y hacerse cargo de ella el ministro del Interior, teniendo como director técnico al general jefe de la Unidad Militar de Emergencias (UME). Eso no ocurrió. Se ha entrado en una disquisición de que no se pidió el nivel dos, pero alguien por encima de quien está en esa situación y ve que afecta a más comunidades, debe de tomar esa decisión sin necesidad de que se lo pida nadie. No hay que pedir, no hay que esperar a que se pida ayuda, hay que prestar ayuda porque ese es el nivel Estado.

–En cambio, Pedro Sánchez les dijo: «Si necesita más recursos, que los pida».

–Sí, y que el que mejor lo conoce es el que está en el territorio. Eso no significa nada. Desplaza allí toda la capacidad, que es de nivel nacional, y coge a todos los asesores que quieras del nivel territorial para que te informen de cuáles son las prioridades adecuadas. Se ha deformado el modelo de actuación, independientemente de que ahí está la juez de Catarroja investigando si hubo negligencia de carácter penal por parte de la consejera de Emergencias, del secretario autonómico de Emergencias... Se habla mucho del presidente de la Generalitat, y cuando uno se lee la Ley de Protección Civil autonómica y la estatal, el presidente de la comunidad autónoma no tiene actuación directa en la emergencia. Y en el post, el error principal es no haber constituido un elemento único de dirección y coordinación, que sería una comisión mixta, que sea capaz de asignar los medios disponibles a las necesidades existentes e ir evaluando si se aplica de forma adecuada los recursos. Eso no ha existido.

–¿Si se hubiera lanzado un mensaje de alerta a la población antes se hubieran podido salvar vidas?

–Es una hipótesis que no debe desecharse, aunque no en todas las poblaciones de la zona podían haber recibido ese mensaje porque la red telefónica cayó en la comarca de los Serranos y luego en una de la Vega Alta. Es un mensaje muy importante, pero no es la panacea. Hay que tomar medidas y fomentar la autoprotección. ¿Qué tengo que hacer para garantizar mi seguridad? Si se hubiera lanzado el Es-Alert mucho antes, podría haber salvado vidas, es probable que sí, pero no todas las vidas. Y esto es muy duro.

–Al llegar la alerta a las 20:11 ya fue demasiado tarde.

–A las 20:11 con todo el pico de caudal, a pesar de que en algún barranco se produjo un poco más tarde, el daño se había producido. Utiel se había inundado, Requena y las poblaciones como Masanasa, Paiporta, Sedaví, Alfafar, todas estaban ya con agua.

No había forma de ponerse de acuerdo en nada entre la Administración General del Estado y la comunidad autónoma

–A lo largo de la mañana del 30 de octubre, se iban conociendo las cifras de muertos, y el Congreso antes de parar su actividad, en lugar de pensar en un paquete de medidas de urgencia para ayudar a las poblaciones arrolladas por la dana, aprobó el decreto para la renovación de los consejeros de RTVE…

–Fue una muestra clarísima de insensibilidad y de falta de capacidad para dimensionar la catástrofe. Las medidas urgentes tendrían que haberlas propuesto el Gobierno inmediatamente. En ese momento se tenía que haber paralizado cualquier tipo de iniciativa, y el Gobierno tendría que haber asumido con carácter inmediato todas las actuaciones y haberles dicho a las comunidades autónomas afectadas: «Vamos a juntarnos, a tener un solo diagnóstico de qué ha ocurrido y a trabajar». Aunque desde el punto de vista normativo sí se movilizó rápido y a la semana siguiente se aprobaron tres reales decretos leyes, que tenían que ver con volúmenes de ayudas y la consideración de zona catastrófica.

–¿Fue un error de Carlos Mazón no solicitar la emergencia nacional al Gobierno de Pedro Sánchez?

