El asalto de Moncloa al poder económico de la SEPI

Desde que el 21 de febrero de 2024 estallase el caso Koldo –el aizkolari que Pedro Sánchez elogiaba en el Manual de Supervivencia como «un gigante de la militancia socialista», que fue algo más que un asesor para el ex ministro de Fomento, José Luis Ábalos–, Moncloa creía tener el control de daños de la presunta trama de corrupción en el seno de Ferraz hasta que la realidad de los acontecimientos le empezó a superar.

El primer giro se produjo el 12 de junio de 2025 con la filtración del demoledor informe de la UCO sobre Santos Cerdán, que cogió al Ejecutivo de Sánchez con el pie cambiado. Quedará para la memoria cómo la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, preguntaba si alguien tenía el informe como reveló sin querer una periodista con el micro abierto en la SER.

El segundo se originó el pasado jueves 11 de diciembre cuando se descubrió que además de Ábalos y Koldo –que de momento comparten celda en Soto del Real–, el comisionista Víctor de Aldama y Cerdán, «encargado de distribuir» las mordidas a cambio de influir en adjudicaciones públicas, tomaron protagonismo personajes que parecían secundarios como el navarro Antxon Alonso, el ex presidente de la SEPI Vicente Fernández Guerrero y Leire Díez, conocida como la fontanera del PSOE, y que eran ellos los que movían los hilos en el seno de la SEPI para presuntamente extorsionar y cobrar comisiones.

Dentro del holding público no tienen dudas: «La SEPI se gobierna desde Moncloa y Montero, de la que depende la sociedad estatal, sigue las indicaciones que le marca Sánchez». Algo que ahora parece que empieza a intuir la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, que lanzó el enésimo ultimátum y exigió «tomar medidas y hacer auditorías tanto en la SEPI como en todas las empresas que dependen de ella», y que el Ejecutivo del PSOE ha despachado con una reunión de trámite este viernes.

Este es un mapa para conocer hasta qué punto se ha parasitado las empresas públicas estratégicas desde que Sánchez llegó al poder, que quizá le pueda servir a la líder de Sumar para conocer hasta qué punto el poder económico está en manos del presidente y cuáles de esas sociedades están salpicadas por presuntas irregularidades en contratos públicos estimados en casi 133 millones de euros por los que habrían cobrado la trama SEPI en torno a 750.000 euros en mordidas.

Indra: luz verde a que Escribano compre a Escribano

En esta última semana, el consejo de administración de Indra (27,99 % SEPI) ha dado luz verde «por unanimidad» al proyecto de fusión con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), la compañía familiar de Ángel Escribano, presidente de Indra, de la que es copropietario junto a su hermano, Javier Escribano. El conflicto de intereses está servido, sobre todo, si se tiene en cuenta que han pasado de valorar la compañía en cuatro años de 100 a 2.000 millones de euros. «Nunca, ni con Mario Conde, había visto operaciones tan pornográficas», apuntaba el economista José Carlos Díez en Onda Cero. «Es más escandaloso que todo el pelotazo de la época de la burbuja inmobiliaria» y «está todo vinculado a Moncloa. Aquí no hay intermediarios», advertía.

La misma opinión se cuece internamente en la SEPI: «La presidenta (Belén Gualda) no pinta absolutamente nada. Las decisiones se adoptan en Moncloa». Y explican cuál es el modus operandi. «La operativa es siempre la misma. Cada vez que internamente se pone trabas a una propuesta de contratación, a una compraventa, se pide un informe externo que ratifique la decisión tomada, que se apoya en una hipotética proyección futura de la compañía difícil de comprobar. Y con esta maniobra se consigue el visto bueno del consejo», y que la operación sea bendecida por la SEPI.

El siguiente paso para la fusión es esperar a la presentación de las cuentas auditadas de las empresas involucradas, pero a nadie se le escapa las presiones del Gobierno para que se ejecute.

Hispasat en manos de Indra como planeó Moncloa

La compañía que ya está en manos de Indra es Hispasat (10,32 %), como planeó el Gobierno, al comprar el 89,68 % de la firma de satélites a Redeia Corporación por 725 millones de euros. Fue uno de los primeros movimientos estratégicos de Ángel Escribano al llegar a la presidencia a principios del 2025, que se ha autorizado este martes en el Consejo de Ministros, y que busca reorientar el negocio hacía la Defensa.

