Elecciones Extremadura 2025  El caso del hermano de Sánchez destapado por El Debate desfonda al PSOE extremeño

El histórico batacazo del PSOE en Extremadura ha desarbolado al socialismo en uno de sus feudos históricos, pasando de 28 a 18 escaños. Una de las claves indiscutibles de la debacle es que el candidato socialista, Miguel Ángel Gallardo, ha concurrido a la campaña electoral procesado judicialmente a causa del escándalo del hermano de Pedro Sánchez, desvelado por El Debate.

El hermano menor del presidente del Gobierno, el músico David Sánchez Pérez-Castejón, se convertirá en el primer familiar directo de un jefe del Ejecutivo en activo que se sienta en el banquillo de los acusados. Lo hará tras una larga secuencia de hechos administrativos, políticos y judiciales que arrancan en 2017 con la creación de una plaza pública en la Diputación de Badajoz y culminan ahora con la apertura de juicio oral por presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación. El caso, destapado por una serie de investigaciones periodísticas publicadas por Alejandro Entrambasaguas en El Debate, ha derivado en el procesamiento de once personas y ha puesto bajo escrutinio el uso del poder institucional para beneficiar a un allegado del presidente del Gobierno.

2017: una plaza creada a medida

El origen del caso se sitúa en la primavera de 2017, cuando la Diputación de Badajoz, entonces presidida por Miguel Ángel Gallardo, impulsa la creación de un puesto de coordinador de Actividades de los Conservatorios. Según los autos judiciales, la plaza fue concebida como un puesto de nueva creación, innecesario desde el punto de vista administrativo y diseñado para ajustarse a las circunstancias personales y profesionales de David Sánchez.

La jueza instructora, Beatriz Biedma, sostiene que la decisión de crear el puesto fue previa a cualquier procedimiento selectivo real y que existía conocimiento generalizado de que el destino final de la plaza sería el hermano del presidente del Gobierno. Un correo interno fechado el 19 de mayo de 2017, con el asunto «El hermanísimo», se ha convertido en una de las pruebas clave del sumario. El mensaje circuló antes incluso de que se publicaran las bases del proceso, lo que para la instructora acredita que el resultado estaba decidido de antemano.

El nombramiento se formalizó el 30 de junio de 2017. Para la juez, ese acto culminó «todo un procedimiento administrativo anterior en el que se han apreciado indicios de una finalidad ilegítima».

Un proceso con apariencia de legalidad

La instrucción judicial concluye que el procedimiento de selección —incluida una entrevista formal— se diseñó para dotar de apariencia legal a una decisión ya adoptada. Según la magistrada, no hubo una concurrencia competitiva real, sino un «diseño procedimental con finalidad aparente, y no sustancial».

David Sánchez declaró posteriormente que encontró la oferta de empleo por Internet mientras buscaba trabajo por las mañanas «tomando café». Sin embargo, la jueza considera inverosímil esa versión a la vista de otros indicios. Entre ellos, destaca que el músico reservó alojamiento en Badajoz a través de Airbnb un día antes de la entrevista, alegando que se trasladaba a la ciudad para trabajar, lo que refuerza la tesis de que conocía de antemano el desenlace del proceso.

Cambios de denominación y desviación de funciones

Poco después de su incorporación, comenzaron a detectarse anomalías en el desempeño del puesto. Según la instrucción, David Sánchez se desvinculó progresivamente de las funciones para las que había sido contratado y centró su actividad en proyectos personales, como la iniciativa Ópera Joven, que no figuraba en la descripción original del cargo.

Para dar cobertura administrativa a esa realidad, la Diputación promovió un cambio de denominación del puesto, que pasó a llamarse «jefe de la Oficina de Artes Escénicas». La Audiencia Provincial de Badajoz interpreta este movimiento como un intento de «disfrazar» la creación de un nuevo puesto y «ocultar la verdad» mediante una mera modificación terminológica. Ni el propio David Sánchez ni varios testigos supieron explicar con claridad en qué consistía exactamente la nueva oficina.

