El expresidente catalán Jordi Pujol
El fiscal señala la incoherencia entre el fraude de los Pujol y el discurso de «España nos roba»
El Ministerio Público ha arremetido contra el intento de las defensas de presentar el caso como un «ataque a Cataluña y un juicio político»
El fiscal Anticorrupción Fernando Bermejo ha confrontado el «discurso público de Espanya ens roba (España nos roba)» –mantenido durante años en Cataluña por el nacionalismo y el independentismo– con el fraude fiscal de la familia del expresidente de la Generalidad Jordi Pujol, a quienes el fiscal ha reprochado que eludieran su obligación de pagar impuestos que sirven para sufragar «colegios, hospitales y servicios públicos».
En sus informes finales ante el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga a la familia Pujol por la fortuna oculta en Andorra, Bermejo ha arremetido contra el intento de las defensas de presentar el caso como un «ataque a Cataluña y un juicio político», esgrimiendo las maniobras de la llamada «policía patriótica».
Asimismo, ha pedido al tribunal que valore las pruebas del juicio en el «contexto» de los delitos de corrupción, que tienen lugar «en el ámbito de una omertá interesada y buscada», lo que explica a su parecer que ninguno de los empresarios que han declarado en el juicio haya explicado el origen de las facturas millonarias sin soporte documental pagadas al primogénito, Jordi Pujol Ferrusola.
La Audiencia Nacional confirmó ayer la decisión de archivar la causa contra el expresidente catalán por falta de capacidad cognitiva y posibilidades de defensa. La Fiscalía acusa a los Pujol de los delitos de blanqueo, falsedad en documento mercantil, contra la Hacienda Pública y frustración de la ejecución.
El Ministerio Público pide la mayor pena, de 17 años de cárcel, para el primogénito de los Pujol y su exesposa Mercè Gironès, a quienes sitúa al frente del supuesto entramado para el cobro de comisiones ilegales de empresarios con las que cree amasaron la fortuna que durante décadas mantuvieron oculta en Andorra. Les sigue Josep Pujol, para quien solicita 14 años.
Al resto de hijos del expresidente de la Generalitat –Pere, Oleguer, Oriol, Mireia y Marta–, el ministerio público les pide ocho años de cárcel y cinco para cada uno de los nueve empresarios acusados de pagar a la familia Pujol a cambio de adjudicaciones de obra pública.
