Los tres reveses judiciales de Sánchez: su hermano pierde el aforamiento, el caso hidrocarburos salpica a dos exministras y continúa la causa contra su mujer

Aunque han corrido ríos de tinta sobre el asunto, en la práctica, el hermano del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, el músico David Azagra, no podrá beneficiarse de la condición de aforado, esto es el privilegio de ser juzgado por el más alto tribunal de la jurisdicción en la que está procesado, pese a que el otro acusado en su causa haya sido el candidato, ya diputado, del PSOE a la Presidencia de las últimas elecciones autonómicas en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo.

Y es que, de acuerdo con la jurisprudencia vigente del Supremo, una vez abierto el juicio oral contra ambos –algo que sucedió a finales de noviembre en esta causa, cuando la jueza Beatriz Biedma cerró la fase de instrucción– ha de aplicarse la perpetuatio iurisdictionis. Es decir, un principio de actuación procesal según el cual quienes estén, formalmente, llamados a sentarse en el banquillo, deberán hacerlo ante el órgano que les corresponde por el momento en el que se les cita y no por aquel que les habría correspondido, por ejemplo, si llegados al momento concreto, una circunstancia sobrevenida, como el haber accedido a un escaño en unas elecciones determinadas, les hubiese beneficiado.

O, lo que es lo mismo, el TS español establece la apertura del juicio oral como límite para renunciar al fuero y, por tanto, también, como el punto de inflexión para poder invocarlo. Una situación que, en el procedimiento que afecta al 'hermanísimo' y a Gallardo, señalados por sendos delitos de prevaricación y tráfico de influencias, por la presunta creación y adjudicación 'a dedo' para el primero de ellos, en la Diputación de Badajoz donde el segundo era presidente, asumirá la Audiencia Provincial de Badajoz a finales de mayo, principios de junio del próximo año 2026.

Sin embargo, éste no ha sido el único revés recibido por Sánchez, en las últimas 24 horas, tras conocerse que el juez Santiago Pedraz, titular del Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, impulsaba la causa de los hidrocarburos, citando a una relación de imputados que, de acuerdo con las investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, mantuvieron contacto, alguno de ellos «llamativo», con el que fuera asesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, Koldo García Izaguirre, intermediario en la presunta trama de concesión de licencias de operador irregulares, a cambio del pago de 'mordidas'.

Así las cosas, además de volver a interrogar a Víctor de Aldama, el principal comisionista de la causa, al empresario Claudio Rivas y a la empresaria Carmen Pano y su hija, quienes declararon en una anterior ocasiones haber llevado un total de 90.000 euros en efectivo a Ferraz, en dos pagos de 45.000 euros; Pedraz ha citado como testigos a Juan Ignacio Díaz Bidart y Marc Pons, que fueron jefes de gabinete de las exministras Reyes Maroto y Teresa Ribera, respectivamente, para indagar sobre el posible conocimiento que ambos tuvieron en los hechos que están siendo analizados.

«Una organización criminal especializada en la comisión de delitos contra la Hacienda Pública en el sector estratégico de los hidrocarburos, que operaba a través de una estructura societaria encabezada por la operadora Villafuel y otras vinculadas al sector» que, de «forma paralela» disponía de «otra estructura conformada por mercantiles destinadas al perfeccionamiento de operativas orientadas al blanqueo de los capitales procedentes de actividades ilícitas», según el informe policial que obra en poder del magistrado, desde hace un par de semanas.

No obstante lo anterior, la causa que más quebraderos de cabeza provoca al presidente del Gobierno es la que afecta a su mujer, Begoña Gómez, imputada por el juez Juan Carlos Peinado por un total de cinco delitos diferentes. Y es que, si bien, la Audiencia Provincial de Madrid (APM) revocaba este lunes la posibilidad de que el instructor accediese a todos los correos de Gómez, como había solicitado a Moncloa –para determinar si cometió malversación, al usar a su asistenta oficial Cristina Álvarez, pagada del erario, en tareas profesionales particulares–, hace unos días era el mismo órgano judicial el que daba luz verde a Peinado para seguir con la tramitación del asunto.

De tal manera que, con algunas correcciones sobre el alcance de las pruebas autorizadas por el juez madrileño, las conductas de que trata el proceso contra la mujer de Sánchez «parecen encajar en la figura delictiva de la malversación» de fondos públicos, tras quedar confirmado, a través de múltiples evidencias, cómo Gómez pudo beneficiarse de la actividad de su asistente para fines que tenían que ver con funciones diferentes de aquellas en las que estaba contratada. Entre ellas, su participación en algunas gestiones con los patrocinadores de la cátedra de Transformación Social Competitiva dirigida, supuestamente sin la titulación requerida para hacerlo, por la mujer del presidente del Gobierno, en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).