En este último tramo del año la empresa presidida por Pedro Duque, exministro de Ciencia, Innovación y Universidades de Sánchez, ha devuelto 22 millones de los 76,3 millones de euros de ayudas de los Fondos Europeos por el fracaso del programa ÚNICO Demanda Rural Conéctate 35 del Ministerio de Transformación Digital, que presentó Nadia Calviño en junio de 2023, para llevar internet de banda ancha por satélite a zonas de la España rural donde no llegaba la fibra. De los 1,3 millones de hogares y empresas anunciados tan sólo han recibido unas 11.500 altas en dos años y medio. Menos del 1 % de lo proyectado.

Redeia: Corredor sigue sin asumir responsabilidades por el apagón

Alrededor de las 12:33 del lunes 28 de abril de 2025 el sistema eléctrico español colapsó. A punto de que se acabe el año, Beatriz Corredor, presidenta de Redeia (20 % SEPI), sigue sin asumir ninguna responsabilidad por el apagón masivo, del que afirmó que la compañía «ha respondido a la altura de lo que se esperaba». Nada que ver con las conclusiones de las grandes eléctricas agrupadas en Aelec, que acusaron a Red Eléctrica de «mala gestión».

Al final, la factura de ese día oscuro la asumen los consumidores, con un sobrecoste de 486 millones de euros entre abril y noviembre. Este año, Redeia se deja un 9,5 % de su valor, además de haber vendido casi el 90 % de Hispasat a Indra.

Telefónica: la polémica gestión de Marc Murtra

Marc Murtra dejó Indra en manos de Escribano para liderar Telefónica (10 % SEPI) como presidente ejecutivo. Cercano a Sánchez desde que éste fuera concejal del Ayuntamiento de Madrid, con vínculos en el PSC que le llevó a ser nombrado jefe de Gabinete de Joan Clos, ministro de Industria, Comercio y Turismo, entre 2006 y 2008, tiene marcada la nueva hoja de ruta de la compañía, que presentó el pasado mes de noviembre, y no convenció al mercado. La cotización de sus acciones no para de caer y acumula pérdidas que rondan el 15 %, que se suma a una deuda que ronda los 27.000 millones de euros.

Entre las últimas decisiones, la compañía está sumergida en un ERE en el que está previsto que salgan 4.554 trabajadores, mientras se ficha al ex presidente del PNV, Andoni Ortuzar. A su vez, ha anunciado su exclusión de la cotización en la Bolsa de Nueva York para ahorrar costes y estudia acelerar la venta del emblemático e histórico edificio de Telefónica en Gran Vía, que se inauguró en 1929.

Tragsa: enchufada Jessica, la amante de Ábalos

Jesús Casas Grande, presidente de Tragsa (51 % SEPI), todavía no ha entregado el informe que detalla los pasos que se dieron para enchufar en su filial, Tragsatec, a Jessica Rodríguez, la amante de José Luis Ábalos, sin que se dieran los requisitos de mérito y capacidad en un proceso selectivo público.

El Debate contó en primicia «la decisiva participación» de Isabel Pardo de Vera en la contratación de la «sobrina del ministro», con una retribución de 16.533 euros brutos anuales, cuyo puesto estaba adscrito a Presidencia de ADIF y ubicado en las oficinas de la calle Sor Ángela de la Cruz. Cada mes hasta la finalización del contrato, ADIF certificaba el trabajo de Jésica, que ella misma negó realizar.

Pardo de Vera está imputada por la «irregular y caprichosa contratación» de Jésica y, a su vez, en la trama Cerdán porque «habría podido prestar asistencia» al ex ministro de Fomento a través de Koldo García para «que las adjudicaciones proyectadas por ellos pudieran llegar a buen término».

Meritxell Batet, del PSC, consejera independiente

En Ebro Foods (10,36 %), Meritxell Batet, actual presidenta del Consejo Nacional del PSC y ex presidenta del Congreso por el PSOE durante dos legislaturas, fue nombrada, en abril de este año, consejera independiente y asumió puestos en la Comisión Ejecutiva y en la Comisión de Auditoría, Control y Sostenibilidad, con un sueldo en torno a los 300.000 euros. Sustituía a otro hombre de Sánchez desde antes de las primarias, Marc Murtra, que renunció en enero. En estos tres primeros meses del año 2025, Ebro Foods alcanzó un beneficio neto de 97 millones, con una deuda de 675,8 millones de euros.

