Fundado en 1910

Montaje voto con el DNI digitalÁngel Ruiz

Los siete comicios en los que se han utilizado miDGT y miDNI con la validación solicitada por el Ejecutivo que evita los controles

  • Si nadie lo remedia, Castilla y León será la segunda comunidad en la que se volverán a usar las dos aplicaciones de Marlaska sin control real del votante

El sistema electoral, por petición expresa del Gobierno de Sánchez a la Junta Electoral Central, utiliza un nivel de control inferior a la hora de identificar al votante en la urna al que exige el propio Estado para identificarse ante la Policía y Tráfico. Desde que la JEC validó la petición de Interior en 2023, se han usado sus aplicaciones en siete elecciones. Castilla y León, si nadie lo remedia, será la próxima.

El órgano arbitral aceptó eliminar la verificación electrónica de miDGT en tiempo real en 2023. A lo que hay que añadir que, desde los últimos comicios en Aragón, donde por primera vez se sumó miDNI a miDGT como presunta identificación digital.

«Presentarte con una identidad falsa ante la mesa electoral es ahora más fácil que copiar en un examen en el colegio porque lo que va a enseñar esa persona es todo apariencia», asegura a El Debate Miguel Bañón, el español con mayor reconocimiento en España y fuera de nuestras fronteras en la coordinación del desarrollo de normas internacionales en el campo de la evaluación y certificación de la ciberseguridad en Europa.

Y añade: «Están aceptando algo que es más fácil de falsificar que una fotocopia del DNI físico porque para saber qué aplicación está abriendo ese votante haría falta un peritaje informático importante».

La conclusión es evidente: interventores y apoderados quedan reducidos a meros espectadores por la incapacidad real de comprobar si el titular del móvil es quien dice ser.

La aplicación «fantasma» de la primera vez

A pocos meses de las decisivas elecciones generales anticipadas por Pedro Sánchez en 2023, Marlaska conseguía que se admitiera por primera vez en la historia de España una versión digital del carné de conducir, consiguiendo que la JEC no exigiera el cumplimiento de sus propios estándares de verificación y autenticidad.

En cuanto obtuvo la validación de la JEC, Interior se encargó de incluir la identificación con su nuevo carné de conducir digital en el manual de las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo de 2023.

No hubo publicidad ni noticias en los periódicos. Tampoco instrucciones a los miembros de las mesas electorales para reconocer la aplicación oficial de Interior con la que podían aparecer votantes.

Pareció más una aplicación fantasma que una gran novedad tecnológica y un avance hacia la digitalización de España. Claro que ni una ni otra cosa eran ciertas, sino al contrario.

Manual de instrucciones para las personas que integran las mesas electorales en las elecciones de 2023Captura de pantalla

Elecciones generales anticipadas

Tras el batacazo gigantesco del 28-M de Ferraz y del Gobierno, Pedro Sánchez decidió adelantar las generales por sorpresa. De nuevo, por primera vez en la historia democrática española, fijó la jornada electoral el 23 de julio, en plenas vacaciones estivales para muchos.

La polémica se centró en la fecha y en el voto por correo debido al colapso de las oficinas de Correos por el gran número de peticiones.

Frente a lo ocurrido en los comicios de mayo, en julio todos los medios de comunicación se hicieron eco de la gran «novedad» tecnológica con la que nos permitía «olvidarnos de llevar documentación física encima» para acudir a ejercer nuestro derecho al voto.

Por supuesto, ninguna de las informaciones mencionaba el hecho más relevante de todos: que la obligación de verificación que la DGT impone a la hora de autenticar el carné de conducir digital y la validez de sus datos en tiempo real habían desaparecido por arte de la JEC a instancias del propio Gobierno. Así que no hubo debate ni discusión alguna.

El ministro del Interior, Fernando Grande-MarlaskaEFE

De los artículos publicados con la información ofrecida por Interior se desprendía la sensación generalizada de que España comenzaba a adaptarse a los avances digitales de manera natural.

