La SEPI, en el epicentro de las tramas corruptas durante el Gobierno de Sánchez

El jueves 11 de diciembre de 2025 se desató un tsunami dentro de Moncloa y Ferraz tras las detenciones del autodenominado grupo Hirurok (nosotros tres en euskera), triángulo formado por Leire Díez, conocida como la fontanera del PSOE; Vicente Fernández Guerrero, expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), nombrado tres semanas después de llegar Pedro Sánchez al poder; y el empresario Joseba Antxon Alonso, vinculado a su ex secretario de Organización, Santos Cerdán, y al PSOE Navarro de María Chivite, por presuntas irregularidades en contratos públicos estimados en casi 133 millones de euros por los que habrían cobrado en torno a 750.000 euros en mordidas.

Las detenciones se producían al mismo ritmo que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil practicaba un total de diecinueve registros en Sevilla, Zaragoza y en Madrid, en búsqueda de documentación en Sepides, Enusa, Cofivacasa, Mercasa, y en la madre de todas las empresas, la SEPI, que depende orgánicamente de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, donde Guerrero siguió siendo de facto el presidente durante los casi 18 meses que el holding público estuvo sin dirección, y por lo que tratan de desentrañar cuáles fueron los pliegos y contratos que firmó.

La SEPI, médula de la corrupción socialista

Todavía se escuchaba el eco de los aplausos en el Congreso tras la intervención de José Luis Ábalos en la moción censura que convirtió a Sánchez en presidente —en su celda compartida con Koldo García en Soto del Real le resonaran sus palabras: «Los españoles no podemos tolerar la corrupción ni la indecencia como si fuera normal»—, cuando el llamado «puto amo», según la definición del ministro de Transportes, Óscar Puente, iniciaba el asalto al poder económico, colonizando las empresas estatales y participadas con afines. Según las últimas investigaciones, la médula de la corrupción del caso PSOE de Pedro Sánchez tendría uno de sus epicentros en la SEPI, con ramificaciones en otras tramas por coincidir en ellas sus protagonistas.

La magnitud de la operación se desveló el viernes 12, mientras distintos ministros se hacían eco en X de la portada de la revista italiana L´Espresso, con Sánchez como persona del año sin mencionar ninguno de sus escándalos, los agentes de la Benemérita registraban ni más ni menos el Ministerio de Hacienda, el de Transición Ecológica, y la sede de Correos, por una investigación que permanece bajo secreto de sumario impulsado por la Fiscalía Anticorrupción donde se investigan presuntos delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal.

Tubos Reunidos y la red de mordidas de Mediaciones Martínez

Como si estuviéramos en una historieta de Francisco Ibáñez, la titulada Corrupción a mogollón (1994), los tres arrestados, Leire, Vicente y Antxon, utilizaban la firma aragonesa Mediaciones Martínez para canalizar las supuestas mordidas que gestionaban a través del grupo de wasap llamado Hirurok, por el que intermediaron al menos en cinco adjudicaciones distintas.

Siempre que se recuerdan los polémicos rescates promovidos por el Gobierno de Sánchez, salen a relucir Air Europa o Plus Ultra, la aerolínea venezolana que tenía cuatro aviones de alquiler y tan sólo uno operativo, al que ahora se suma Tubos Reunidos, empresa vasca del sector del acero. El trío habría intermediado en el rescate otorgado por la SEPI por valor de 112,8 millones de euros y habría recibido una comisión de 114.950 euros a través de Mediaciones Martínez, sociedad instrumental esencial para que funcionase el entramado articulado por Carmelo Aznárez, socio de la asesoría Conaudire.

Esta es una de las empresas salpicadas por la corrupción dentro del radio de acción de la trama incrustada en el seno de la SEPI, que junto a otras sociedades públicas estratégicas en el punto de mira reflejarían un mapa de hasta qué punto es una actuación sistémica:

El empresario amigo de Zapatero

A pesar de que el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid dictó el sobreseimiento provisional de la causa de Plus Ultra, en enero de 2023, no ha sido óbice para que se vuelva a abrir y que la Fiscalía Anticorrupción investigue si la aerolínea desvió dinero del rescate de 53 millones de euros para blanquear fondos de Venezuela tanto en España como Francia y Suiza.