No es el único puesto de Batet como consejera, hace apenas una semana, la compañía catalana Sateliot de conectividad satelital en órbita terrestre baja, ha acordado su designación en la junta general prevista para la última semana del año. Sepides, salpicada por el último caso de corrupción por la trama paralela de la SEPI, cuenta con un 2,4 % de participación de Sateliot, llegando a controlar el Estado casi un 19 %. Además de contar con la presencia de Indra (4,81 %), de la que la SEPI posee casi un 28 %.

Inversión de 3.125 millones en hidrógeno verde

En Enagás (5 %), operadora del sistema gasista presidida por Antonio Llardén —con una retribución de 730.000 euros en el ejercicio 2024, y de 1,709 millones de euros su consejero delegado, Arturo Gonzalo Aizpiri—, están como consejeros independientes: José Montilla, ex presidente de la Generalitat; José Blanco, exministro de Fomento con Zapatero, Ana Palacio, exministra de Asuntos Exteriores con Aznar, y Cristóbal Gallego, como cuota de Unidas Podemos, con sueldos estipulados alrededor de los 160.000 euros anuales.

La compañía cerró 2024 con pérdidas cercanas a los 300 millones de euros, aunque obtuvo un beneficio neto de 262,8 millones de euros en los tres primeros trimestres del año. Su plan estratégico es destinar 3.125 millones de euros al despliegue de infraestructuras de hidrógeno verde, de una inversión de 4.035 millones hasta 2030.

Otras empresas participadas

Enresa (Empresa Nacional de Residuos Radiactivos 20 %), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, está encargada de desmantelar las centrales nucleares en un cierre escalonado previsto inicialmente desde 2027 hasta el apagón total en 2035. Al frente Olga García, ex consejera de Economía e Infraestructuras de la Junta de Extremadura con el fallecido Guillermo Fernández Vara.

Entre las empresas con participación variable en la SEPI también están Saeca (80 %) para la gestión de préstamos a los agricultores presidida por Pablo Pombo, con un sueldo de 126.643 euros brutos anuales; Ensa (78,75 %) dedicada a la fabricación y suministro de componentes nucleares presidida por Francisco Javier Fernández Mañanes, profesor de secundaria, que fue ex consejero de Educación del Gobierno de Cantabria, y lo rescató Ábalos, cuando era ministro de Transportes, como delegado de la Zona Franca del Puerto de Santander; Cetarsa (79,18 %) dedicada a la transformación y comercialización de tabaco en rama en la provincia de Cáceres, presidida por Juan Andrés Tovar, militante socialista de esa provincia desde los 22 años, sin ninguna titulación universitaria, y con un sueldo bruto de 134.654 euros anuales con una complemento de 55.979 euros en 2024. Y también tiene participaciones en IAG (International Airlines Group 2,52%) y Airbus Group (4,12%).

Talgo: se acelera el rescate por «exigencia del PNV»

Al día siguiente de ser detenidos el grupo Hiroruk, Vicente Fernández Guerrero, Antxon Alonso y Leire Díez, que operaban en una supuesta trama en el seno de la sociedad estatal, se anunciaba que la SEPI y el Gobierno vasco tomaban el control de Talgo, y se aprobaba un plan de rescate.

La operación se inició a principios del mes de agosto, cuando el Consejo de Ministros autorizó suscribir una ampliación de capital por 45 millones de euros a cambio del 7,8 % de su capital social. Todo se llevó con el máximo de los sigilos —«el expediente se ocultó en una carpeta llamada Galgo de acceso restringido»— para cumplir con «una exigencia del PNV». Siguiendo la tónica habitual de la SEPI en manos de Sánchez, «se encargó a uno de los mejores despachos españoles un informe que justificase la compra de acciones a 4,25 euros (cuando en verano la acción rondaba los 2,82 € y ahora cotiza por 2,92 €) por encima del actual precio del mercado, porque ese será el valor en un espacio temporal razonable», señalan fuentes internas del holding.