El éxito o no de la campaña desplegada por el Ejecutivo para la utilización del carné digital de la DGT nunca lo sabremos. Lo que sí conocemos es que el PP ganó más de tres millones de votos con respecto a los comicios de 2019 y pasó de 89 a 137 escaños y el PSOE, acosado por los escándalos de corrupción que acechan al círculo más próximo de Pedro Sánchez, contra todo pronóstico, logró un millón de votos y un escaño más.

En las tres siguientes convocatorias electorales celebradas en 2024 –Galicia (28-F), País Vasco (21-A) y europeas del 9 de junio– se utilizó de nuevo miDGT, como en las extremeñas del 21 de diciembre de 2025. Aragón se convirtió el pasado 8 de febrero en el primer laboratorio de pruebas de ambas aplicaciones.

El borrón de un plumazo de la JEC

Y ello, a pesar de que ya en 2024 el PP reclamó a la JEC invalidar el método del carné de conducir digital de Marlaska para identificarse en las urnas.

La autoridad electoral se ratificó en su decisión inicial y rechazó la pretensión de los populares con un veredicto que directamente fulminó de un plumazo toda la posibilidad real de verificación de la identidad de los votantes: «No es preciso que la mesa electoral disponga de medios tecnológicos para leer dicho QR incluido en el mismo», sentenció.

El silencio del Gobierno

Cuando Marlaska emitió la nota de prensa del lanzamiento de la aplicación miDGT en el Congreso durante la pandemia en marzo de 2020, no mencionó que podría utilizarse para votar a pesar de que adelantó utilidades futuras. Por sorprendente que parezca, tampoco lo especifica hoy la web oficial de la aplicación.

Esta posibilidad apareció únicamente en la consulta que Interior remitió a la Junta Electoral en febrero de 2023, pocos meses antes de las elecciones generales anticipadas por Pedro Sánchez. Desde entonces, el sistema se ha utilizado en los siete procesos electorales sin debate público y sin cambios en los protocolos de verificación.

El sistema de QR dinámico fue precisamente establecido por Interior para impedir una manipulación elemental: copiar o falsificar el propio documento. Sin esta validación electrónica, la protección desaparece.

La tecnología diseñada para garantizar la autenticidad termina reducida a una simple imagen con algunos en una pantalla.

El axioma es el siguiente:

Si los dos departamentos que lanzaron ambas aplicaciones digitales –Tráfico y Policía Nacional– dependen de Interior.

Sí es Interior quien solicita a la JEC la convalidación de ambas aplicaciones para acudir a las urnas.

Es su titular, Fernando Grande-Marlaska, sobre quien recae la responsabilidad de advertir al árbitro electoral sobre las posibles consecuencias de no aplicar las garantías tecnológicas en tiempo real mediante QR.

No se trata de una prerrogativa arbitraria.

Lo exige el cumplimiento del Real Decreto que su propio Consejo de Ministros aprobó para la entrada en vigor que equipara el DNI físico con el digital.

¿Por qué eliminar los controles que garantizan el juego limpio electoral?

Es grave que el máximo organismo responsable de velar por la legalidad en los procesos electorales acepte que el Ejecutivo sea juez y parte sin encargar ni auditorías ni informes externos. Igual de escabroso es que con ese procedimiento la Junta Electoral elimine las garantías sin entrar siquiera a analizar los controles tecnológicos que certifican el sistema. Pero más grave aún es que quien inventa esos sistemas y solicita su convalidación en las urnas instigue a que se utilicen electoralmente sin los controles que permiten garantizar el juego limpio en las elecciones.

No exigir todos los medios tecnológicos para su control es tanto como abrir la puerta al fraude mientras se finge que el sistema está blindado.

Esto significa que, si nadie lo remedia, y no parece probable, en Castilla y León se celebrarán los siguientes comicios en los que se podrían suplantar identidades con aplicaciones falsas sin que nadie lo remedie.