El mismo jueves 11 de diciembre, en otra operación de la Policía Nacional, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) registró la sede de la compañía aérea por un presunto blanqueo de capitales al utilizar el dinero público del rescate para devoluciones de préstamos a cuentas en el extranjero. Los agentes detuvieron a tres implicados en un presunto blanqueo de capitales con operaciones vinculadas al tráfico de oro. Se trataba de Julio Martínez Sola, presidente de la compañía aérea, Roberto Roselli, consejero delegado, y Julio Martínez, cliente de Whathefav, la agencia de comunicación de las hijas del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Con este último empresario, setenta y dos horas antes de que la Policía lo arrestara, se reunió Zapatero en un monte sin cobertura, como publicó en exclusiva El Debate.

Según el testimonio de José Luis Ábalos, cuando era ministro de Fomento, fue el propio Zapatero quien presionó para que el rescate saliera adelante a pesar de las dudas internas sobre la viabilidad de la compañía y sus vínculos con el régimen de Nicolás Maduro.

Sin «abrir el melón de Air Europa»

Cuando los Hidalgos solicitaron el rescate de Air Europa —en principio fiaron su salvación en una inyección de 400 millones de euros—, solo su patrimonio inmobiliario, antes de la pandemia, estaba valorado en 2.000 millones de euros por activos de unos 200 y se habían repartido, en febrero de 2020, un dividendo de 35 millones. Fue tan escandaloso que el mismo Ábalos pidió a la familia que «arrime el hombro y ponga dinero de su fortuna personal».

En lugar de ese camino, las presiones de la trama en el seno del Gobierno (recogidas en uno de los informes de la UCO) dieron su fruto, e incluso Víctor de Aldama, comisionista del caso Koldo a sueldo de Globalia, se reunió con Nadia Calviño, entonces vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos, quien estaba muy nerviosa con el asunto del dividendo. Su ministerio, a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), ya le había otorgado a Air Europa un crédito por 141 millones. «Ese fue uno de los motivos por el que se modificara los planes de viabilidad y se aumentase la petición de dinero público, pensando que habría que devolver el dividendo de 35 millones que se habían repartido», explican fuentes internas de la sociedad estatal.

El juego a tres bandas, como desveló la UCO, se movía entre ministerios, Víctor de Aldama y Koldo, Begoña Gómez y Javier Hidalgo, y el 1 (Sánchez) supervisando. Al final, el rescate en tiempo récord se ejecutó por la SEPI, que depende del Ministerio de Hacienda de Montero, al no querer asumir de nuevo la responsabilidad Calviño, incrementándose la partida inicial hasta los 475 millones, y tutelado en la sombra por Vicente Fernández Guerrero.

Hasta ahora se sigue sin «abrir el melón de Air Europa» y se ha descartado investigar las posibles irregularidades en el rescate por el que se puede «llegar a Begoña», como reconoció Ábalos, «el gran desconocido» que fue la mano de Sánchez en Ferraz, en una entrevista a El Mundo antes de entrar en Soto del Real.

El agujero negro en Correos del amigo de Sánchez

El grupo Correos no ha levantado cabeza de la gestión del ex jefe de Gabinete de Pedro Sánchez, Juan Manuel Serrano, quien cesó en diciembre de 2023 y fue sustituido por Pedro Saura, que fue secretario de Estado del Ministerio de Fomento de Ábalos y aparece en el informe de la UCO sobre Cerdán, quien decía de él que «hace lo que le da la gana». El nuevo plan estratégico de Saura, con un Acuerdo Marco Laboral firmado junto a los principales sindicatos, incluye una provisión de fondos de cerca de 490 millones de euros para rejuvenecer la plantilla a costa de jubilaciones anticipadas. «Saura informó a la dirección del convenio donde se proveía que unas 3.000 personas se retiraran con una indemnización de 45 días por año trabajado, como si fuera un despido improcedente. Mientras se van a incorporar 4.000 plazas, de las que unas mil serán a través de la Escuela de Formación CC.OO. Correos».

El agujero negro que heredó de Serrano se cifra en unos 1.200 millones de euros y ha llevado a la SEPI a números rojos. Durante su etapa, ningún técnico de la empresa pública quiso firmar un polémico pliego de contratación para operar un nuevo servicio de transporte aéreo internacional de paquetería y mercancías, como pretendía el amigo personal del presidente. Finalmente, el acuerdo se cerró sin concurso público a principios de 2022 con Evelop Airlines, aerolínea integrada en Ávoris, entonces dirigida por Globalia, matriz de Air Europa, cuyo consejero delegado era Javier Hidalgo. Correos Cargo, como se llamó el proyecto, se estrenó con una única ruta Madrid-Hong Kong-Madrid con dos aeronaves Airbus A330 de la mano de Iberojet, una llamada Milana Bonita. La apuesta de Serrano por la logística y la paquetería tuvo pérdidas de 25 millones de euros en menos de un año.

