La doctora Pinto relatará el acoso de López Madrid y Villarejo en la primera sesión del juicio

más de doce años después de la presunta agresión sufrida por la doctora Elisa Pinto a manos del ex comisario José Manuel Villarejo, supuestamente encargado por el empresario Javier López Madrid, la Audiencia Nacional acogerá , este lunes, la primera sesión de juicio fijado para determinar si los tres acusados (entre los que se encuentra el socio de Villarejo, Rafael Redondo) son culpables, entre otros, por un delito de cohecho. Un tipo penal para el que será necesario acreditar que en el encargo medió precio.

El entorno más cercano de la doctora relata cómo desde 2014, año en el que tuvo lugar la agresión de la que fue víctima y después de un calvario personal, psicológico y familiar que ha dejado secuelas en la profesional madrileña, López Madrid se sentará en el banquillo, desde esta semana, para responder por lo ocurrido. Será un tribunal encabezado por la magistrada Teresa Palacios, con el juez Javier Ballesteros como ponente, el encargado de escuchar el relato de los hechos.

Cabe recordar que la Sala de lo Penal decidió archivar la causa contra los acusados asegurando que la abogada de la doctora Pinto no estaba legitimada para acusar por un delito de cohecho, pero ella recurrió y la Sala de Apelación rectificó esa decisión, acordando que el juicio se celebrase con su presencia como acusación particular. Una victoria agridulce ya que, hasta la fecha, la Fiscalía no se ha sumado a la acusación y pide la absolución de los procesados.

Por su parte, el que fuera juez instructor de la AN, y titular del Instrucción número 6 hasta su reciente jubilación, Manuel García Castellón los envió a juicio en contra de lo interesado por Anticorrupción, que pedía el archivo provisional al considerar que no quedaba debidamente acreditada la perpetración del delito de cohecho que está sobre la mesa judicial.

El magistrado siguió el criterio de la abogada de la doctora, que pide 6 años de prisión para Villarejo y López Madrid por delitos de cohecho y 4 años para Redondo por su presunto papel como cómplice del comisario jubilado, según su escrito de acusación.

La letrada relata que, desde septiembre de 2013, López Madrid contrató a Villarejo, «a sabiendas de que era comisario del Cuerpo Nacional de Policía en activo», para «fines privados». En concreto, «que le ayudase en un asunto personal» con la doctora.

Sobre esta y otras cuestiones declararán, a lo largo de la mañana, en la primera sesión de las vistas programadas durante esta semana y la próxima, los tres acusados, la propia doctora Pinto y un total de nueve testigos más: Donato González, Eugenio Pino, Agustín Linares, Pedro Díaz Pintado, José Luis Olivera, Alejandro de Pedro, Nino Conde, Alberto Carba y Andrés Gómez Gordo.

Acoso, amenazas y presión

De acuerdo con el desarrollo del escrito de acusación, el empresario López Madrid estuvo «varias veces» en las oficinas de CENYT, el grupo empresarial de Villarejo, tras un episodio acontecido en diciembre de 2013, en virtud del cual el empresario se presentó en la consulta médica de Pinto, junto con su socio Redondo, que dijo acudir «en calidad de abogado», con la «intención de hostigarla».

No en vano, la presencia de aquellos dos desconocidos, el tono y las formas de la visita y lo que se derivó de la misma, «causó miedo en Elisa Pinto, que se sintió amenazada porque en ese momento no existía ninguna denuncia», todavía, remarca la abogada de la doctora en su escrito de acusación.

A partir de entonces, y de acuerdo con el relato cronológico presentado ante el tribunal, a partir de 2014, Villarejo «se dedicó a hostigar» a la doctora «para evitar que denunciase» a López Madrid. Hasta que, en el mes de abril de dicho año, cuando la mujer por fin se decidió a denunciar al empresario, el comisario jubilado «accedió a su información privada sin autorización e intentó interferir en la investigación policial» para desvirtuarla.

En particular, la abogada refiere que Villarejo «solicitó la ayuda de funcionarios policiales para emitir certificados que le permitieran retrasar» una rueda de reconocimiento de la que tendría que formar parte.

Un 'encontronazo' entre los acusados

Asimismo, la abogada de la acusación manifiesta que, en todo momento, antes, durante y después, el empresario «mantuvo una estrecha relación» con el inspector de la Policía instructor de la denuncia de Pinto, Alberto Carba. «Este agente de policía envió varios correos electrónicos a López Madrid, comunicándole el estado de la investigación, y recibiendo instrucciones, llegando a advertirle cuándo iba a finalizar el secreto de sumario», detalla el escrito.

No bastando con lo anterior, tras varias reuniones entre el empresario y Villarejo, éste le concertó un encuentro con el exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía Nacional Enrique García Castaño para, según la abogada de Pinto, «poder manipular la investigación desde dentro».

En 2017, según el escrito, Villarejo «manifestó que reclamaría a Javier López Madrid una cantidad de dinero» como compensación a su actuación en el conflicto: «Yo cuando termine todo, cuando le meta la querella a la pava ésta y a todos los que la han ayudado y tal y cual, hablaré con él, con Javierito ponme un poquito de pasta, porque me has metido en un 'embolao'. Le voy a decir: Chiquitín, daños y perjuicios».