Varias personas piden frente al Congreso la regularización de inmigrantes
Jucil alerta del riesgo de regularizar inmigrantes con una simple declaración firmada
Para las asociaciones de la Guardia Civil, esta fórmula elimina un control esencial y «deja sin efecto una garantía básica para la seguridad de la ciudadanía»
La asociación profesional Justicia para la Guardia Civil (JUCIL), junto a otras organizaciones representativas del Instituto Armado, ha exigido al Ministerio del Interior que impida la regularización de inmigrantes mediante «declaraciones responsables» en sustitución de certificados oficiales de antecedentes penales, al considerar que la medida supone una grave merma de las garantías de seguridad.
En una solicitud formal remitida al ministro del Interior, JUCIL, Unión de Oficiales, AUGC, AEGS, ASES-GC y la Asociación de Cabos muestran su rechazo a la reforma del Reglamento de Extranjería que desarrolla la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España.
El proyecto de Real Decreto introduce un nuevo mecanismo por el cual, si el país de origen del solicitante no expide en el plazo de un mes el certificado oficial de antecedentes penales, el inmigrante podría sustituir ese documento por una declaración responsable firmada en la que afirme carecer de antecedentes delictivos.
Para las asociaciones de la Guardia Civil, esta fórmula elimina un control esencial y «deja sin efecto una garantía básica para la seguridad de la ciudadanía», además de generar un riesgo añadido para los agentes encargados de velar por el cumplimiento de la ley.
Las organizaciones firmantes advierten de que aceptar una simple manifestación del interesado en lugar de un certificado oficial supone abrir la puerta a la regularización de personas con un historial delictivo desconocido, incluso por la posible comisión de delitos graves en otros países. A su juicio, se trata de una medida «inaceptable» desde el punto de vista de la prevención del delito y la protección de la seguridad pública.
En el escrito remitido a Interior, las asociaciones recuerdan que la comprobación de antecedentes penales no es un trámite burocrático, sino un elemento clave para evitar la incorporación a la sociedad española de individuos potencialmente peligrosos sin ningún tipo de verificación real.
Por ello, solicitan que el ministro del Interior, como máximo responsable de la seguridad ciudadana, se oponga a la inclusión de este apartado cuando el proyecto sea elevado al Consejo de Ministros y que se mantenga la exigencia de acreditar oficialmente la ausencia de antecedentes penales para acceder a un proceso de regularización.