Tampoco hay que olvidar que antes, en marzo de 2021, el Gobierno aprobó un segundo rescate a una sociedad de Globalia, en concreto a Ávoris, por 320 millones a través del Fondo de Apoyo para la Solvencia de Empresas Estratégicas, ni la conexión de la mujer del presidente, Begoña Gómez, cuando dirigía el Instituto de Empresa África Center, con Globalia a través de Hidalgo y Leticia Lauffer, directora de Wakalua, una filial de la mencionada empresa, a quien la Agencia Tributaria investiga el pago de una supuesta comisión de 2,4 millones de euros en plena pandemia.

Además, el grupo postal fue el tercer puesto público donde recaló Leire Díez, entre noviembre de 2021 y febrero de 2024, ocupando distintos cargos hasta ser ascendida a la subdirección de Relaciones Institucionales, Filatelia, Estudios y Futuro, creado expresamente para ella por Serrano. De hecho, cuando se oponían a sus directrices, reconvenía a los técnicos diciéndoles que «el partido así lo había decidido». Ella misma se presentaba como «la persona que ha puesto el PSOE» y que «tenía acceso al 1» como quedó grabado durante la reunión que mantuvo con el fiscal Ignacio Stampa. Por esta causa está imputada por delitos de cohecho y tráfico de influencias en el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid.

Las maniobras orquestales de Serrano y la fontanera en Correos han puesto en riesgo la viabilidad financiera de la sociedad estatal. Entre los contratos afectados están los firmados con el gigante de telecomunicaciones chino Huawei; la adquisición del 51 % de la portuguesa Rangel por 11 millones de euros; el suscrito con Juan Carlos Barrabés, «asesor y colaborador» de la Cátedra de Transformación Social Competitiva de Begoña Gómez, y otro «contrato a dedo» con Sortis, consultora investigada en el caso Koldo, que ascendía a 2 millones de euros para servicios de asesoría en materia de telecomunicaciones. En esta última transacción se cruza la causa de los contratos de mascarillas por la que el Tribunal Supremo ha abierto juicio oral contra Ábalos, Aldama y Koldo con la trama de la SEPI donde se cobraban presuntas comisiones en negro por adjudicaciones irregulares.

SEPIDES: otro nexo de la trama Servinabar

La exmilitante socialista, que asegura que buscaba «documentarse para un libro», compatibilizó el trabajo en Correos con el puesto de vocal del consejo de administración de Cistec, una firma tecnológica financiada con 1,3 millones de euros por otra empresa de la SEPI, Sepides (Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial), al adquirirse el 25,5 % de la compañía en la misma fecha de su nombramiento, julio de 2021, como publicó The Objective. La Unidad Central Operativa solicitó a Sepides, enfocada en facilitar financiación a empresas de base tecnológica, documentación el pasado jueves en busca de posibles amaños en contrataciones públicas.

Por esas fechas, Sepides estaba gestionada por Antonio Miguel Cervera Guerrero, también rescatado de la Junta de Andalucía por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en 2019, y tras su salida de la sociedad le nombró director general de Costes de Personal en su ministerio en enero de 2024. Durante su presidencia, Sepides destinó 17,3 millones de euros de fondos públicos para un proyecto de Arapellet, empresa propiedad del grupo Forestalia, por la que habrían recibido una comisión de 200.000 euros.

Sepides es otro nexo que conecta a su vez con las presuntas irregularidades relacionadas con la trama Servinabar 2000, donde operaba Antxon Alonso, Vicente Fernández Guerrero, contratado como director comercial tras no ser repescado en la SEPI, y Santos Cerdán, que firmó una escritura de compraventa por el 45 % de las acciones de Servinabar, causa investigada en el Tribunal Supremo.

Justo hace un año, Sepides se transformó en una entidad pública empresarial para gestionar fondos e impulsar la política industrial bajo la dirección de Javier Rosell, miembro del PSOE de Castilla-La Mancha. «Fue una de las concesiones a los catalanes, que la sociedad dependiese del Ministerio de Industria y Turismo de Jordi Hereu, y así tratar de conseguir que la mayor parte de las subvenciones e inversiones en sectores estratégicos sean para Cataluña», explican desde la empresa pública.