–Sí lo fue, aunque en ese momento había mucho ruido, además de informaciones dispersas que no se habían contrastado. En el momento en que se vio el volumen de lo que había ocurrido, había que solicitar inmediatamente la emergencia nacional, y puede solicitarla el presidente Mazón, la delegada del Gobierno o el ministro de Interior. Hay tres figuras que pueden intervenir. Que no fuera el presidente el que lo instara, no significa que la delegada del Gobierno no pueda hacerlo. O el ministro de Interior. Es exactamente igual.

–¿La culpa está centralizada en Carlos Mazón por haberse quedado en El Ventorro y por cambiar continuamente de versión de qué hizo aquella tarde?

–Políticamente tiene una responsabilidad, es innegable. La asumió y ha dimitido. De ahí a acusarle de asesinato es una barbaridad. Él tiene una responsabilidad política clara, pero no es el responsable de esta tragedia. Tenía que haber tenido un perfil político ese día, una anticipación, una sensibilidad que no tuvo.

–¿Ha tardado demasiado en dimitir?

–Es una decisión personalísima. Nunca he estado en política. Salvo este paréntesis y de forma tangencial. Entiendo que uno entra porque tiene un proyecto. Y cuando ese proyecto no lo puede sacar adelante, se aparta. Tanto a nivel personal como a nivel de partido, se dio cuenta de que no podía ir más allá.

–¿Se llegó a sincerar con usted?

–Al margen de lo que cada uno pueda pensar, esto ha sido un acoso sistemático de más de un año. Él hizo una especie de juicio crítico personal sobre qué hubiera hecho de otra manera cuando hizo su anuncio de dimisión. Hubiera anulado su agenda, hubiera ido a Utiel o hubiera pedido el nivel tres de emergencia. Solo se lo he oído a él. No se lo he oído a nadie más.

Se tardó un año por parte del Ministerio de Transición Ecológica en autorizar los créditos para que las empresas pudieran presentar sus proyectos

–¿Por qué cree que el Ejército tardó tres días en llegar después de la tragedia a Valencia?

–El tiempo que tardaron en autorizar que se moviera. Y en algunos pueblos más días por las condiciones. No hay otra explicación.

–Margarita Robles dijo: «Echo de menos que desde el principio no se hubiese desplegado más medios. Los militares estaban preparados para intervenir».

–Que lo diga ella.

–¿Era una forma de excusarse?

–No sé qué la mueve o no. Pero ante una emergencia de ese nivel que se desplieguen las Fuerzas Armadas es una cuestión del Ministerio de Defensa.

–¿No lo tiene que pedir el presidente de la Generalitat?

–Los medios, sí. Qué medios, no. Para eso está la delegada del Gobierno, que es la que canaliza las necesidades y las transmite. Pero el hecho de que esa misma noche no hubiera destacamentos de reconocimiento de unidades militares que fueran a ver qué había ocurrido, hacer acto de presencia, hablar con los alcaldes. Eso no dependía más que de una persona si se hubiera pedido. No se puede decir es que como no se pidió, no fueron. Eso no ha sido nunca así. Estuve en el camping de Biescas en el año 1996. Hubo una catástrofe. Esa misma tarde, hablando con el entonces delegado del Gobierno, la unidad que estaba en Jaca fue directamente a Biescas, a las primeras actuaciones de ayuda, porque el camping había desaparecido. Había gente que no tenía ropa. En aquel momento no se puede hacer mucho, pero es muy valorado, porque es una acción inmediata. Y al día siguiente se empezó a movilizar a todos los efectivos necesarios de la Brigada de Montaña, a la que pertenecía, para ayudar a la limpieza, para recuperar cadáveres…

–Hay diligencias que se han obviado en el relato.