La información facilitada por Talgo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores especifica que la ampliación de capital irá acompañada de dos emisiones de deuda por un total de 105 millones de euros, además de la emisión de bonos. Con ello, saldrá el fondo británico Trilantic y entrará Sidenor, empresa especializada en aceros largos especiales presidida por el empresario donostiarra José Antonio Jainaga.

Se amplía el plazo a Duro Felguera para devolver el rescate

Una vez que se vio la imposibilidad de rescatar a Vicente Fernández Guerrero como presidente de la SEPI, aunque había estado trabajando en la sombra y tutelando los rescates más polémicos de la sociedad estatal, hasta marzo de 2021, María Jesús Montero incorporó a Belén Gualda, otra persona de su máxima confianza, a la presidencia. Fue cuando se adquirió a Duro Felguera, rescatada con 120 millones de euros y con una causa abierta en el Juzgado Mercantil número 3 de Gijón, el 40 % de Epicom, «empresa estratégica para la Seguridad Nacional».

En el último Consejo de Ministros celebrado en el mes de diciembre, en pleno tsunami provocado por el escándalo de la trama SEPI, el Gobierno ha autorizado la flexibilización del préstamo de la sociedad estatal a Duro Felguera para que pueda reestructurar su deuda al ser incapaz de cumplir con su devolución.

Además, todavía queda por devolver un 37 % de las ayudas entregadas por el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas. Faltaría por amortizar unos 998,5 millones de euros en rescates a empresas golpeadas por el covid. Entre los más polémicos, por las condiciones que lo rodearon, Air Europa, que ha devuelto los 475 millones con la entrada de Turkish Airlines en el capital de la aerolínea, con una inversión de 300 millones, que le dará acceso al consejo de administración; Plus Ultra, actualmente investigada por la UDEF si desvió los 53 millones de euros del rescate para blanquear fondos de Venezuela a través de transferencias internacionales. Entre los detenidos, Julio Martínez, empresario amigo de Zapatero, con el que se reunió en secreto en un monte sin cobertura antes de que lo arrestara la Policía. El Debate también ha contado en exclusiva que el expresidente del Gobierno utilizó su vivienda de Aravaca como uno de los lugares para mantener contactos discretos que podrían estar relacionados con la compañía.

Y, por último, Tubos Reunidos de la trama que actuaba en el interior de la SEPI, por los contactos de su ex presidente, Vicente Fernández Guerrero y Leire Díez, que trabajó para varias empresas públicas, junto a Antxon Alonso, conectado a su vez con Santos Cerdán.

Navantia: una deuda de 8.000 millones

Uno de los motivos del endeudamiento de la SEPI ha sido la pésima gestión de Correos bajo la dirección de uno de los amigos íntimos de Sánchez, Juan Manuel Serrano, que además está en el ojo del huracán por presuntas irregularidades en los contratos públicos gestionados durante su etapa investigados por agentes de la UCO.

Otro motivo ha sido el impacto de los ajustes de Navantia, empresa 100 % estatal, con 197 millones en números rojos a finales de 2024 y una deuda con el Estado en préstamos participativos que asciende a más de 2.049 millones y otros 4.488 millones al Ministerio de Industria. Esta cantidad subirá hasta los 8.000 millones por el préstamo sin intereses a los astilleros públicos de 2.292 millones concedido por el mencionado ministerio para hacer frente la apuesta del Gobierno por impulsar la industria de Seguridad y Defensa. La compañía está presidida por Ricardo Domínguez, que sustituyó a Belén Gualda que estuvo seis meses en la naval antes de ponerse al frente de la sociedad adscrita al Ministerio de Hacienda.

La SEPI también tiene el 100 % en Hunosa, presidida por Enrique Fernández, antes senador del PSOE, con un sueldo de 161.000 euros anuales; y Mayasa (Minas de Almadén y Arrayanes), que está denunciada por el Ayuntamiento de Almadén por el cierre de caminos públicos, y administrada por José Tejero Manzanares, exconcejal del PSOE de dicha localidad.

Dentro de los medios de comunicación se encuentran la Agencia EFE, presidida por Miguel Ángel Oliver, exsecretario de Estado de Sánchez, y Corporación RTVE, el ente presidido por José Pablo López con una deuda actual del 42 % a corto plazo, por el que tendrá que afrontar vencimientos por un importe de 348 millones.