Cofivacasa: Operaciones contra el patrimonio público

Además de Correos y Sepides, los agentes de la Benemérita registraron en busca de documentación otra empresa 100 % estatal, Cofivacasa, encargada de la gestión y liquidación ordenada de empresas sin actividad industrial o comercial. Su administrador único, Mariano Herranz Vega, nombrado en agosto de 2022, está en el foco por un posible caso de acoso laboral, según ha publicado El Debate, con acusaciones por parte de los trabajadores, que habrían informado a la presidenta Belén Gualda, de que Herranz «desde que llegó ha tenido problemas con casi todo el mundo».

En el foco de la investigación estaría el incremento desproporcionado del patrimonio de Vicente Fernández, «valorado en unos 10 millones de euros», que se une a la pista de que la mayor parte de los fondos obtenidos por la trama dentro de la SEPI fueron canalizados para efectuar inversiones inmobiliarias en Marbella y Jaca. Los agentes investigan por orden del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional posibles operaciones en detrimento del patrimonio público.

Enusa: el arranque de la trama SEPI

Mariano Moreno ha tenido que ver cómo la Empresa Nacional de Uranio (Enusa 60 %) era registrada por la UCO, y su antecesor en el cargo, José Vicente Berlanga Arona, esté investigado por el presunto amaño de adjudicaciones a cambio de sobornos, un mes y medio después de que el ex gerente del PSOE declarase en el Supremo que Ferraz pagaba grandes cantidades de dinero en efectivo a sus máximos dirigentes sin ningún tipo de control.

En esta empresa con un 60 % de titularidad estatal arrancó la trama de la SEPI. Berlanga Arona, el filósofo que sustituyó al ingeniero industrial José Luis González en la presidencia de Enusa por ser amigo íntimo de Ábalos —habían coincidido cuando era asesor municipal del Ayuntamiento de Valencia (2005-2015)—, fue el primero que contrató, en octubre de 2018, a Leire Díez como responsable de Comunicación recomendada por el propio Ábalos.

El sueldo que le correspondía a la fontanera por su categoría era de 40.000 euros anuales y se elevó desde Recursos Humanos de Enusa a la misma dirección de Relaciones Laborales de la sociedad estatal para que autorizase un incremento salarial que le duplicó la cantidad a percibir hasta rozar los 80.000 euros. Esa decisión se tomó con el conocimiento del entonces presidente de la SEPI, Vicente Fernández Guerrero, ese señor del que Montero no tenía ni idea de lo que estaba haciendo y, según ella, «estuvo escasamente un año y pico en SEPI».

Tras su dimisión, en octubre de 2019, cuando fue imputado en el caso Aználcollar del que ha sido absuelto, siguió tutelando los movimientos de la SEPI en los rescates más polémicos del Gobierno, y al estilo Bárcenas, «mantuvo transporte y móvil de la sociedad estatal», actuaba de facto como el superior jerárquico de Bartolomé Lora, vicepresidente del holding y su número dos.

El compás de espera sin cabeza visible en la SEPI, en el que confiaban que podría reincorporarse a su puesto porque la causa se sobreseyera, duró hasta marzo de 2021, en el que Montero volvió a nombrar a una persona de su máxima confianza, Belén Gualda. Mientras el grupo Hiroruk —la fontanera, el ex presidente de la SEPI, y el navarro—, habrían utilizado su influencia en la SEPI y habrían amañado pagos de la empresa Enusa en favor de un despacho de abogados sevillano, que habría inflado sus servicios con sobrecostes de hasta el 50 %, por el que Mediaciones Martínez habría facturado 17.545 euros.

Mercasa y Servinabar, el enlace de la SEPI y Cerdán

La sede de Mercasa, que gestiona junto a los ayuntamientos la distribución mayorista de alrededor de 8,4 millones de toneladas de alimentos, con un valor de 19.600 millones de euros, también ha sido registrada por la UCO. Esta empresa participada al 51 % por la SEPI estuvo presidida hasta abril de 2024 por José Ramón Sempere y a partir de esa fecha por José Manuel Miñones, exministro de Sanidad, de marzo a noviembre de 2023, en el Ejecutivo de Sánchez.

