El silencio de Sánchez sobre la trama SEPI

Este próximo martes 10 de febrero se cumplirán dos meses de la detención del triángulo formado por Leire Díez, conocida como la fontanera del PSOE; Vicente Fernández Guerrero, expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI); y el empresario Joseba Antxon Alonso, vinculado al ex secretario de Organización Santos Cerdán, y al Partido Socialista navarro de María Chivite, sin que todavía Pedro Sánchez haya realizado ninguna mención expresa sobre la trama investigada por presuntos delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal, que el juez Santiago Pedraz mantiene bajo secreto de sumario en la Audiencia Nacional.

El mismo día que Pedro Sánchez asistirá a la primera sesión de control del Congreso, este miércoles 11 de febrero, también habrá pasado dos meses de los 19 registros de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que incluía al Ministerio de Hacienda, al de Transición Ecológica, a la sede de Correos y de la SEPI, que depende orgánicamente de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero. En un principio se investigan presuntas irregularidades en cinco contratos públicos estimados en casi 133 millones de euros por los que el autodenominado grupo Hirurok ('nosotros tres' en euskera) habrían cobrado en torno a unos 750.000 euros en mordidas, según datos de la UCO, que actualmente trabaja en un nuevo informe que puede ampliar los primeros indicios.

A su vez, en esos días se detenían a tres implicados en el rescate de Plus Ultra por un presunto blanqueo de capitales de fondos de Venezuela tanto en España como Francia y Suiza, en otra operación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional. En ella estaría implicado el empresario Julio Martínez Martínez, que tenía contratado como asesor a José Luis Rodríguez Zapatero y era cliente de Whathefav, la agencia de comunicación de las hijas del expresidente.

El silencio de Sánchez sobre estas causas se amplía al favorecerle el calendario de sesiones plenarias del Congreso, que se reactivan en febrero. Las únicas alusiones del presidente a la corrupción fueron en la rueda de prensa balance del año de mediados del pasado mes de diciembre donde manifestó frases genéricas como que «hemos expulsado inmediatamente a aquellas personas que estaban manchadas por estos supuestos casos de corrupción» y «veremos cuál es el resultado de estas investigaciones judiciales». La última vez que respondió en las Cortes sobre esa supuesta corrupción instalada en el seno de Ferraz, que tendría uno de sus epicentros en la SEPI, fue en julio del año pasado, después de que se publicara el exhaustivo informe de 490 páginas sobre Santos Cerdán, que le llevó a pasar una temporada en la prisión de Soto del Real.

Sánchez en su huida hacia adelante prefiere responder sin apenas preguntas en foros internacionales para desviar el foco de la actualidad, como el anuncio de prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años. O por X, su última cortina de humo, donde ha buscado la confrontación con Elon Musk. El día de la Misa funeral en memoria de las víctimas del accidente de Adamuz, donde el dolor y el silencio reinaron de forma solemne, sin que Sánchez asistiera ni escribiera una sola línea en la red social que ahora critica, solo tuvo tiempo para responder a Musk que «Marte puede esperar» sobre el acuerdo con Podemos de regularizar medio millón de inmigrantes. Al menos, sí rendirá cuentas en el Congreso por el accidente que se ha llevado la vida de 46 personas este próximo miércoles.