La jueza subraya que no se acusa al músico de no trabajar, sino de no hacerlo conforme a las funciones concebidas inicialmente. El contrato exigía dedicación plena y presencial en Badajoz, pero durante años careció de un lugar fijo de trabajo y acudía «cuando era necesario».

La red de influencias

La investigación también señala la creación de un segundo puesto público destinado a Luis Carrero, descrito como amigo íntimo de David Sánchez y exasesor del Ministerio de la Presidencia. Según el auto, ambos daban por hecha su incorporación 23 días antes de la publicación de las bases. Para la instructora, esta maniobra tenía como finalidad que Carrero continuara auxiliando al hermano del presidente, como ya venía haciendo de facto.

En este entramado, la jueza identifica la participación directa de responsables políticos y técnicos de la Diputación, entre ellos Miguel Ángel Gallardo, la entonces diputada de Cultura Cristina Núñez y altos cargos del área cultural. La actuación concertada de estas autoridades refuerza, según el auto, la tesis de que el aparato institucional se utilizó para beneficiar a un candidato predeterminado.

2023: las revelaciones periodísticas

El caso da un salto cualitativo a finales de 2023, cuando El Debate publica una serie de reportajes firmados por Alejandro Entrambasaguas que sacan a la luz nuevos elementos. Entre ellos, que David Sánchez teletrabajaba desde Portugal alegando «razones de productividad», que su salario fue incrementado y que el presupuesto de su oficina se triplicó antes de las elecciones municipales. También se reveló que su actividad estaba financiada con fondos europeos.

Otro de los episodios destacados fue la habilitación apresurada de un despacho para el músico en un piso, una vez iniciada la investigación judicial, con el objetivo de justificar la existencia de un lugar de trabajo físico. Cuando fue preguntado por la jueza sobre la ubicación de su puesto, David Sánchez fue incapaz de concretarlo.

La maniobra del aforamiento frustrado

Tras la imputación de Miguel Ángel Gallardo, el líder del PSOE extremeño impulsó una maniobra política para obtener el aforamiento como diputado autonómico. Cuatro parlamentarios dimitieron para facilitar su entrada en la Asamblea de Extremadura, lo que habría trasladado la causa al Tribunal Superior de Justicia autonómico y, por acumulación, podría haber beneficiado también a David Sánchez.

Sin embargo, el TSJ de Extremadura rechazó asumir la competencia y calificó la operación como un «fraude de ley» destinado a evitar al juez ordinario predeterminado. Los magistrados censuraron la rapidez y la coordinación de los actos que permitieron el acceso de Gallardo al escaño en apenas 48 horas.

El cierre de la instrucción y la apertura de juicio

Tras un año de investigación, la jueza Beatriz Biedma dio por concluida la instrucción y acordó la apertura de juicio oral. La Audiencia Provincial de Badajoz rechazó los recursos presentados por los acusados y confirmó el procesamiento por delitos continuados de tráfico de influencias y prevaricación. Un total de once personas se sentarán en el banquillo.

La Fiscalía y las defensas solicitan la absolución, mientras que la acusación popular —integrada por varias organizaciones y partidos— reclama penas de hasta tres años de prisión para David Sánchez, Gallardo y otros implicados. El juicio se desarrollará a lo largo de seis jornadas.

En uno de los pasajes más contundentes, la jueza afirma que la plaza fue creada «con la finalidad de ser adjudicada a David Sánchez» y que ese extremo era conocido incluso antes de que se publicaran las bases. «No tiene otra explicación lógica posible», sostiene.

Impacto político

Ahora será el tribunal el que determine si los hechos probados constituyen una actuación irregular para favorecer al hermano del presidente del Gobierno o si, como sostienen las defensas, todas las decisiones se adoptaron conforme a la legalidad. Lo que ya es seguro es que el caso ha cruzado una línea inédita en la democracia española: la de sentar en el banquillo a un familiar directo del jefe del Ejecutivo por el presunto uso de influencias para acceder a un empleo público.