Sánchez pasa de ser ignorado a ser reprochado por los líderes europeos tras la imputación de Zapatero

Eran las 16:50 del pasado jueves cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llegaba al imponente edificio donde se iba a celebrar la cumbre europea de los veintisiete presidentes y jefes de Gobierno. Es ese lugar donde se realizan los conocidos como 'doorstep', la parada de los asistentes para hacer declaraciones ante los medios de comunicación en el umbral de entrada al Consejo Europeo. Y para recoger las intervenciones de todos los mandatarios, el Consejo Europeo cuenta con dos canales de televisión de emisión interna.

Sin embargo, a esas 16:50 horas en uno se veían las declaraciones del primer ministro de Rumanía, Nicusor Dan, y en el otro un plano general del espectacular paso. Solo al fondo de esta última imagen se podía observar que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se había detenido frente al grupo de periodistas españoles. No se vieron sus declaraciones que, por cierto, en esta ocasión fueron extensas debido a la cantidad de temas nacionales que traía el presidente después de la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero y, esa misma mañana, de sus hijas.

Se constataba de la forma más gráfica posible el abandono al que se ha visto sometido el presidente español en los últimos meses, desde que prácticamente en cualquier cuestión decidió llevar la contraria a la mayoría de los países de la Unión Europea.

Sánchez fue el único que se negó expresamente a aumentar el gasto militar, aunque luego lo hiciera de tapadillo. Atacó por activa y por pasiva al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por el ataque a Irán, pero tampoco colabora en el grupo de países encabezado por Francia y Reino Unido para garantizar la apertura del estrecho de Ormuz. Se empeña en mantener vínculos tecnológicos con China a pesar de que la Unión Europea advierte una y otra vez del peligro de permitir que el país asiático controle telemáticamente España.

De ahí que, como ha venido explicando El Debate en diversas ocasiones, Sánchez sea el presidente ignorado en las cumbres y encuentros paralelos de la Unión Europea, en aquellos en los que el resto de países no tienen la obligación de admitir su presencia.

Ya lo dijo el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, el pasado jueves también desde Bruselas cuando acudió a la reunión de líderes del Partido Popular Europeo. «Mis colegas del PPE, muchos de ellos jefes de Gobierno de los países miembros, me preguntan qué está pasando en España».

Feijóo aseguró que esa pregunta se había intensificado «en la última semana o diez días», desde que se conoció la imputación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, por el presunto cobro de comisiones en el caso Plus Ultra, la aparición de un arsenal de joyas en su despacho y la posterior investigación a sus hijas.

Sin embargo, esas preguntas sobre la presunta corrupción en España no han salido a la luz pública. Fuentes de la Comisión Europea recuerdan que se trata de temas «internos» de España. «Mientras esa presunta corrupción no afecte al dinero que proviene de Bruselas, la Comisión no se puede pronunciar», recuerdan funcionarios españoles que trabajan en Bruselas. Ya son los medios internacionales quienes se encargan de recordar los escándalos que día sí y día también saltan desde España. «No se puede decir públicamente, pero no somos ni ciegos ni tontos», expresan los funcionarios.

Por eso, quizá, por esa imposibilidad de hablar públicamente, los líderes europeos han saltado contra España en este Consejo Europeo a cuenta de un tema que se conoce desde hace meses, desde finales de enero para ser exactos, la regularización masiva de inmigrantes en España, pero que no ha sido hasta este momento en el que ha estallado.

Al menos cuatro líderes europeos tomaron la palabra el pasado jueves durante la reunión del Consejo Europeo para reprocharle a Pedro Sánchez la regularización masiva que ha puesto en marcha en España y que, lejos del medio millón de afectados, los últimos datos de los que se tiene constancia advierten de que casi un millón de inmigrantes irregulares podrían verse beneficiados por esta medida.

Entre los críticos, conservadores como la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, o el primer ministro de Bélgica, Bart de Weber, pero también socialistas como la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, promotora de una carta a la presidenta de la Comisión Europea, y el presidente del Consejo de la UE, Antonio Costa, en la que les piden acelerar el proceso para abrir centros de retorno de inmigrantes en terceros países, se plantaron ante Sánchez y le echaron en cara esta regularización masiva por las consecuencias que pueden tener para el resto de países de la Unión Europea.

Se hacían eco, al mismo tiempo, de la posición mostrada por el Comisario de Interior y Migraciones, Magnus Brunner, quien, a pregunta del Partido Popular en el Parlamento Europeo, ya advirtió de que la política migratoria era un asunto nacional, pero que no tenía que afectar al resto de socios de la Unión Europea.