La reforma del Reglamento del Congreso contra la «oposición ultra» pasa su primer trámite

El Pleno del Congreso votó este jueves a favor de la toma en consideración de una proposición de reforma del Reglamento de la Cámara Baja impulsada por el PSOE, por 179 votos a favor y 169 en contra. Otra reforma más. Ésta supuestamente para «actualizar y mejorar el régimen de la disciplina parlamentaria», según los proponentes, aunque la modificación tiene su origen en un incidente en concreto: el que protagonizó el diputado de Vox José María Sánchez García en el Pleno del pasado 14 de abril, cuando se encaró con una letrada y con el vicepresidente primero, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, después de que éste le hubiese negado en varias ocasiones la palabra para responder a los insultos de un diputado de Sumar.

Entre otras cosas, la reforma pretende incorporar una nueva causa de suspensión temporal de la condición de diputado. Ésta: «Cuando con su conducta, de obra o de palabra, ejerciera, en el recinto parlamentario, violencia o intimidación grave sobre la Presidencia o la Mesa, ya sea de la Cámara o de cualquier Comisión, o sobre el Cuerpo de Letrados o Ujieres que asiste a las mismas, en el transcurso de una sesión o fuera de ella».

El debate se produjo tres días después de que el Papa señalase en ese mismo hemiciclo: «Las palabras pueden abrir caminos o cerrarlos; pueden iluminar la realidad o deformarla hasta hacer imposible el encuentro. Quienes ejercen una responsabilidad pública tienen, por eso, una especial obligación de custodiar la palabra para ‘desarmar el lenguaje’. La firmeza no exige desprecio; la discrepancia no conlleva humillación».

La diputada del PSOE Rafaela Romero defendió sobre la tribuna que la democracia «tiene el derecho y el deber de defenderse» y se preguntó: «¿Puede una democracia permanecer impasible cuando determinadas conductas pretenden sustituir el debate por la intimidación, el respeto por el hostigamiento? No». Y el diputado de Sumar Francisco Sierra la secundó con entusiasmo, acusando al PP y Vox de ser «una oposición ultra» que practica el «ruido y violencia verbal», como también la «intimidación». Por eso, Sierra llamó a «reestablecer el orden y la concordia en este hemiciclo». «Los de la prioridad nacional no saben que no están en una taberna, ni un plató, ni un reality», añadió.

El entusiasmo de la izquierda con la medida quedó aguado con la intervención de Junts y ERC, cuyos portavoces alertaron de que esta modificación del Reglamento puede acabar volviéndose en contra de los que ahora la impulsan y de las minorías, en alusión a los grupos independentistas. «No vayamos a dispararnos en el pie», alertó la diputada de ERC Pilar Vallugera. «Si las cosas van a ir como dicen que van a ir -las encuestas-, nos encontraremos con una mayoría de derecha y de extrema derecha. ¿Somos nosotros quienes debemos darles elementos que puedan luego coaccionarnos a nosotros, ¿debemos darles los instrumentos para que nos puedan sancionar, multar, expulsar?», se preguntó y preguntó a las bancadas de la izquierda.

Y el diputado de Junts Josep Maria Cervera también puso pegas: «Si esta reforma aspira a reforzar el respeto institucional, debe ser garantista con todo el mundo y aplicar con criterios objetivos (…). Si se aplica de forma arbitraria puede ser una herramienta susceptible de limitar la libertad de expresión de algunas minorías parlamentarias. La norma necesita ajustes importantes y definiciones más precisas», mantuvo Cervera.

Por parte de Vox intervino el aludido, el objeto de la reforma: el diputado Sánchez García. Éste se defendió explicando que no ejerció «ninguna violencia» sobre el vicepresidente ni sobre la letrada, sino que subió al estrado a quejarse porque había pedido la palabra repetidamente y se le había negado. Y que no hay ningún punto del Reglamento que impida a un diputado subir al estrado. «Tienen una voluntad de avasallamiento propia del totalitarismo democrático», denunció el diputado de Vox, que apostó por una «libertad verdadera» en el hemiciclo, «no este timo del PSOE y sus acompañantes».

Desde las filas del PP, la diputada Marta González señaló que el Reglamento ya cuenta con las herramientas suficientes para defender la convivencia en el hemiciclo, pero añadió que es la Presidencia la que ha de velar por ello. «La función moderadora ha perdido su efectividad», señaló, dirigiéndose a una Francina Armengol ausente. Y le recordó que los 12 presidentes anteriores de la Cámara Baja desempeñaron su función sin necesidad de ninguna reforma.

La toma en consideración es solo el primer peldaño. Ahora la reforma deberá ser debatida y enmendada en comisión antes de volver al Pleno para su aprobación definitiva, si es que llega.