La UCO acude a Correos, Hacienda y Transición Ecológica a por documentación sobre la trama de Leire Díez

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se ha personado este viernes en Correos y los ministerios de Hacienda y Transición Ecológica para solicitar documentación relativa a la causa por la que está detenida la fontanera y exmilitante del PSOE Leire Díez por presuntas irregularidades en contrataciones públicas.

Según han confirmado a Europa Press fuentes del caso, los agentes también han requerido expedientes a Patrimonio del Estado y el Tribunal de Recursos Contractuales.

Desde el Ministerio de Transición Ecológica han precisado a esta agencia de noticias que la Guardia Civil ha acudido a su sede para reclamar dos expedientes administrativos que han sido facilitados a los uniformados «con total colaboración». «Los expedientes aportados fueron tramitados con todas las garantías y siguiendo los procedimientos habituales establecidos», han añadido.

Se trata de unas actuaciones que corresponden a la investigación abierta en la Audiencia Nacional en la que fueron arrestados este miércoles Díez; el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández, y Antxon Alonso, el socio del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

Los tres detenidos pasarán a disposición judicial este sábado a partir de las 10.00 horas ante el juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña, que decidirá si los deja en libertad o los envía a prisión provisional tras tomarles declaración.

Por su parte, fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica han indicado a EFE que la Guardia Civil ha solicitado documentación, en concreto dos expedientes administrativos, «y el Ministerio la ha facilitado rápidamente y con total colaboración y transparencia».

Estas fuentes han añadido que los expedientes aportados fueron tramitados «con todas las garantías y siguiendo los procedimientos habituales establecidos».

Mientras, fuentes de Correos han señalado que el organismo está atendiendo los requerimientos recibidos, pero no han querido aportar más información a EFE por respeto al secreto de sumario.

Ayer la UCO requirió documentación a las empresas públicas SEPI, Sepides, Enusa y Mercasa y realizó algunos registros, también en domicilios, de Madrid, Zaragoza, Sevilla y Navarra.

Además de a esas empresas públicas, los agentes acudieron a las instalaciones de Forestalia en Zaragoza y Madrid; a la asesoría fiscal Conaudire, en la capital mañana, o a la empresa Cemsal.

También registraron un bar de Sevilla supuestamente vinculado al expresidente de la SEPI. El juez investiga en esta operación posibles delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal, según han informado fuentes jurídicas.

Las detenciones, los registros y los requerimientos de información forman parte de una operación en marcha que mantienen los agentes de la UCO por orden del juez Antonio Piña, en el marco de una causa que permanece bajo secreto de sumario, que ha sido impulsada por la Fiscalía Anticorrupción y en la que se investigan presuntos delitos que se investigan son prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal.