Conde-Pumpido forma un grupo de trabajo para dar respuesta única a todos los conflictos planteados contra el Gobierno

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite, en el Pleno celebrado este jueves, el conflicto entre órganos constitucionales interpuesto por el Senado frente al Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de marzo de 2026, que rechazó el requerimiento formulado por la Cámara Alta en relación con la no celebración de la comparecencia del Presidente del Gobierno del pasado 29 de enero, para dar cuenta de los accidentes ferroviarios de Adamuz, en Córdoba, y de Rodalies, en Cataluña.

La mayoría absoluta del Partido Popular aprobó acudir al TC argumentando que Pedro Sánchez no acudió a un Pleno extraordinario pese a que estaba citado para hablar sobre sendas tragedias. Tras la negativa del jefe del Ejecutivo, el titular del Senado, Pedro Rollán, llegó a mandar una carta al jefe del Ejecutivo en la que le advertía de «consecuencias jurídicas» si se ausentaba, como finalmente sucedió.

Además, también se aceptaba el conflicto presentado, también por el Senado, con mayoría absoluta del PP, frente al Acuerdo de disconformidad, firmado por el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales, de fecha 15 de septiembre de 2025, respecto de la tramitación de la enmienda número 8 del Grupo Parlamentario del PP, por la que se introducía una disposición adicional en el Proyecto de Ley para modificar la Navegación Aérea y la Seguridad Aérea, en nuestro país.

Así las cosas y según ha podido saber El Debate, el presidente de la Corte de Garantías, Cándido Conde-Pumpido, ha propuesto al colegio de magistrados la conformación de un grupo de trabajo de los letrados adscritos de varios de ellos, para estudiar los casos que los populares han venido presentando contra el Gobierno, para dar una respuesta unificada a los mismos.

Un planteamiento que, si bien no ha encontrado con la oposición interna de ninguno de los miembros del TC, es complicado que salga adelante por la «distinta naturaleza» de las materias que se tratan en cada uno de ellos y porque, esto, «no puede servir para que la negativa de alguno de los ponentes a seguir el criterio conjunto» permita a Conde-Pumpido alterar los repartos de los asuntos, mediante un «cambio de cabecera» sobrevenida que obligue a los ponentes a ceder sus causas, si no están de acuerdo con el resultado del dictamen de los seis letrados a los que se les ha asignado la tarea conjunta.