El 'tres' de Montero usó dos testaferros para cobrar de otro empresario al que anuló 1,2 millones que debía a Hacienda

José Antonio Marco Sanjuán, presidente del Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC), dependiente de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, utilizó dos testaferros para cobrar de una fábrica de azúcar a la que libró de una multa de 1,2 millones de euros de la Agencia Tributaria. El Debate publica hoy los detalles del sofisticado circuito societario que Marco Sanjuán usó para desdibujar la trazabilidad del dinero. Con este, ya son dos los casos en los que Marco Sanjuán ha percibido pagos de empresas a las que antes había librado de sanciones reclamadas por Hacienda, en su mayoría, de importes millonarios.

Para ejecutar esta operación, Marco Sanjuán recurrió en primer lugar a dos sociedades controladas por Enrique Lahuerta Tornos, amigo personal y primer eslabón del circuito de triangulación. Desde la sociedad instrumental Investment Betancunia SL, de Marco Sanjuán y utilizada también en otros casos, se enviaron seis facturas a Investment Theorchad SL, propiedad de Lahuerta, por un total de 13.210 euros entre los meses de junio, julio y septiembre de 2013. Acto seguido, Lahuerta, a través de Investment Theorchad SL y de Theo 1962 SL, facturó en tres ocasiones a la fábrica de azúcar, llamada Acor. El importe conjunto facturado por estas dos empresas a la azucarera ascendió exactamente a 13.310 euros, una coincidencia milimétrica con las cantidades que previamente Lahuerta había pagado a Marco Sanjuán.

La segunda parte del circuito fue ejecutada con la colaboración de Gonzalo Perdrix Ecequiel, un subinspector de Hacienda en excedencia propietario de gasolineras con quien Marco Sanjuán tiene negocios inmobiliarios en Tarragona. En este caso, Investment Betancunia SL envió dos facturas a Golf Consulting Tarraco SL, sociedad controlada por Perdrix, por un importe total de 10.890 euros. La primera en enero de 2014 y la segunda en abril de ese mismo año. A continuación, Gav Delta Holding SL —otra empresa de Perdrix— remitió a la azucarera dos facturas más por el mismo importe, exactamente 10.890 euros.

El paralelismo absoluto entre ambas cifras, replicadas al céntimo en ambos sentidos del circuito, descarta cualquier coincidencia y refuerza la evidencia de que el entramado fue ideado para desviar la trazabilidad de los pagos. Lejos de tratarse de operaciones comerciales independientes, el esquema refleja una triangulación meticulosamente diseñada para ocultar el beneficio económico final que acabó en manos del alto cargo del Ministerio de Hacienda.

Las resoluciones estimadas por el tribunal presidido por Marco Sanjuán en favor de la azucarera que anteceden a estos pagos suman un total de 1.197.982,89 euros. En concreto, el Tribunal Económico Administrativo Regional de Castilla y León, que presidió el número tres de Montero desde 2005 hasta que en 2018 fue nombrado director del TEAC, estimó las tres reclamaciones de la empresa. Una por 533.133,12 euros, otra por 370.345,85 euros y una tercera por 294.503,92 euros. Estas decisiones permitieron a Refinería Olmedo SA, sociedad dependiente de la azucarera, evitar el abono de las liquidaciones realizadas por la Agencia Tributaria. En total, Marco Sanjuán cobró 24.200 euros de la misma empresa a la que, en paralelo, estimando sus recursos, salvó de pagar a Hacienda más de un millón de euros.

Con este caso, El Debate confirma la existencia de un patrón operativo que combina resolución administrativa favorable y cobro posterior por parte de Marco Sanjuán, que ostenta uno de los cargos más decisivos del sistema tributario español. Este periódico publicó este miércoles que el tres de Montero, en esta ocasión directamente desde Investment Betancunia SL, su sociedad, y sin usar a personas interpuestas, mandó dos facturas por valor total de 4.780 euros a Discomtes Valladolid SL justo después de anular a la compañía una sanción de 64.000 euros que Aduanas, dependiente de la Agencia Tributaria, había impuesto a la empresa. Marco Sanjuán, tras ser preguntado por El Debate si había cobrado en alguna ocasión de alguna empresa a la que había anulado sanciones contestó que «jamás» y que «sólo la pregunta me ofende muchísimo». El secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, su jefe directo, elude explicar si conocía estas irregularidades que, según varios juristas consultados por este periódico, podría constituir un delito de cohecho.