La UCO investiga un contrato «mendaz» adjudicado a dedo por parte de Mercados Centrales de Abastecimientos y la empresa Servinabar, vinculada a Alonso y a Cerdán, para elaborar un informe técnico sobre la rehabilitación de su sede central por el que se pagó 18.119,75 euros. Ese informe habría servido para inflar el presupuesto de la obra en torno a un 50 %, generando un sobrecoste del que una parte acabó derivándose a la empresa aragonesa como supuesto pago por intermediación. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz se hará cargo de la investigación del supuesto entramado de corrupción en el seno de la SEPI liderado por Leire Díez, Vicente Fernández Guerrero y Antxon Alonso.

El Hipódromo como cortijo de la trama corrupta

El Hipódromo de la Zarzuela (95,78 % SEPI) era uno de los centros operativos de la trama corrupta, donde Pedro Sánchez celebró su 50 cumpleaños, cuando estaba en manos de Francisco Salazar, y era obligatorio llevar mascarillas «en cualquier espacio cerrado de uso público».

Salazar tan sólo estuvo en el cargo un año, de julio a julio de 2021 a 2022. Nada más tomar tierra «trató de externalizar los servicios del centro hípico, y tuvieron que pararle los pies desde la SEPI. Además, el departamento jurídico se plantó cuando planeó la construcción de viviendas y un campo de golf» en las 110 hectáreas de gran valor ecológico dentro del recinto que forma parte del Patrimonio Histórico Nacional.

El que fue número dos de Iván Redondo, y compañero de piso de Ábalos y Cerdán, continuamente repescado por Moncloa, hasta el punto de dejar en un limbo las denuncias de acoso sexual de sus compañeras socialistas, «utilizaba la zona de palcos VIP para hacer negocios y contactos» como si fuera su cortijo. Saltó la liebre cuando descubrieron que solo se estaba facturando una cuarta parte de las entradas premium y que el resto eran invitados del presidente». Allí también campaban a sus anchas Cerdán, que utilizaba un reservado del restaurante La Cantina, «su mano derecha», Leire Díez, y Fernández Guerrero. Durante los ejercicios que estuvo bajo las riendas de Salazar las pérdidas ascendieron a unos 13,4 millones de euros y a un total de 47 millones con la gestión socialista.

Maritcha Ruiz Mateos, exdirectora de Comunicación del PSOE de Sánchez y cercana al presidente desde sus inicios, que salió de Ferraz a los pocos días de la dimisión de Adriana Lastra, de quien era estrecha colaboradora, sustituyó en el cargo al hombre que ha provocado un Me Too en el Partido Socialista, aunque tampoco permaneció allí mucho tiempo. Actualmente, está presidido por Ernesto Gasco, rescatado por Moncloa, en 2020, para ocupar el Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil. Antes había sido viceconsejero de Transportes del Gobierno vasco durante el mandato de Patxi López y noticia en 2005 por ser uno de los protagonistas de la primera boda gay de políticos oficiada por Odón Elorza cuando era alcalde de San Sebastián.

Su primer fichaje fue Judith Martínez Gámez como directora comercial, que había trabajado con él recomendada a su vez por Santos Cerdán, a quien conocía a través de su pareja, Óscar Arizcuren, empresario y exvicepresidente de UPN, amigo suyo de Navarra. Cuando se conoció su vínculo con el ex secretario de Organización del PSOE, en ese momento en prisión preventiva en Soto del Real, la número dos del Hipódromo de Madrid dimitió.

Desde que saltó el escándalo, «Gasco no ha vuelto a pisar el Hipódromo», incluso ha anunciado que «no le esperen hasta marzo». Fue en abril de este año, cuando el Tribunal Supremo respaldó la investigación sobre la conexión de Cerdán con el caso Koldo, y Gasco ayudó a Cerdán a ir en su coche, «cuando siempre utiliza el oficial», hasta la localidad navarra de Milagro con la excusa de visitar una yeguada, para ayudarle a sacar varias cajas de documentos de su domicilio que ocultó luego en un piso que tiene en San Sebastián, según contó en exclusiva El Debate.

Ante este maremágnum de corrupciones, el Congreso está de vacaciones y no habrá plenos hasta febrero de 2026, así que no se podrá sermonear a sus señorías, como hizo Ábalos el día de la moción, cambiando a Rajoy por Sánchez: «Puede intentar sobrevivir, defenderse. ¿Y el resto? ¿Va a colaborar con la impunidad? ¿El resto va a encubrir todo esto, van a compartir la asunción de responsabilidades?». Mientras tanto, a Sánchez le «renta» seguir como si nada, recriminando a la oposición que «cero lecciones», y manteniéndose en el poder con el lema trillado de resistir.