La Fiscalía reconoce posibles «hechos» delictivos en el patrimonio de Zapatero que ya estarían siendo investigados

La detención quirúrgica de Nicolás Maduro, acusado por EE.UU. de liderar el régimen chavista de Venezuela en connivencia con el denominado Cartel de los Soles, y la consiguiente liberación de parte de los presos políticos, devolvía a la primera línea informativa al ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Los presuntos vínculos e intereses económicos del socialista con la dictadura caribeña, presuntamente revelados por el ex jefe de los servicios de inteligencia Hugo Armando 'El Pollo' Carvajal a la Fiscalía americana en el procedimiento penal abierto en Nueva York cobraban un nuevo protagonismo en nuestro país, de la mano de la querella presentada por la asociación Hazte Oír, en la Audiencia Nacional.

Una semana después, y en respuesta a la petición del magistrado instructor Antonio Piña, sobre la competencia del órgano judicial para conocer del asunto, Antidroga presentaba un informe oponiéndose a la apertura de diligencias contra Zapatero por varios delitos de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico, todos ellos con «proyección internacional», ante la ausencia de meras evidencias, si quiera indiciarias, de su presunta participación en dichas actividades.

Advierte el Ministerio Público que la razón que, a ojos de los querellantes, justificaría la apertura formal de una investigación al socialista, es «únicamente» su «relación continuada, directa y privilegiada« con Maduro y la cúpula del que era su Gobierno, hasta el día de su extracción. Una »cercanía personal« que no es suficiente para admitir las »conjeturas, suposiciones y/o deducciones« recogidas por los querellantes como base »para incoar una causa penal".

Cabe recordar, llegados a este punto, que la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional que lidera Rosana Morán –una de las fiscales más críticas con el mandato del ex fiscal general Álvaro García Ortiz, hasta el punto de exigir varias veces su dimisión– ha venido colaborando con éxito, de forma muy habitual, con las autoridades americanas en la persecución de todo tipo de delitos de tráfico de drogas, con dimensión transnacional.

Sin embargo, el pormenorizado documento al que ha tenido acceso El Debate, firmado por el fiscal Javier Redondo y visado por Morán, reconoce ya la existencia de ciertos «hechos» expresamente referidos al «enriquecimiento del querellado como posible indicio de su presunta colaboración delictiva» con Venezuela, «sí señala» a juicio del representante del Ministerio Público unos datos «que sí merecen ser analizados» para comprobar si presentan, indiciariamente, caracteres de delito.

Y, tales hechos son, a juicio del fiscal Redondo, «los documentos de declaración de bienes y actividades del querellado«, Rodríguez Zapatero, que se aportan con la querella de Hazte Oír y, además, se corresponden con »su etapa de presidente del Gobierno de España".

Unos elementos a los que, dice el fiscal, «hemos de atribuir el valor y la fuerza probatoria de documentos públicos» y de los que, «efectivamente, podemos deducir lo que la querella denomina», de manera correcta, «el punto de partida patrimonial» de Zapatero, tras su salida del cargo de jefe del Ejecutivo.

No obstante, al margen de dichas evidencias «ciertas e incontestables», advierte Redondo, «todo lo demás ya deja de tener esa base fáctica necesaria y se convierte en meras informaciones publicadas, claramente insuficientes, para fundamentar, ni siquiera de modo indiciario en este estadio procesal», la apertura de una instrucción penal. Incluso, «a pesar de su coincidencia 'con el inicio y la intensificación de la actividad del querellado como interlocutor político y mediador internacional del régimen venezolano'».

El presunto origen ilícito de los fondos

Precisamente, sobre el inexplicado crecimiento exponencial de las propiedades de Zapatero, una vez salió de la Presidencia, llama la atención el fiscal Antidroga de la Audiencia Nacional. «Por supuesto que es relevante y definitivo el origen de los fondos», como apunta la querella de Hazte Oír, «tanto para imputar un posible delito de blanqueo de capitales como para imputar cualquier otro delito patrimonial o contra la Administración».

De hecho, «respecto del posible blanqueo» que planearía sobre el socialista, el Ministerio Público insiste en dos aspectos: el primero, que «en modo alguno resultan indicios de que el dinero o los bienes» de Zapatero, bajo sospecha, «procedan de una actividad relacionada con el tráfico de drogas imputable al querellado o a otra persona con la que esté colaborando para encubrirlos u ocultarlos». El segundo que, «en nuestro Código Penal no está tipificado el delito de enriquecimiento ilícito, por lo que para iniciar una investigación penal hay que aportar indicios objetivos de posibles hechos delictivos de los que procedan los bienes».

Bienes que, en cualquier caso, «de la propia querella se deduce» que ya estarían «siendo investigados judicialmente en otros procedimientos», gracias a varios informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que ya obran en poder, por ejemplo, de la jueza Esperanza Collazos que instruye el 'caso Plus Ultra'.

Durante los registros llevados a cabo, el 11 de diciembre pasado, en la sede de la compañía, así como en varios domicilios y despachos profesionales vinculados a la trama empresarial que propició el polémico rescate del Gobierno a la aerolínea, los agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional se incautaron de importante documentación sensible que permanece secreta. Una incertidumbre que preocupa al entorno del ex presidente Zapatero, quien ha sido señalado, entre otros por el ex ministro de Transportes José Luis Ábalos como hacedor de la operación de salvamento a Plus Ultra, en pandemia, pese a que un perito judicial y varios expertos en la materia, han declarado que estaba «inmersa en causa de disolución», esto es, quebrada, antes del confinamiento que llevó a la parálisis total de la actividad económica.

También el principal comisionista de la trama, Víctor de Aldama, aseguró que dicha intermediación para salvar a Plus Ultra, le habría valido a Zapatero una suculenta comisión de 10 millones de euros que percibió, presuntamente, a través de una cuenta bancaria operativa en Panamá.

Si el ex presidente temía que alguno de los documentos que están siendo analiza por la policía judicial le señalase, de forma directa o indirecta, como artífice de las gestiones que propiciaron el rescate de 53 millones de euros concedido a la aerolínea, en 2021, mediante el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI); ahora, se suma un motivo más de inquietud, el hecho de que otro área de la Fiscalía, en este caso Antidroga, reconozca por escrito que existen discrepancias evidentes en los documentos públicos que recogen su declaración de bienes procedentes de sus actividades profesionales, una vez fuera de La Moncloa.