Las posibles consecuencias de la querella del PP contra Tezanos: hasta un año de cárcel por delito electoral

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, anunció ayer que su partido va a presentar «en los próximos días, en los Juzgados de Plaza de Castilla» una querella contra el presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, por un delito electoral. La dirigente 'popular' subrayó que el sondeo del instituto público para las elecciones de Castilla y León «subestimó a la derecha y la intención de voto del Partido Popular», a la vez que «cómo no, sobrestimó al Partido Socialista».

«No se puede mirar para otro lado cuando se manipulan datos sociológicos, y además se hacen con una clara intencionalidad política. El CIS no es del PSOE, no es de Pedro Sánchez, no es de Tezanos. El CIS es de todos los españoles y solo se debe a la ciencia, a la verdad y al interés general», agregó.

De esta forma, Gamarra señaló que el PP «va a presentar una querella contra José Félix Tezanos por los indicios que existen de posible delito electoral, por la vulneración de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, concretamente de sus artículos 69 y 145».

Así las cosas, el artículo 145 recoge que «quienes infrinjan la normativa vigente en materia de encuestas electorales serán castigados con la pena de prisión de tres meses a un año, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para profesión, oficio, industria o comercio por tiempo de uno a tres años». En consecuencia, Tezanos –militante socialista desde 1973– podría ser castigado con hasta un año de cárcel, además de una posible multa y una inhabilitación.

Por su parte, el artículo 69 es extenso, y fuentes del PP han precisado que su acción jurídica contra el presidente del CIS se basa por el incumplimiento de este precepto «en general». Por ejemplo, recoge que «la Junta Electoral Central vela porque los datos e informaciones de los sondeos publicados no contengan falsificaciones, ocultaciones o modificaciones deliberadas».

«En el supuesto de que algún organismo dependiente de las Administraciones Públicas realice en periodo electoral encuestas sobre intención de voto, los resultados de las mismas, cuando así lo soliciten, deben ser puestos en conocimiento de las entidades políticas concurrentes a las elecciones en el ámbito territorial de la encuesta en el plazo de cuarenta y ocho horas desde la solicitud», se añade.