El entramado del ex ‘tres’ de Montero cobró 1,2 millones tras anular a un empresario una multa de 16 millones de Hacienda

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha acreditado que el entramado societario vinculado a José Antonio Marco Sanjuán, ex ‘tres’ de María Jesús Montero, ex vicepresidenta del Gobierno y ex ministra de Hacienda, cobró más de 1,2 millones de euros de un empresario al que previamente el Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC), presidido por él mismo, anuló una deuda de más de 16 millones de euros con la Agencia Tributaria. El Debate publica hoy en exclusiva las nuevas pesquisas incorporadas a la investigación judicial que apuntan a que Marco Sanjuán, investigado por un presunto delito de cohecho, mantenía una operativa de cobro de dinero de empresarios con procedimientos abiertos ante Hacienda.

Este periódico ha tenido acceso al informe que ha elaborado la Unidad de Apoyo de la Agencia Tributaria adscrita a la Fiscalía Anticorrupción, donde se detalla que la sociedad Investment Theorchad SL, propiedad de Enrique Lahuerta Tornos, amigo personal de Marco Sanjuán y considerado por los agentes uno de sus presuntos testaferros, recibió un total de 138 transferencias bancarias por importe de 1.258.922 euros procedentes de Alza Obras y Servicios SL. Esta mercantil pertenece a los empresarios Tomás Alarcón Zamora y Juana Saiz Alarcón, cuya situación tributaria acabó siendo resuelta favorablemente por el TEAC cuando Marco Sanjuán presidía el organismo.

En concreto, el 19 de mayo de 2023 el TEAC estimó una reclamación formulada por Alza Real Estate SA, de estos empresarios, y anuló un acuerdo de derivación de responsabilidad por importe de 16.099.696 euros relacionado con el IVA de los ejercicios 2008 y 2009. Según la documentación analizada por la Policía y la Fiscalía Anticorrupción, mientras se producían estas resoluciones favorables, el entramado societario vinculado al ex alto cargo de Hacienda recibía pagos periódicos procedentes del entorno empresarial beneficiado.

Las pesquisas policiales sostienen que los empresarios pactaron pagos mensuales que oscilaban entre los 7.000 y los 10.000 euros con el circuito de sociedades utilizado por Marco Sanjuán. Buena parte de esas transferencias fueron emitidas bajo conceptos genéricos como «asesoría» o «servicios asesoría», según reflejan las facturas incorporadas a la causa. Algunas de ellas superaban ligeramente los 10.000 euros mensuales. Los investigadores destacan además un elemento especialmente relevante, que es que estos pagos no cesaron tras estallar el escándalo. Las transferencias continuaron realizándose hasta el 1 de agosto de 2025. Es decir, más de un mes después de que Marco Sanjuán hubiera dimitido por los reportajes de investigación publicados por El Debate.

La investigación sitúa a Enrique Lahuerta Tornos como una figura clave dentro de la operativa, ya que no solo actuaba como administrador de la sociedad utilizada para canalizar los pagos, sino que además mantenía una relación directa con los empresarios beneficiados por las resoluciones del TEAC. La Policía ha constatado que trabajó para empresas de la familia Alarcón Zamora entre 2014 y 2022 mientras simultáneamente era socio de Marco Sanjuán en la sociedad Investment Betancunia SL. Para los investigadores, esta doble vinculación resulta fundamental porque convierte a Lahuerta en el nexo entre los empresarios que obtenían resoluciones favorables y el entramado societario utilizado para canalizar los pagos.

Presiones a los vocales

Los agentes también han detectado un modus operandi repetido en varias de las resoluciones que están siendo objeto de análisis judicial. El TEAC es un órgano colegiado en el que el presidente distribuye internamente los asuntos entre distintos vocales. Sin embargo, según la investigación, en numerosos expedientes sensibles Marco Sanjuán derivaba las resoluciones a Francisco José Palacio Ruiz de Azagra, vocal Jefe de Recaudación. Las pesquisas apuntan a que el ex ‘tres’ de Montero mantenía una posición de control sobre la tramitación de determinados recursos y se sospecha que influía en los vocales para orientar el sentido de las resoluciones que posteriormente beneficiaban a empresarios conectados con su entorno, de ahí que los nombres de los vocales se repitieran en los expedientes que están siendo objeto de investigación.

A pesar de que la sospecha sobre las presiones a las vocales no había trascendido porque el procedimiento fue secreto, uno de los primeros movimientos realizados por Arcadi España, el nuevo ministro de Hacienda, fue cesar a Ruiz de Azagra como vocal del TEAC. Una destitución que se aprobó en el Consejo de Ministros del pasado 14 de abril. Poco después de abandonar el organismo público, Ruiz de Azagra se incorporó al despacho Garrido, una firma especializada en asesoramiento en Derecho Tributario y Fiscal cuyo propietario mantiene una estrecha relación de amistad con Marco Sanjuán.

Este episodio se suma a las últimas revelaciones publicadas en El Debate del ex 'tres' de Montero. La Policía sorprendió a Marco Sanjuán utilizando un vehículo de más de 100.000 euros que figuraba a nombre de B2B Corporación Jurídica SL, otra de las sociedades integradas en el entramado bajo análisis policial. La mercantil está administrada por Carolina Verdés Pastor, pareja de Marco Sanjuán, abogada fiscalista y secretaria general de la Asociación Profesional de Asesores Fiscales de la Comunidad Valenciana. Según la investigación, la sociedad de Verdés aparece igualmente vinculada al circuito utilizado para canalizar pagos de empresarios con causas abiertas ante la Agencia Tributaria.