El presidente de Plus Ultra niega «ayudas ilícitas» del Gobierno en el rescate de 53 millones de la aerolínea

El presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, ha negado este miércoles desde el Senado la existencia de «injerencias indebidas», «trato de favor» o «ayudas ilícitas» en el rescate de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea en 2021, durante la pandemia, afirmando que la empresa ha sido víctima de «un ataque desproporcionado, disparatado y continuado».

Durante su intervención inicial en la comisión de investigación sobre el caso PSOE, Martínez Sola ha asegurado que nunca hubo ningún «procedimiento excepcional al margen de la norma» en el mencionado rescate. «Hubo un proceso reglado con controles, con informes y con condiciones que se han ido cumpliendo. Nadie nos ha regalado nada», ha asegurado en su intervención inicial.

Martínez Sola ha cargado contra las «afirmaciones, insinuaciones y acusaciones» que vinculan a la compañía «con supuestos hechos ajenos a su gestión», señalando que «se han difundido conjeturas como si fueran certezas» y «se ha cuestionado la honradez de la empresa y sus profesionales sin que exista resolución alguna» que así lo determine.

«Se ha tachado a Plus Ultra de tener un sólo avión, de se propiedad del Gobierno, de no cumplir ninguno de los requisitos para acceder al fondo (del rescate), de tener su sede social en Panamá, de financiar a la Internacional Socialista, de ser traficante de drogas, de armas y de personas, de transportar oro ilegalmente, de falsificar manifiestos de carga e incluso de formar parte de una trama organizada para esquivar los controles de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Barajas», ha subrayado.

La Policía Nacional detuvo el pasado 11 de diciembre a Martínez Sola y registró la sede de la compañía, en el marco de una investigación de un juzgado de Madrid tras una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción que apunta al «uso indebido» de los 53 millones de euros que el Gobierno, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), concedió a la empresa, así como al presunto blanqueo de fondos públicos y de oro de Venezuela en varios países.

A este respecto, en su alegato, el presidente de la aerolínea ha explicado que la compañía, que comenzó a prestar su actividad en julio de 2015, sufrió «de manera extraordinaria» durante la pandemia de coronavirus, un tiempo en el que el tráfico aéreo «se paralizó casi por completo, los ingresos desaparecieron y el sector quedó en una situación crítica».

En este contexto, ha relatado que Plus Ultra se acogió al fondo articulado por el Gobierno, a través de la SEPI, para «mantener el tejido productivo y el empleo ante una crisis sin precedentes».

El expediente del rescate, ha sostenido, «fue sometido a diferentes análisis económicos, jurídicos y financieros» por parte de empresas y profesionales externos «independientes y contratados por Plus Ultra» y por la propia SEPI.

«La tramitación del expediente llevó seis meses, el máximo permitido por el reglamento. (...) No hubo procedimiento excepcional al margen de la norma. No hubo trato de favor ni injerencias indebidas. No hubo ayudas ilícitas. Hubo un proceso arreglado con controles, con informes y con condiciones que se han ido cumpliendo. Nadie nos ha regalado nada», ha indicado.