Los protagonistas del 23-F ante la apertura de los archivos: quién fue quién en el intento de golpe

Cuarenta y cinco años después del intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, el Gobierno ha decidido desclasificar parte de la documentación oficial sobre aquellos hechos.

Antes de que los documentos salgan a la luz, el relato del 23-F sigue girando en torno a una serie de figuras clave –militares, políticos y responsables institucionales– cuyas decisiones, omisiones o resistencias resultaron determinantes para el fracaso de la intentona.

El rostro más reconocible del golpe fue el del teniente coronel Antonio Tejero, que irrumpió armado en el Congreso de los Diputados al frente de un grupo de guardias civiles y mantuvo secuestrado al Parlamento durante casi 18 horas. Su acción fue la imagen más visible de una operación que, sin embargo, tenía una arquitectura mucho más compleja. Condenado a 30 años de prisión por rebelión militar, fue el último de los principales implicados en abandonar la cárcel.

Desde Valencia, el capitán general Jaime Milans del Bosch dio al golpe su dimensión territorial al sacar los tanques a la calle y declarar el estado de excepción. Su objetivo era provocar un efecto dominó entre las regiones militares, algo que finalmente no se produjo gracias a la falta de apoyos y a la intervención decisiva de la Jefatura del Estado.

Más controvertido fue el papel del general Alfonso Armada, señalado como el cerebro político del golpe y candidato a presidir un Gobierno de «concentración» que incluía a dirigentes de distintas formaciones. Armada pretendía presentarse como solución institucional al caos, pero su maniobra fracasó cuando Tejero rechazó frontalmente su propuesta dentro del hemiciclo.

El entramado militar se completó con mandos como Ricardo Pardo Zancada y José Ignacio San Martín, vinculados a la División Acorazada Brunete, la unidad cuyo posible despliegue sobre Madrid habría cambiado el curso de los acontecimientos. La actuación de otros mandos, sin embargo, fue clave para frenar el golpe desde dentro de las Fuerzas Armadas.

Entre ellos destacó el capitán general Guillermo Quintana Lacaci, cuya negativa a sumarse a la rebelión impidió el apoyo decisivo desde la I Región Militar. Posteriormentem fue asesinado por ETA en 1984.

En el ámbito civil, el 23F tuvo un único procesado no militar, Juan García Carrés, reflejo de los vínculos entre sectores del antiguo régimen y la conspiración golpista. Su condena fue leve en comparación con la de los mandos militares.

Dentro del Congreso, la imagen del presidente en funciones Adolfo Suárez permaneciendo en su escaño, junto a la resistencia física del vicepresidente Manuel Gutiérrez Mellado, se convirtió en símbolo de la legitimidad democrática frente a las armas.

Fuera del Parlamento, el Estado evitó el vacío de poder gracias a la actuación de Francisco Laína, que asumió de facto la coordinación del Ejecutivo mientras el Gobierno permanecía secuestrado.

El desenlace del golpe estuvo marcado por la intervención televisada del Rey Juan Carlos I, que, vestido con el uniforme de capitán general, desautorizó públicamente a los golpistas y ordenó el respeto al orden constitucional. Aquella comparecencia, coordinada en gran medida por Sabino Fernández Campo, fue decisiva para que los mandos indecisos se alinearan con la legalidad.

Desde el punto de vista policial, figuras como José Luis Aramburu Topete y José Sáenz de Santamaría Tinturé jugaron un papel clave en el cerco al Congreso y en la contención de la situación hasta la rendición de Tejero.

El juicio posterior, instruido por el Consejo Supremo de Justicia Militar, se saldó con duras condenas para los principales responsables, pero también con absoluciones controvertidas, como la del comandante del Cesid José Luis Cortina, lo que alimentó durante décadas las dudas sobre el alcance real de la conspiración.