Moncloa tuvo 15 llamadas con el portavoz de Aldama para evitar que el empresario «tirara de la manta»

El complejo del Palacio de La Moncloa mantuvo más de una docena de contactos telefónicos con el periodista Ramón Bermejo, portavoz de Víctor de Aldama, para evitar que el empresario hiciera públicos los episodios de corrupción que afectaban al Gobierno de Pedro Sánchez. El Debate desvela hoy en exclusiva unos contactos hasta ahora desconocidos que cobran especial relevancia después de que Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, anunciara acciones legales y una reclamación económica contra Aldama por las acusaciones vertidas públicamente sobre supuestos intentos de silenciarle.

Este periódico ha accedido al registro telefónico de una línea adscrita a Presidencia del Gobierno que refleja un total de quince comunicaciones con el portavoz del empresario. Los contactos se produjeron entre el 25 de junio y el 27 de agosto de 2024. Es decir, meses después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil desarticulara la trama y ocupando ya Aldama el centro de la actualidad. Entre las comunicaciones destacan varias conversaciones de larga duración. El mismo 25 de junio se produjo una llamada de quince minutos y treinta segundos a las 09.47 horas. Posteriormente, se registraron otras comunicaciones relevantes de más de siete minutos el 22 de julio, de más de seis minutos el 5 de julio y de más de cinco minutos el 27 de agosto. Unos contactos que evidencian una interlocución sostenida en el tiempo.

El tráfico telefónico revela además que el portavoz de Aldama fue derivado a dos departamentos de máxima sensibilidad dentro de Moncloa. Una parte de las comunicaciones fueron con el Gabinete de Pedro Sánchez, entonces dirigido por Óscar López, hoy ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública. Según la información recabada por este periódico, una de las interlocutoras pertenecía al equipo de secretaría del entonces jefe de Gabinete del presidente. Otra de las comunicaciones fueron con el área que dirigía Félix Bolaños en Presidencia. La existencia de estos contactos dibuja un escenario muy distinto al trasladado públicamente desde el Ejecutivo durante meses, en los que se insistió en desacreditar al empresario.

Fuentes de Presidencia del Gobierno consultadas por El Debate admiten que el interés interno que despertaron esos contactos fue «máximo», lo que explicaría la continuidad de las conversaciones y el elevado número de comunicaciones registradas durante semanas. Según estas fuentes, la preocupación de estos dos asesores del Ejecutivo era evitar que el empresario «tirara de la manta» y siguiera realizando revelaciones públicas sobre el caso Koldo y otros episodios que decía conocer, como, con el paso del tiempo, ha acreditado con pruebas durante el juicio que se ha llevado a cabo en el Tribunal Supremo. Desde la Secretaría de Estado de Comunicación no han querido ofrecer a este periódico sus razones por las cuales se comunicaron con el portavoz del empresario.

La revelación de estos contactos adquiere una enorme trascendencia política por el momento en el que se producen y por el discurso que el Gobierno mantuvo públicamente después. Bolaños, a raíz de unas declaraciones del empresario en El Análisis: Diario de la Noche de Telemadird, anunció una demanda contra Aldama por vulneración del derecho al honor y reclama una indemnización de 70.000 euros. Bolaños afirmó públicamente que no conocía «de nada» a Aldama, aseguró que jamás había hablado con él y calificó sus declaraciones de «difamaciones» y «mentiras burdas». En el escrito judicial presentado por el ministro se insiste además en que no ha existido relación alguna ni con el empresario ni con su responsable de comunicación, Ramón Bermejo, a pesar de que los registros telefónicos que hoy publica este periódico acreditan una interlocución directa y reiterada.

La estrategia de confrontación judicial anunciada por el PSOE y distintos miembros del Gobierno ha quedado, sin embargo, marcada por una sucesión de anuncios que nunca llegaron a materializarse en sede judicial. Desde finales de 2024, dirigentes socialistas y miembros del Ejecutivo han amenazado en repetidas ocasiones con querellas contra Aldama por injurias y calumnias. El PSOE llegó incluso a anunciar acciones legales «en nombre de todos los miembros del Gobierno y del partido». Sin embargo, pese a los reiterados anuncios públicos, las querellas prometidas no terminaron de formalizarse.

El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha puesto en valor durante el juicio que se ha celebrado en el Tribunal Supremo la colaboración prestada por el empresario y defendió que sus declaraciones y documentación habían permitido avanzar en distintas líneas de investigación. La Fiscalía reconoció que parte de los datos aportados por Aldama habían podido ser corroborados y Luzón llegó a sostener que la colaboración del empresario había contribuido de manera efectiva al avance de las pesquisas y a esclarecer determinadas adjudicaciones y movimientos económicos de la trama, por lo que sostuvo que el Código Penal permite, en este caso, una rebaja sustancial de la pena para que no entre en prisión.

Patxi López, portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, calificó de «escándalo» la petición del PP para que se tuviera en cuenta la colaboración del empresario con la Justicia. Desde Moncloa se ha acusado a los populares de «colaborar con Aldama» y se ha tratado de desacreditar el valor de sus manifestaciones. Sin embargo, el peso de sus revelaciones ha terminado marcando buena parte del desarrollo del caso Koldo. Ni José Luis Ábalos ni Koldo García han ofrecido hasta ahora explicaciones sobre numerosos episodios de corrupción que han ido apareciendo durante la investigación.