El vicepresidente del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, en una rueda de prensa
Vox ordena activar un protocolo de pruebas de edad a menores inmigrantes que el Gobierno envía a Aragón
El vicepresidente, Alejandro Nolasco, ha informado de que se ha expulsado de los servicios sociales a un inmigrante de Mauritania que había declarado tener 13 años y tras la prueba se determinó que ronda los 20
Se trata de una medida contemplada en el acuerdo de gobierno que firmaron PP y Vox
La Consejería de Desregulación, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón ha dado orden de activar un protocolo para realizar pruebas de edad a todos los menores inmigrantes que el Gobierno central obliga a la región a acoger y que lleguen sin el certificado biológico que acredite su edad.
Así lo ha anunciado el vicepresidente primero y consejero, Alejandro Nolasco, de Vox, que en una rueda de prensa ha subrayado que solo el 20 % de los menores que envía el Estado a esta comunidad llegan con dicho certificado. Según ha indicado, el Gobierno solicitará estas pruebas a través de la Fiscalía de Menores y las realizará el Instituto de Medicina Legal (IMLA).
Esta medida, que se encuentra recogida en el acuerdo de gobierno que firmaron el PP y Vox, se produce después de que, tal como ha explicado ante los medios, se hayan detectado desde los servicios de la consejería «múltiples indicios de fraude» en el expediente remitido por el Estado, como el caso de un inmigrante procedente de Mauritania que llegó hace tres meses para ser acogido en Aragón de forma «forzosa» por imposición del Gobierno central, «bajo amenaza de responsabilidad penal» contra el Ejecutivo autonómico.
El vicepresidente ha apuntado que el Gobierno de Pedro Sánchez se limitó a «dar por buena» la fecha de nacimiento que había dicho el inmigrante, de tal manera que se había trasladado que tenía 13 años –también, que tenía dos hijos en su país–, y tras realizarle la prueba biológica se determinó que en realidad ronda los 20 años. Para Nolasco se trata de «un fraude mayúsculo contra el Gobierno de Aragón y contra los aragoneses porque la residencia fraudulenta como menor le ha costado a los aragoneses alrededor de 13.000 euros».
Tras conocer su edad real, se ha decidido expulsarle de los servicios sociales autonómicos, y así se ha trasladado a la Policía y a la Delegación del Gobierno para que asuma la responsabilidad Interior, una expulsión, ha recalcado, que cuenta «con plenas garantías legales». Según ha sostenido el vicepresidente, este «no es un caso aislado». De hecho, ha apuntado también el de otra inmigrante que según el Gobierno central tiene 9 años pero que, de acuerdo con una estimación pediátrica, tendría en realidad 13.
«Los casos de falsos menas que detectemos serán notificados de inmediato. Y los llevaremos a las puertas de la Delegación del Gobierno para que se hagan cargo de ellos y queden bajo su estricta responsabilidad», ha advertido Alejandro Nolasco, que asegura que no serán cómplices de lo que considera una «invasión migratoria».