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Pedro Sánchez junto a María Jesús Montero y Óscar Puente, el lunes en AdamuzEFE

El polvorín de Adamuz

El Gobierno intenta ganar tiempo sin más plan que mantener todas las hipótesis abiertas

La orden de Adif para que los maquinistas reduzcan la velocidad en un tramo de la línea Madrid-Barcelona es lo más cerca que ha estado el Ejecutivo de reconocer cierta responsabilidad en el estado de la red ferroviaria

Fernando Grande-Marlaska negó este martes en la Moncloa cualquier relación entre el accidente del domingo y las incidencias que habían sido reportadas y «solventadas» tras las obras en el tramo de vía entre Adamuz y Villanueva de Córdoba. Solo dos horas después, la SER adelantó que Adif había emitido una circular interna, a 20 de enero, dando orden a los maquinistas de limitar temporalmente la velocidad a 160 kilómetros por hora en parte de la línea que une Madrid y Barcelona. En concreto, en el trayecto entre Mejorada del Campo y Alhama de Aragón, de unos 150 kilómetros, y del que los profesionales también habían alertado por su mal estado.

La decisión del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias fue, por la vía de los hechos, lo más cerca que ha estado el Gobierno de Pedro Sánchez desde el domingo de reconocer cierta responsabilidad en la controvertida situación de la red ferroviaria. Al hacer caso a los maquinistas y tomar una medida para evitar otra posible desgracia, aunque fuera casi de tapadillo.

Por lo demás, el Ejecutivo desplegó ayer una estrategia que ya empezó a asomar el lunes de madrugada: la de la contención para tratar de ganar tiempo, a la espera de tener un plan mejor. A pesar de la tozudez de los testimonios de maquinistas, ingenieros y otros expertos que desde el lunes vienen apuntando a un problema en la vía como causa probable del siniestro del Iryo, el Gobierno evitó este martes por todos los medios, confirmar que esa es la principal hipótesis. Sus miembros hablaron del vagón seis del Iryo (el primero que descarriló), de los cinco que iban antes y que pasaron por ese punto sin problema, de rodaduras, de la interacción entre las ruedas y los raíles...

Lo hizo el ministro de Transportes, que por la mañana siguió con su ronda de entrevistas por algunos medios de comunicación, y lo hicieron, tras él, el ministro del Interior y la ministra portavoz después del Consejo de Ministros. El argumento gubernamental es que la investigación está en una fase «preliminar», de recogida de pruebas que han de ser examinadas después en un laboratorio, y que, por lo tanto, no se puede descartar ninguna vía de investigación. Aunque Grande-Marlaska sí desechó una: la del sabotaje. La del error humano y el exceso de velocidad ya habían quedado fuera del puzzle el mismo lunes, por boca del presidente de Renfe.

El descarrilamiento está siendo investigado por la Guardia Civil y la jueza Cristina Pastor, titular de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro. Y, en paralelo, también la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios ha abierto un expediente. Sobre el papel, este órgano tiene un año para cerrarlo, pero el Ejecutivo sabe que no dispone de tanto tiempo. Ni siquiera de la mitad de la mitad: Vox registró este martes en el Congreso tres solicitudes de comparecencia dirigidas al ministro Puente y a los presidentes de Adif y de Renfe, y el PP se revolvió por primera vez desde el domingo contra el Gobierno, al acusarlo de «manipular», «engañar» y de no facilitar ninguna información a Alberto Núñez Feijóo. Por no hablar de que la ciudadanía ha comenzado a pedir respuestas.

En el Gobierno son conscientes de que están sentados en un polvorín, que les acabará estallando antes o después si se demuestra que la causa de la tragedia tuvo origen en las vías, cuyo mantenimiento es competencia del Ministerio de Transportes. Saben, de hecho, que si eso ocurre la oposición pedirá dimisiones. Como el PSOE las pidió en la Comunidad Valenciana con la dana y en Castilla y León con los incendios del pasado verano. En la Moncloa responden a El Debate que, si esa hipótesis acaba produciéndose, «habrá que ver» de quién era la responsabilidad directa. Lo que hace intuir que el Gobierno trataría de blindar a Puente y cesaría a algún cargo intermedio.

Dicho lo cual, desde el Ejecutivo insisten en que no están ocultando ninguna información, sino que simplemente están siendo cautos. «Si tú eres un experto puedes hacer hipótesis, si eres el responsable de la investigación, como lo son nuestros expertos, no puedes hacer hipótesis», argumentan.