El juez también sitúa a Zapatero como el cerebro de una red que se enriquecía con la venta de oro y petróleo

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama sitúa a José Luis Rodríguez Zapatero como el supuesto cerebro de una «estructura estable y jerarquizada» dedicada al tráfico de influencias, el movimiento internacional de fondos y operaciones económicas de alto valor vinculadas al oro y al petróleo. Tal y como consta en el auto al que ha tenido acceso El Debate, el magistrado sostiene que el expresidente del Gobierno intervino directamente en negocios internacionales relacionados con «petróleo, oro, compraventa de acciones o divisas» dentro de una operativa presuntamente diseñada para obtener beneficios económicos a través de sociedades instrumentales y redes de influencia política.

La resolución judicial, de 85 páginas, atribuye a Zapatero un papel central dentro de la trama investigada en el marco del caso Plus Ultra. El instructor afirma que la investigación ha permitido constatar la existencia de «una trama organizada de ejercicio ilícito de influencias, estructuralmente organizada y liderada por José Luis Rodríguez Zapatero». Según el juez, dicha red «habría puesto sus contactos personales y su capacidad de acceso a altos cargos de la Administración al servicio de terceros interesados en obtener decisiones favorables».

Uno de los puntos más delicados del auto aparece cuando el magistrado analiza el funcionamiento económico y societario de la estructura investigada. En ese apartado, Calama sostiene que la operativa de la red presentaba «rasgos comunes» como la utilización de documentación ficticia, sociedades sin actividad real, ocultación de documentación contable y uso de administradores testaferros. Es precisamente ahí donde el juez introduce una frase especialmente comprometedora sobre el expresidente socialista. La resolución habla de la «intervención directa de Zapatero en operaciones internacionales de alto valor económico, como las relativas al petróleo, oro, compraventa de acciones o divisas».

El auto no atribuye en este punto un delito concreto relacionado con la compraventa de oro o petróleo. Sin embargo, sí incorpora esas actividades dentro del contexto general de la investigación por tráfico de influencias y blanqueo de capitales. El magistrado sostiene que la estructura investigada habría utilizado sociedades instrumentales y canales financieros opacos «para ejercer influencias ilícitas, ocultar el origen y destino de los fondos y obtener beneficios económicos en favor de terceros y del propio entramado».

La Audiencia Nacional también sitúa junto a Zapatero a varios nombres clave dentro de la operativa. Entre ellos aparece Julio Martínez Martínez, considerado por los investigadores el principal gestor societario y financiero de la red, así como Manuel Aarón Fajardo García, definido en conversaciones intervenidas como «la pieza de ZP en Venezuela». Según el juez, ambos actuaban como intermediarios directos con clientes interesados en acceder a decisiones administrativas o contactos institucionales de alto nivel.

Calama sostiene que los clientes de la red «abonaban cantidades significativas por servicios de asesoría inexistentes» siendo posteriormente redistribuidos los fondos «hacia el entorno de Zapatero y Julio Martínez Martínez». El auto añade que las comunicaciones intervenidas revelan que la trama actuaba tanto en España como en el extranjero, manteniendo contactos con «autoridades y operadores económicos de Venezuela, China, Emiratos Árabes Unidos y otros países».

El magistrado también pone el foco en la creación de estructuras internacionales destinadas presuntamente a ocultar el movimiento del dinero. La resolución recoge que Zapatero, junto a Julio Martínez y otros investigados, habría impartido instrucciones para crear una sociedad offshore en Dubái denominada Landside Dubai FZCO o Landside Middle East FZCO. Según el juez, la proximidad temporal entre la creación de esa sociedad y la firma de contratos ligados al rescate de Plus Ultra «refuerza la hipótesis» de que dicha mercantil «habría sido creada para recibir fondos en el extranjero, evitando su trazabilidad en territorio español».