–Quiero pensar que alguien hará un relato pormenorizado, pondrá una línea temporal y dirá: «En este momento, ¿por qué no se aportaron más medios?». Cuando la Unidad Militar de Emergencias intentó llegar a Utiel, Utiel estaba inundado, y no se pudo llegar por tierra. Se empleó algún helicóptero, con las limitaciones que tiene un rescate vertical, pero no llegó la Unidad Militar de Emergencia a Utiel. Es una excelente pregunta para el Ministerio de Defensa: «¿Ustedes me pueden explicar cuál fue el modo de movilización? ¿Cómo movilizaron fuerzas? ¿Y a qué se atendió?». En las unidades que había en Valencia, en Bétera, en Marines, y en Paterna, había soldados que eran de esos sitios y que dijeron: «¡Vamos a ayudar!». Y les dijeron: «No, hemos recibido orden de no salir». Por lo que sea, pero fue así.

–Miguel Polo, de la Confederación Hidrográfica del Júcar, no informó del desbordamiento del barranco del Poyo en el CECOPI, «porque daba por hecho que Emergencias está haciendo lo que toca»…

–Esa frase es una contradicción en sus términos. No informar de un desbordamiento, porque pensamos que los responsables están haciendo lo que hay que hacer. Si hay un barranco que se está desbordando y no se lo dice a nadie, hay un factor que no tienen en cuenta a la hora de decidir.

–Un año después de la dana, la Confederación Hidrográfica del Júcar sigue sin tener sistema de detección de riadas.

–Hay un sistema que se llama Sistema de Alerta de Información Hidrológica (SAIH), que no está extendido en toda la cuenca. En concreto en la cuenca del Poyo solo tenía un medidor, que se está reponiendo, aunque es lo suficientemente antiguo como para merecer una sustitución por el Sistema de Alerta Temprana (SAT). La Confederación Hidrográfica del Ebro dispone de ese sistema. Al final se trata de tener elementos de información que nos permitan anticipar al máximo posible las consecuencias negativas de un crecimiento súbito. Y así disponer de información con un margen de tiempo útil para difundirla y minimizar daños sobre personas, porque como estructuralmente no se ha hecho nada sobre el territorio, va a ocurrir exactamente lo mismo o peor.

–De hecho, la Confederación que dependía de Teresa Ribera tan solo ejecutó el 2,25% de las obras frente a las inundaciones.

–En los últimos cuatro años, del 2020 al 2024, se perdió el 80% del volumen de inversión. Ahora habrá crecido porque se ha producido contrataciones de emergencia, y hay una especie de Plan de Resiliencia Hidrológico que presentó la ministra Aagesen, que contempla actuaciones por importes próximos a los 800 millones. Todo eso según declaraciones, porque obras materialmente no se han hecho ni una. Se han hecho de emergencia, es decir, se ha recuperado lo que se destruyó, pero obras de laminación, desvío, ni una.

–¿Estamos en las mismas?

–Peor, porque los cauces no se han recuperado completamente.

–Si ocurriera una dana…

–Las consecuencias serían peores. Hay maquinaria en los barrancos.

–La ministra Diana Morant se ha excusado de que nunca le contestara ni a las llamadas ni a los mensajes, porque «su nombramiento fue una estrategia de maquillaje del señor Mazón».

–Me parece una excusa pobrísima. Esperaría más de la capacidad intelectual de un ministro, que decir semejante chorrada. Tendrá que escuchar antes de estipular si es o no maquillaje mi nombramiento. Le pedía colaboración. ¿Cómo se atreve a decir que le llamo para maquillar una situación si ni siquiera me había hablado?

Ella antepone: «Yo no le cojo porque esto es parte de una estrategia». ¿Qué tendrá que ver? No fui a maquillar nada. De hecho, mi relevancia política ha sido cero. No he participado en mítines, no he inaugurado nada. Me he dedicado a trabajar. ¡Qué menos que escuchar! Y en función de lo que escuches, puedes decidir.

