El Debate accede al sumario de las 'cloacas'  La UCO señala que la trama de Cerdán y Leire Díez protegía al presidente, a miembros del Gobierno y al PSOE

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sostiene que las pesquisas desarrolladas hasta la fecha, en el marco de una causa que instruye el magistrado Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional, apuntan a la existencia de un grupo criminal organizado por Santos Cerdán y Leire Díez que, entre los años 2024 y 2025, habría llevado a cabo una serie de actuaciones delictivas, destinadas a proteger los intereses socialistas frente a las distintas causas judiciales que afectan al PSOE y, que de forma directa o indirecta, salpican de corrupción a miembros del Gobierno, entre ellos ministros, y al propio presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

Así figura en uno de los informes incorporados por la UCO a las pesquisas judiciales, donde los agentes describen la actuación de varias personas que, según su análisis, habrían coordinado esfuerzos para influir, hasta neutralizarlos, en asuntos de carácter judicial considerados «sensibles» para «el one» y el núcleo duro del Partido Socialista.

Entre los nombres propios señalados por los investigadores, al frente de las maniobras ilícitas, figura el del exdirigente socialista Gaspar Zarrías Arévalo, que fuera senador por Andalucía. Según la UCO, dentro de la estructura del grupo, Zarrías habría asumido las cuestiones relacionadas con el ámbito jurídico.

No en vano, os agentes sostienen que éste era conocedor de la actividad desplegada por la trama y de la información manejada por ésta que, según las pesquisas, habitualmente, le transmitía la 'fontanera' Leire Díez.

La Guardia Civil considera, además, que existen indicios de que Zarrías no solo conocía las actuaciones bajo sospecha, sino que, a su vez, también habría aportado información relevante para el grupo. Los investigadores destacan cómo su vinculación con los hechos objeto de análisis se remonta a un período anterior, incluso, a los plazos y fechas en los que se centran las investigaciones ya que algunos elementos de interés detectados se remontarían, al menos, al año 2022.

Todo ello sin perder de vista la mercantil ZAÑO Sociedad Consultores S.L., empresa de la que Zarrías es administrador y socio único. Según la hipótesis de los investigadores de la UCO, dicha mercantil habría sido utilizada como vehículo para canalizar parte de las cantidades entregadas por el PSOE a Leire Díez por los servicios que, presuntamente, prestó en el contexto de las maniobras destapadas. Unos pagos que se habrían maquillado bajo facturas falsas emitidas por ésta a Zarrías, en concepto de servicios de consultoría.

Un contrato «instrumental»

De acuerdo con la documentación analizada por los agentes, Díez formalizó su relación con la empresa de Zarrías mediante un contrato laboral que la Guardia Civil considera «instrumental». Los investigadores sostienen que dicho acuerdo habría servido para simular una relación laboral que se extendió durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre de 2024.

Durante esos cuatro meses, y siempre según las conclusiones preliminares del informe policial, Leire Díez habría percibido cuatro nóminas de 4.000 euros netos cada una, lo que suma un total de 16.000 euros. Por lo tanto, puesto en cuarentena el soporte legal que los habría justificado, la UCO considera que estos pagos no responderían a una actividad laboral real, sino que formarían parte del sistema utilizado para remunerar los trabajos opacos que la 'fontanera', imputada en dos causas, habría desarrollado para el grupo.

Uno de los aspectos más relevantes del informe es la referencia al origen de los fondos utilizados para efectuar esos pagos. Los agentes concluyen que el dinero abonado a través de la empresa vinculada a Zarrías tendría su origen en una decisión adoptada por Santos Cerdán y que, por lo tanto, tendrían el visto bueno de Ferraz.