Los abogados de Ábalos y Koldo cuestionan el trabajo de la UCO y deslizan 'filtraciones' de los investigadores

Hoy, en el Supremo, ha sido el turno de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que practicaron las entradas y registros a los domicilios del ex ministro José Luis Ábalos, su ex asesor Koldo García Izaguirre y el empresario Víctor de Aldama –en el marco de la 'Operación Delorme'– y que firman los informes en los que se apoya la causa de corrupción que salpica al Gobierno por el 'caso mascarillas'.

Un total de diez agentes que participaron en las pesquisas y que arrancaban de la mano de los dos de ellos que se encargaron de la extracción de información de los dispositivos móviles que fueron intervenidos a los tres acusados. Los guardias civiles han explicado a la Sala que en las actuaciones que se llevaron a cabo el día 20 de febrero de 2024, hay que distinguir dos aspectos diferentes: por una parte el material recogido, y cómo se precinta en bolsas individuales, etiquetadas y supervisadas, siempre, por la Letrada de la Administración de Justicia (LAJ) que levanta acta de todas las evidencias; así, como, por otro lado, las detenciones practicadas en dicho contexto.

En un primer momento, las preguntas del fiscal Anticorrupción, Alejandro Luzón, han incidido en aspectos técnicos clave (como los precintos de las pruebas, la cadena de custodia de los mismos o el tratamiento de la información contenida en los diferentes elementos digitales) para acreditar la legalidad y trazabilidad de la información incorporada por la UCO en los diferentes informes incorporados al procedimiento.

No en vano, los indicios incluidos en los diferentes informes policiales han sido determinantes para sentar tanto a Ábalos como a Koldo en el banquillo. Además, desde el comienzo de las actuaciones, las defensas de ambos han puesto en cuestión el trabajo de los investigadores y han intentado, en varias ocasiones, instar la nulidad de la causa, creando dudas sobre las conclusiones derivadas el análisis de los distintos efectos. A preguntas del abogado de la acusación del PP, Alberto Durán, que encabeza la representación de las acusaciones populares, los agentes han negado que su actuación sobre las pruebas haya podido alterar en modo alguno el contenido de los mensajes, de las imágenes o el contenido de los móviles o de los ordenadores analizados: «Es imposible».

«Nosotros no podemos alterar la imagen del Whatsapp donde cada mensaje o llamada es una fotografía. Cuando metemos el contenido del móvil en el hardware nos da una foto que es imposible que las podamos alterar. Esas imágenes se han hecho en el año 21, 19, 17... no tenemos acceso a eso. La posibilidad de alterarlas es cero», han insistido los agentes.

Dudas, filtraciones y la carpeta PSOE

De hecho, atendiendo a la actuación de los agentes adscritos a la unidad encargada de la investigación de la trama de la que formaron parte Ábalos y Koldo, en el marco del Ministerio de Transportes, pero también de la sede del PSOE en Ferraz, sus defensas han tratado de sembrar dudas sobre el comportamiento policial.

Y, así, el abogado de Ábalos ha deslizado que habrían podido ser miembros de la propia UCO los que, desde el inicio de la causa, han ido filtrado información a la prensa sobre el contenido de sus atestados, antes de que les fueran notificados a la partes. Pero, también, la posibilidad de que fuera algún miembro del cuerpo policial el que trasladase a la prensa el archivo denominado PSOE en el que se encontraba una copia de las grabaciones del Comité Ejecutivo de 2016, en el que se defenestró a Pedro Sánchez, y que han visto la luz en los últimos días.

Uno de los agentes ha asegurado que «los primeros afectados por las filtraciones somos nosotros».

En lo relativo a la defensa de Koldo, la letrada Leticia de la Hoz ha expuesto en la Sala que su cliente era colaborador del Instituto Armado, por lo que fue la propia Guardia Civil la que, como resultado de dicha posición, entregó teléfonos móviles a su cliente, motivo por el que se han interesado por si los agentes investigadores dedicaron algún esfuerzo en identificar si en dichos terminales había instalado algún programa o software de la Benemérita. Los dos testigos han aclarado que el Instituto Armado no utiliza ningún tipo de método similar al descrito por la abogada.

En el marco de este asunto, De la Hoz ha vuelto a quejarse de la «insuficiencia» de las copias que ha recibido sobre el contenido de los móviles que se le han proporcionado. Momento en el que la defensa de Koldo y el guardia civil que estaba testificando se han enzarzado en un aciago debate sobre la devolución de los dispositivos.