El juicio contra Ábalos y Koldo arrastra al ministro Torres y la presidenta del Congreso ante el Supremo

A partir del próximo día 7 de abril, a las 10.00 horas de la mañana, los que fueran hombres fuertes de Pedro Sánchez tanto en el Gobierno como en el PSOE, el ex ministro de Transportes José Luis Ábalos y su ex asesor Koldo García Izaguirre, se sentarán en el banquillo de la Sala Segunda del Supremo, para ser juzgados por varios presuntos delitos de pertenencia a organización criminal –en el caso mascarillas–, prevaricación, cohecho, malversación de fondos públicos, tráfico de influencias y uso de información reservada.

Lo harán arrastrando consigo ante el Alto Tribunal al actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, como testigos a petición de los que fueran sus compañeros de partido. Ambos eran los presidentes de la comunidades autónomas de Canarias y Baleares, respectivamente, en el momento en el que se produjeron los hechos objeto de análisis y ambos tendrán que sentarse para relatar, a preguntas de los abogados de las acusaciones populares, que durante la fase de instrucción actuaron bajo la dirección letrada del PP, y de la Fiscalía, por qué contrataron la compra de material sanitario, en pandemia, con una de las empresas de la trama, Soluciones de Gestión, de la que es propietario el principal comisionista de la trama, el empresario Víctor de Aldama.

Cabe recordar cómo ya desde la madrileña cárcel de Soto del Real, donde tanto Ábalos como Koldo se encuentran en prisión provisional, el que fuera ministro de Transportes instaba la declaración tanto del titular de Interior Fernando Grande-Marlaska, que ha quedado fuera de la ecuación, como del propio Torres y de Armengol, por la compra de mascarillas.

Una posición que contrastaba con la mantenida por el que fuera sucesor de Ábalos en la Secretaría de Organización del PSOE, Santos Cerdán, que una vez imputado presentaba varios escritos en el Supremo para exigir la suspensión de cualquier investigación sobre el aforado cuestionando, incluso, la actuación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

No en vano, en noviembre de 2025, la propia UCO entregaba un informe, de cerca de 350 páginas, al instructor del caso PSOE en la Audiencia Nacional, donde se desvelaba el contenido de conversaciones comprometedores entre el actual ministro Torres, entonces al frente del Ejecutivo canaria; y, el que fuera asesor de la cartera de Transportes y lugarteniente de Ábalos, Koldo, en relación a varios pedidos de mascarillas bajo sospecha.

Los mensajes, cruzados en el mes de julio de 2020, demuestran cómo el entonces regidor de las islas se implicó, de forma personal, para facilitar el pago de pedidos millonarios a la empresa Soluciones de Gestión, propiedad de Aldama, en contra de los cauces administrativos ordinarios. Tal fue así que Koldo apuntó al archipiélago balear y al de las pitiusas, como consumidores de suministros en los que, a su vez, habría intervenido como facilitador.

Si bien la citación a Torres en el Supremo se producirá al margen de cualquiera de estas pesquisas o contenidos, lo cierto es que el ministro está obligado a decir verdad. En caso contrario, la Sala Segunda que actúa como órgano de enjuiciamiento y, en consecuencia, no puede imputar preventivamente a ninguno de los testigos citados el próximo mes, sí tendría la capacidad de deducir testimonio para que el magistrado competente depurase las posibles responsabilidades. Si bien, fuentes consultadas por El Debate ven este escenario como poco probable.

Entre la lista de más de 75 testigos aceptados, además, estarán la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano; la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera, investigada en la Audiencia Nacional por el 'caso Koldo'; el exsecretario de Estado de Interior Rafael Pérez; el director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras; el exgerente del PSOE Mariano Moreno, así como exjefes de gabinete, expresidentes de Renfe, Correos y Puertos del Estado, y empresarios, familiares y allegados de los acusados.

Eso sí, el Alto Tribunal ha desestimado que testifiquen el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; el presidente de la Generalitat y exministro de Sanidad, Salvador Illa, o la exministra de Industria Reyes Maroto, al entender la Sala que su presencia no guarda relación alguna con el objeto del proceso.

La Fiscalía Anticorrupción pide 24 años de prisión para Ábalos, 19 y medio para Koldo y 7 para Aldama, que ha reconocido la acusación. Por su parte, las acusaciones populares, lideradas por el PP, reclaman 30 años de cárcel para el exministro y su exasesor, mientras que para el empresario solicitan la misma pena que el fiscal.