La Fiscal General del Estado, Teresa Peramato
El Gobierno y la Fiscalía acuerdan la distribución de las nuevas plazas de fiscales
En las comunidades más grandes, como Cataluña, Andalucía o Madrid, la distribución se hará por encima de la media nacional
El Ministerio de Justicia y la Fiscalía General del Estado (FGE) han alcanzado un acuerdo para la distribución territorial de las 200 nuevas plazas de fiscal que se convocarán este año, de manera que la plantilla del Ministerio fiscal en Madrid crecerá un 9,38 %; en Cataluña un 8,01 % y en Andalucía un 7,44 %. En declaraciones a los medios antes de visitar las nuevas dependencias de la Fiscalía General del Estado junto a la Fiscal General del Estado, Teresa Peramato, Bolaños ha detallado que se crearán plazas fiscales en todas las comunidades autónomas y órganos centrales y la plantilla del Ministerio Fiscal pasará de 2.804 plazas a 3.004.
La propuesta, ha indicado, se ha elaborado teniendo en cuenta tanto la carga de trabajo como el dimensionamiento actual de las plantillas. Por eso en las comunidades más grandes, como Cataluña, Andalucía o Madrid, la distribución se hará por encima de la media nacional.
Así, la propuesta de distribución por territorios será la siguiente: Andalucía tendrá 38 nuevas plazas, lo que supondrá un incremento del 7,44 % de su plantilla actual; Cataluña tendrá 35, (un 8,01 % más); y Madrid tendrá 32 nuevos fiscales, lo que implica aumentar su plantilla un 9,38 %. Además, la comunidad que más verá crecer su plantilla porcentualmente es Murcia, con 7 nuevos fiscales y un incremento del 9,72 %.
En la Comunidad Valenciana se crearán 20 plazas fiscales (6,94 %); en Canarias y Castilla-La Mancha, 8 (5,8 % y 8 %, respectivamente); y en Castilla y León y Galicia, 7 (5,07 % y 4,52 %, respectivamente). Baleares tendrá 5 nuevas plazas (6,85 %); en País Vasco y Extremadura se crearán 4 plazas (4 % y 6,15 %, respectivamente); en Asturias, 3 (5,66 %); y en Cantabria, Navarra, Aragón y La Rioja, una (3,03 %, 4,17 %, 1,49 % y 7,14 %, respectivamente).
El incremento en los órganos centrales como la Fiscalía General, la Audiencia Nacional, el Tribunal Constitucional y los servicios especiales alcanzará los 18 fiscales, lo que supondrá aumentar su plantilla un 9,23 %. El coste de la creación de estas plazas es de más de 22,5 millones de euros.
