La gestora del 112 que recibió la alerta sobre la pasarela de El Bocal se persona en la causa

La gestora del 112 Cantabria que recibió el aviso de un vecino de Monte sobre el mal estado de la pasarela costera de El Bocal, en Santander, y que trasladó esa alerta a la Policía Local, se ha personado ya en la causa que instruye la magistrada de la Plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de la ciudad.

La jueza que dirige la investigación tras colapsar la estructura de madera y morir seis jóvenes estudiantes a principios del pasado marzo acordó, a finales de ese mes y tras tomar declaración a la trabajadora del Servicio de Emergencias, que su situación procesal pasara de testigo a investigada, para garantizar así su derecho de defensa. Esta condición implica, entre otros aspectos, no declarar, no confesarse culpable y ser asistida por letrado.

De hecho, la magistrada ya había avisado a esta mujer que acudiera a la citación en la que practicó las primeras declaraciones acompañada de abogado por si a lo largo de su testimonio cambiaba su situación procesal, como sucedió.

Con esa modificación, se elevaron a cuatro las personas investigadas a raíz de las diligencias abiertas por el suceso del 3 de marzo, que se saldó con una séptima chica herida grave, natural de Álava y también alumna del CIFP la Granja de Heras, como las víctimas mortales (eran de Cantabria, Guadalajara, Almería y 3 de Vizcaya).

La empleada de Emergencias, que presta su labor a través de la empresa Osventos, concesionaria de este servicio del 112, se sumó así el 27 de marzo a la condición que ya tenía desde los primeros momentos del procedimiento la agente de la Policía Local que recibió su llamada. La cual no gestionó la incidencia. De misma manera dos funcionarios de la Demarcación de Costas en Cantabria.

En concreto, el jefe de la Demarcación, José Antonio Osorio, en calidad de director de Obras del proyecto de la senda costera de 2014, al que pertenece la pasarela siniestrada, y el jefe de Servicio de Proyectos y Obras de la Demarcación, Enrique Rodríguez Sánchez. Para la jueza, la administración central es «la única responsable de garantizar la adecuada conservación y mantenimiento» del puente, al ser obras ejecutadas dentro de un proyecto no finalizado y tampoco recibido por el Consistorio.

Además, aprecia «serios indicios de la existencia de un posible actuar negligente en el mantenimiento de la pasarela». A este respecto, y con motivo de las últimas diligencias acordadas, esta semana, la magistrada citará a declarar a la jefa de obra y a los operarios que efectuaron labores de mantenimiento en verano de 2024 y al ingeniero industrial que firmó el proyecto de pasarelas del 2014.

Y ha pedido al perito judicial designado para esclarecer las causas del siniestro que aclare de qué material eran los herrajes de apoyo de la pasarela, si el proyecto preveía que fueran de acero inoxidable y si el mismo cumplía la normativa. Según el acta de la inspección de la Policía Científica, «todos» los elementos metálicos de la estructura estaban «completamente oxidados», especialmente los que «sustentan las vigas».

Por lo demás, y a propósito de la «crucial llamada» de alerta el día anterior a la tragedia, la magistrada quiere saber si la Policía Local tiene un protocolo específico para avisos recibidos del 112. Para ello, tomará declaración como testigos a los superiores jerárquicos y compañeros de la agente y de la gestora investigadas, ambas de baja laboral tras el suceso.

Con la personación de esta última, son ya catorce las partes de este procedimiento, en el que también lo están la policía local, el jefe de la Demarcación, la Dirección de la Costa y el Mar del Ministerio para la Transición Ecológica, el Ayuntamiento de Santander (ambas administraciones como posibles responsables civiles), la Fiscalía, la única superviviente del suceso y familiares de las seis víctimas mortales, una de ellas con dos representantes legales.