Los agentes revelan incoherencias de Pardo de Vera en su declaración como testigo tras la detención de Koldo

El último informe policial entregado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil al magistrado instructor del ‘caso PSOE’ en la Audiencia Nacional, por la derivada correspondiente a los no aforados, ha hecho saltar las alarmas sobre las incoherencias manifiestas en lo declarado por la ex presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, tras la detención de Koldo García Izaguirre, en el marco de la ‘Operación Delorme’, en 2024. Tal es así que los agentes revelan varios detalles relevantes en la versión dada por la ex alto cargo, sobre la cronología y los motivos que llevaron a adjudicar el contrato de material sanitario del Ministerio de Transportes, previa intermediación de Koldo a la principal empresa de la trama Soluciones de Gestión, de la que es propietario el comisionista Víctor de Aldama.

En el dossier al que ha tenido acceso El Debate, los agentes refieren cómo «sobre esta cuestión Isabel manifestó que el punto de partida fue la encomienda del Consejo de Ministros trasladando por MITMA a Puertos del Estado y a ADIF» para la compra de mascarillas, en pandemia. Lo que desembocó en el inicio del correspondiente «procedimiento de emergencia».

De acuerdo con la versión prestada por Pardo de Vera, «la Dirección General de Personas era la que se encargaba de gestionar esta adjudicación, y hacer las comprobaciones pertinentes», con la supervisión de la Secretaria General. De tal manera que «Michaux Miranda Paniagua era la persona al mando de esa dirección en esa época» de la que, a su vez, colgaban «otras 3 direcciones» sobre las que la gallega dijo desconocer “cuál se encargó de buscar los suministradores".

«Continuando con su declaración», recuerda la Guardia Civil, «fue preguntada para que dijera «si recibió órdenes o presiones de algún tipo para la adjudicación del expediente E/019/20 a Soluciones de Gestión» a lo que Pardo de Vera “manifestó que no recibió órdenes para la adjudicación, pero si recibió presión del Ministro de Transportes, Ábalos, y de su Gabinete para que dicha adjudicación se realizara con la mayor premura posible, y la disponibilidad de mascarillas fuera lo más rápida».

Llegados a este punto, los agentes han destacado que, «tal y como se ha expuesto al inicio del presente oficio, Ábalos mantenía relación directa -al igual que Koldo- con Aldama, quien fue el responsable, de hecho, de los contratos adjudicados», percibiendo por los mismos «cerca de seis millones de euros». Una cantidad que, según los indicios recabados policialmente, “habría abonado presuntas contraprestaciones económicas tanto a Koldo, como al propio Ábalos, de las que no habría sido ajena la máxima responsable de la Administradora de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), Pardo de Vera, actualmente imputada.

A continuación, sigue la página 33 del informe, «fue preguntada» sobre «si Koldo intercedió en la contratación entre MITMA y Soluciones», a lo que «Isabel manifestó» que «no lo sabe, pero que en este tema y en otros muchos Koldo era muy insistente, y que contactó con ella en numerosas ocasiones siempre en nombre de (...) Ábalos, para diversas cuestiones». Aspecto, este último que ha llamado la atención de los agentes.

Lo mismo que el hecho de que «su declaración guarda relación con la manifestación que procuró una vez preguntada en relación a la adjudicación antes mencionada y cómo se contactó con Soluciones de Gestión» , a lo que Pardo de Vera, espetó «lo desconoce».

También aseguró no recordar «ningún contacto de Soluciones, ni de ninguna otra empresa suministradora de mascarillas, aunque cree recordar intercambio de correos electrónicos, ya que estaban en confinamiento», destacan los agentes para, acto seguido, denunciar que las mismas no concuerdan con las «comunicaciones que se informan en el presente oficio, en las que se aprecia que «Koldo facilitó a Isabel el contacto de Íñigo [Rotaeche]-titular mayoritario del capital social de Soluciones de Gestión- y le trasladó cuestiones relacionadas con el cumplimiento del contrato».

Es decir, se produjo una discrepancia evidente, a ojos de los investigadores de la UCO, entre lo manifestado, por primera vez, durante su comparecencia policial y los «mensajes remitidos» con posterioridad a la misma, tal y como refuerza el «contenido» localizado en los mismos.