–Se lo comentó a Javier Lambán…

–El fallecido Javier Lambán… Era amigo suyo. Le dije: «Javier, esto es muy complicado. Necesitaría sacarlo del ámbito del debate político y centrarlo en la ejecución técnica, con el mayor nivel de consenso. Necesitaría hablar con la representante del Partido Socialista del País Valenciano para decirle cuál es mi intención e incluso incorporar gente a mi equipo que sea de su entorno para que vea que es absolutamente transparente, que no se pretende ganar ni un solo gramo de popularidad política». Me dijo: «Se lo voy a transmitir». Se lo transmitió, le dio mi teléfono y le aviso de que le iba a llamar. Tengo los whatsapps. «Está esperando tu llamada y sabe qué eres tú, porque tiene tu número», me respondió. Hasta hoy.

–Vox le acusó de hacer el juego a Pilar Bernabé y a Pedro Sánchez.

–Aquello fue el rifirrafe político, porque era todo maniqueísmo puro. O blanco o negro. Hay actuaciones que, si vienen de otro sitio y están bien hechas, no tiene ningún sentido no reconocerlas, porque no se trata de sembrar sal al adversario político, sino de reconocer si se hace bien y de colaborar para que la mayor parte de la ciudadanía salga beneficiada.

–Cuando se aprobó el plan de reconstrucción lanzó un aviso: «No esperen milagros».

–No hay milagros. Hay actuaciones que requieren disponibilidad de recursos económicos y sostenimiento del esfuerzo. Es importante no separarse de aquello que se determinó que iba a resolver el problema. El riesgo es acortar y decir: «Esto no lo hacemos». Cuidado. Todas las iniciativas estaban enlazadas para recuperar el tejido económico y empresarial, el medio ambiente, el tejido social y comunitario, para atender a las personas. Todos esos pilares estaban enlazados unos con otros.

–En septiembre se cumplió cuatro años de la irrupción del volcán de La Palma y de los 400 millones de euros comprometidos por el Gobierno, tan solo han llegado 100. Mirando las cifras del plan de recuperación se necesitan 108 millones para la reparación de los diferentes centros de salud o 250 millones para centros educativos, ¿confía que se transfieran los fondos?

–Con cargo a los fondos de liquidez autonómico extraordinarios se hizo una solicitud de emisión de deuda autonómica, con interés cero, que son los impuestos que pagarán los valencianos para devolver el principal de esa deuda de 2.365 millones de euros. Es mucho dinero, pero ni mucho menos todo lo que hace falta. Solo la comunidad autónoma tenía que llegar a aportar 15 mil millones, la Administración General del Estado, unos 12.500, y la iniciativa privada 1700. Un total de cerca de 30 mil millones de euros.

Las medidas urgentes tendrían que haberlas propuesto el Gobierno inmediatamente

–Las infraestructuras críticas para garantizar la adaptación al riesgo de inundación tienen un coste de 2.200 millones de euros

–El único dinero que ha previsto el Estado en el plan que anunció la ministra Aagensen, eran unos 800 millones de euros en unas actuaciones que se iban a realizar en el río Magro, en el barranco del Poyo, pero solo hablamos de sitios donde ha ocurrido, pero nadie está teniendo en cuenta los sitios donde puede ocurrir, porque las danas pasan en todo el litoral valenciano. Hay muchos más elementos que tendría que atenderse y no solo con un plan puntual, sino con un nuevo Plan Hidrológico Nacional, donde se contemplará todas las actuaciones que hay que hacer.

–Con su historial de reconocido prestigio, con diversas condecoraciones civiles y militares al mérito militar, como la Gran Cruz del Mérito Militar, la Gran Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil…, después de ver cómo se ha polarizado la tragedia, ¿ha dudado si hizo bien en aceptar el encargo?

–Cuando se ingresa en las Fuerzas Armadas es obligado pronunciar un juramento de lealtad. Esa promesa te vincula a lo largo de toda la vida, estés en activo, en reserva o retirado. Si lo decidiste, lo has decidido para siempre. Si alguien te dice que tienes que servir a tus compatriotas en un puesto que no tiene nada que ver con todo lo que has hecho, pero piensan que les puedes ayudar, no vas a decir que no. Es una cuestión de obligación.