El ex ‘tres’ de Montero usó a su pareja para seguir canalizando pagos de empresarios mientras el Gobierno defendía su inocencia

José Antonio Marco Sanjuán, ex ‘tres’ de María Jesús Montero, exvicepresidenta del Gobierno y exministra de Hacienda, utilizó a su pareja para mantener activo el entramado con el que cobraba comisiones ilegales mientras desde el Gobierno defendían su inocencia. El Debate publica hoy en exclusiva el contenido de un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional en el que se recoge que su entorno recibió 300.000 euros procedentes de empresarios mediante un circuito societario vinculado a personas de su confianza. En la actualidad, Marco Sanjuán mantiene el puesto de inspector especial de la Delegación de la Agencia Tributaria en la Comunidad Valenciana, donde fue recolocado tras dimitir por ser imputado por un delito de cohecho.

Las pesquisas policiales, a las que ha tenido acceso este periódico, sitúan el foco en la sociedad B2B Corporación Jurídica SL, propiedad de quien, según los agentes, es la pareja de Marco Sanjuán, llamada Carolina Verdés Pastor. De acuerdo con el informe remitido al Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid, donde el exalto cargo está imputado por un delito de cohecho, los investigadores han identificado nueve transferencias bancarias realizadas por un matrimonio de Alicante que estaba siendo objeto de actuaciones de la Agencia Tributaria. Esos movimientos se efectuaron a través de tres sociedades distintas: Teópolis Inversiones SL, que realizó cuatro transferencias que suman 211.065 euros; Next Development Opportunities SL, con tres transferencias que suman 68.500 euros; y Sea of Homes and Management SL, con dos envíos que suman 25.525 euros. En total, 305.090 euros.

Ese dinero fue canalizado a través de Investment Theorchad SL, propiedad de Enrique Lahuerta Tornos, considerado uno de los presuntos testaferros del ex ‘tres’ de Montero. La sociedad receptora de los pagos no es nueva en la investigación. Ya había aparecido en episodios anteriores como vehículo para recibir fondos. Durante su etapa como presidente del Tribunal Económico Administrativo Regional de Castilla y León, Marco Sanjuán estimó una reclamación de 1,2 millones de euros a favor de la empresa Refinería Olmedo SA. Con posterioridad a esa resolución, recibió 24.200 euros de esa misma compañía a través de un circuito en el que intervino Investment Theorchad SL.

El mecanismo se articulaba de forma que el pago no llegara directamente al cargo público. En ese caso, parte de la facturación a la empresa beneficiada fue realizada por la sociedad de Lahuerta Tornos y, posteriormente, Marco Sanjuán, a través de su propia empresa, Investment Betancunia SL, le emitía facturas por importes coincidentes. De ese modo, la operación quedaba formalmente desvinculada de su posición institucional. La documentación analizada por la Policía recoge que ambas sociedades comparten incluso dirección en Madrid, en la calle Pedro Heredia, lo que refuerza la conexión entre ambas estructuras. Los agentes señalan que este sistema permitía utilizar Investment Theorchad SL como pantalla para recibir pagos sin dejar rastro directo.

El mismo esquema es el que los investigadores consideran que se reproduce en el caso detectado en Valencia. Según el informe policial, los empresarios acudieron a la asesoría de la pareja de Marco Sanjuán tras recibir un requerimiento de la Agencia Tributaria. A partir de ese momento, se activó la operativa económica. Las transferencias se realizaron en un corto espacio de tiempo y a través de distintas sociedades, lo que, a juicio de los agentes, responde a una lógica de fraccionamiento para dificultar el seguimiento del dinero.

En paralelo a esos movimientos bancarios, Marco Sanjuán intervino directamente en la elaboración de los recursos que preparaba su pareja. Los investigadores han localizado durante el registro de su vivienda en Valladolid documentos con subrayados, correcciones y anotaciones manuscritas sobre los escritos de alegaciones que posteriormente iban a presentarse ante el Tribunal Económico Administrativo Regional de la Comunidad Valenciana. El informe recoge que esas anotaciones «aportan una mayor precisión técnica» a los textos y que su contenido apunta a la intervención de alguien con conocimiento interno del funcionamiento de la Agencia Tributaria. Los agentes subrayan además que se trata de «transferencias de alto importe» que terminan en la cuenta bancaria de una sociedad interpuesta con conexión directa con el entorno de Marco Sanjuán. Esa vinculación entre la actividad de la asesoría y el destino final del dinero es uno de los elementos que ha llevado a la UDEF a centrar la investigación en el papel desempeñado por la pareja del exalto cargo.

Fuentes de la investigación apuntan a que la participación de Carolina Verdés Pastor en este esquema podría tener consecuencias penales. Su condición de administradora de la sociedad desde la que se prestan los servicios, así como su intervención directa en la relación con los empresarios, la sitúan en el núcleo de la operativa. Los investigadores consideran que se trata de un elemento esencial para garantizar la continuidad del flujo económico tras la salida de Marco Sanjuán del TEAC, lo que abre la puerta a una eventual imputación.

En la actualidad, Marco Sanjuán está destinado en la Delegación Especial de la Agencia Tributaria en la Comunidad Valenciana, donde ejerce como inspector especial. Su llegada a ese puesto se produjo después de su dimisión, cuando solicitó un cambio de destino que fue tramitado por la cúpula del Ministerio de Hacienda, en particular por el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, que defendió la inocencia del ex 'tres' de Montero en el Senado tras la querella de Anticorrupción. «Se le acusa de haber cobrado de algunas empresas mediante transferencias bancarias y él me dijo que podía demostrar que no hay nada nada. Yo le creí en ese momento y le sigo creyendo ahora», afirmó.

La pareja de Marco Sanjuán, además de dirigir la sociedad implicada en los hechos, es abogada fiscalista y ocupa en la actualidad el cargo de secretaria general de la Asociación Profesional de Asesores Fiscales en la Comunidad Valenciana. Este periódico se puso en contacto con Carolina Verdés Pastor para recabar su versión de los hechos y horas después, el abogado de Marco Sanjuán contactó con El Debate calificando las conclusiones del informe policial como «falsas» y «absurdas» sin aportar documentación que desvirtúe los hechos recogidos en el atestado.

El Debate publicó que la Fiscalía Anticorrupción se querelló contra Marco Sanjuán por un delito de cohecho por el presunto cobro de comisiones ilegales a cambio de archivar pleitos fiscales durante su etapa al frente del TEAC. También desveló el registro de su vivienda en Valladolid, donde los agentes incautaron documentación relevante y localizaron dinero en efectivo oculto entre libros.