Aldama conoció la necesidad de mascarillas del ministerio de Ábalos cuatro días antes de su publicación

El tercer bloque el interrogatorio a los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) que, este lunes, han comparecido como testigos-peritos, en el juicio del 'caso mascarillas', se ha centrado en las gestiones de la trama para la compraventa del material sanitario que da nombre al proceso. Los agentes de la Guardia Civil han confirmado que el Ministerio de Transportes, a través de Puertos del Estado, centralizó la compra de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión, propiedad del Grupo Cueto, quedando el «control logístico de la operación» en manos del empresario Íñigo Rotaeche.

A preguntas del jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, los guardias civiles han confirmado que Aldama, y por tanto el resto de la organización, tuvo «conocimiento previo» de que se iba a realizar la compra de mascarillas, antes de que se publicase, de manera oficial, la orden de adquisición de las mismas.

En concreto, pese a que la licitación firmada por Ábalos, como ministro, no se hace efectiva hasta el día 20 de marzo de 2020, Soluciones de Gestión habría conocido de la existencia de dicha necesidad el día 16, del mismo mes: 8 millones de unidades, frente a las 4 inicialmente estimadas en un lapso temporal de 38 minutos. Este último detalle coincide con la información aportada por las cuatro funcionarias de Transportes (tres inspectoras y una auditora) que declararon, la semana pasada. También, la UCO ha certificado que fue una indicación de Aldama la que provocó el cambio de opinión, en el Ministerio, hasta duplicar el suministro previsto en la compra inicial: «Ocho millones o nada».

Por lo tanto, tal y como han remarcado tanto el teniente coronel Balas como su compañero, el comandante Montes, el contrato de las mascarillas se convierte en paradigmático para el negocio de Aldama que, a partir de entonces, considera la conveniencia de asumir el pago de un sueldo mensual a Ábalos y Koldo, para tener acceso a futuras adjudicaciones públicas.

Con posterioridad, el 24 de marzo, los agentes han podido cotejar que dicha empresa se benefició, como adjudicataria, de «varios contratos con el Estado» que representaron un monto de 18,2 millones de unidades, siendo 20 millones de unidades el total de las que estaban en poder de la trama para el suministro.