Vox exige en el Senado una comisión de investigación sobre la supuesta financiación ilegal del PSOE

VOX ha registrado hoy en la Mesa del Senado un escrito en el que apela al artículo 59 del Reglamento del Senado, los cuatro senadores de Vox han propuesto que la Mesa acuerde la comunicación de una solicitud para la creación de una Comisión de Investigación sobre las presuntas tramas de financiación irregular del PSOE. Así como la posible utilización de estructuras del Estado, entidades públicas y organismos dependientes del sector público institucional para favorecer redes de corrupción, tráfico de influencias y adjudicaciones irregulares vinculadas a personas relacionadas con el PSOE. Han instando a otros miembros de la Cámara Alta a adherirse a esta solicitud para poder cumplir el requisito de reunir 25 senadores.

Esta petición se he realizado el mismo día que agentes de la UCO han accedido a la sede nacional del PSOE y a otras sedes institucionales, en el marco de una investigación judicial dirigida por la Audiencia Nacional relacionada con una presunta trama de corrupción y posibles irregularidades en la financiación y funcionamiento interno del Partido Socialista.

«La entrada de la UCO en la sede nacional del partido que sustenta al Gobierno constituye un hecho de extraordinaria gravedad institucional y democrática, absolutamente excepcional en nuestra historia reciente, y exige una respuesta firme desde las Cortes Generales dirigida a garantizar la transparencia, la depuración de responsabilidades políticas y el esclarecimiento completo de los hechos», denuncia la formación que preside Santiago Abascal.

En su escrito, Vox a comunicado que las informaciones publicadas por distintos medios de comunicación y las diligencias judiciales conocidas hasta la fecha apuntan a que la investigación afecta a personas vinculadas al entorno del Partido Socialista y analiza posibles conexiones entre responsables políticos, empresarios y adjudicaciones públicas relacionadas con organismos dependientes del Estado y sociedades participadas por el sector público. Argumenta el partido que los hechos investigados «guardarían relación con actuaciones desarrolladas durante los últimos años desde distintos ámbitos de la Administración General del Estado y del sector público institucional, afectando potencialmente a entidades estratégicas y organismos públicos sometidos al control del Gobierno».

Para la formación conservadora, califican de especial «gravedad» las informaciones relativas a la posible existencia de redes de influencia destinadas a facilitar contratos públicos, rescates empresariales, acceso privilegiado a información reservada y utilización de relaciones políticas para favorecer determinados intereses empresariales y particulares. Además, también explica en su solicitud que las investigaciones judiciales y policiales conocidas hasta la fecha apuntan a la posible participación o conocimiento de altos cargos políticos, asesores ministeriales y personas estrechamente vinculadas a la dirección nacional del partido de Pedro Sánchez. Ello obliga, afirma la formación de derechas, a «esclarecer si dichas conductas pudieron desarrollarse desde estructuras orgánicas del partido o utilizando recursos e influencia derivados del ejercicio del poder político».

La solicitud registrada recuerda que «diversos procedimientos judiciales e investigaciones parlamentarias desarrolladas durante la presente legislatura ya han puesto de manifiesto la existencia de graves indicios de corrupción relacionados con adjudicaciones públicas, contratos de emergencia, rescates empresariales financiados con fondos públicos y presuntas redes de comisionistas vinculadas al entorno político del Gobierno». De este modo, la Cámara de representación territorial y órgano constitucional de control político «no puede permanecer ajeno ante unos hechos que afectan directamente a la confianza de los españoles en las instituciones, a la limpieza de los procesos de contratación pública y a la integridad del sistema democrático».

Vox también ha solicitado la comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, la secretaria de estado de Seguridad, Aina Calvo Sastre, y el director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, para que comparezcan en la Comisión de Interior del Senado. Con el objetivo de « dar cuenta de los criterios seguidos por el Ministerio del Interior en los nombramientos y ascensos de altos mandos policiales relacionados con actuaciones e informaciones de relevancia pública vinculadas al denominado «Delcygate», así como de las actuaciones realizadas por su departamento ante las informaciones aparecidas sobre posibles vínculos entre determinados mandos policiales y tramas de influencia política y económica».