El banquillo de los acusados del Supremo, durante el juicio
Las claves de la sentencia del Supremo a Ábalos, Koldo García y Aldama por el caso mascarillas
El Supremo condena a 24 años de cárcel a Ábalos, 19 a Koldo y 4 y medio a Aldama
La sentencia da por probada una organización criminal dentro del Gobierno destapada por Aldama
La Sala Segunda del Tribunal Supremo dio a conocer este lunes la sentencia del caso mascarillas por la que condena a prisión al exministro y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, a su exasesor ministerial Koldo García, y al comisionista de la trama Víctor de Aldama, que finalmente no entrará en la cárcel por su colaboración con la Justicia. Se trata de una sentencia demoledora, y la primera del llamado caso Koldo que se investiga en la Audiencia Nacional.
¿Por qué delitos se les condenan y qué penas se les imponen?
José Luis Ábalos está condenado por organización criminal, varios delitos de cohecho, tráfico de influencias y malversación. La pena impuesta por ello son 24 años y tres meses de cárcel, así como una multa de 50 euros al día durante 20 meses e inhabilitación por 12 años. Respecto a Koldo García, está condenado por los mismos delitos a 19 años y ocho meses y una multa de 45.750 euros. Las penas de prisión son las que había solicitado la Fiscalía Anticorrupción.
Y a Víctor de Aldama, cuatro años y medio de cárcel por organización criminal y cohecho y 72.000 euros de multa, aunque finalmente no entrará en prisión –si no vuelve a delinquir, presenta un informe semestral de actividades y hace un año de trabajos en beneficio de la comunidad–, por colaborar con la Justicia «proporcionando datos fácticos relevantes a la misma, que han permitido su estudio y confirmación por la instrucción judicial».
Sentencia del 'caso mascarillas'
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Acreditada la existencia una «organización» criminal
La sentencia del Alto Tribunal concluye que Ábalos, García y Aldama «constituyeron una organización, en la que cada uno de ellos asumió un papel diverso y complementario, con un preciso reparto de funciones». Ábalos era considerado por los otros dos acusados como «el jefe» y su exasesor como «hombre de confianza» y «alter ego», y «siempre actuaba en su nombre».
El primero utilizaba su influencia, por su cargo en el partido como en el Gobierno, para favorecer contratos públicos a empresas captadas por Aldama, «a cambio del correspondiente beneficio económico» del que todos participaban. El segundo se encargaba de gestionar la contratación de personas en empresas del sector público y solicitar y gestionar mordidas. Y Aldama se encargaba de localizar empresas y pagar comisiones.
El Alto Tribunal señala que la organización tenía desde el principio «vocación de permanencia en el tiempo», algo que se evidencia en «el hecho de que estuvo operando durante varios años y proyectando su actuación delictiva en distintas esferas, que solo comenzó a debilitarse tras la simultánea salida de Ábalos y Koldo» del Ministerio de Transportes.
13 millones de mascarillas a Soluciones de Gestión, enchufes en empresas públicas y mordidas
El Supremo considera probados «los delitos en la adjudicación del suministro de trece millones de mascarillas a Puertos del Estado y Adif a una empresa vinculada a Aldama; la remuneración mensual de 10.000 euros para «gastos fijos» de Ábalos; la contratación de dos conocidas del exministro en empresas públicas; el pago del piso a una de ellas; el contrato de arrendamiento con opción a compra entre Aldama y Ábalos de un piso en Madrid; y el arrendamiento de viviendas en Marbella y La Línea de la Concepción, también con opción de compra, por gestiones relacionadas con la emisión de una nota de prensa sobre el rescate de Air Europa y para la concesión de una licencia de hidrocarburos», tal como María Jamardo en El Debate.
«Deterioro de la confianza» en el sistema político
Asimismo, en la sentencia los magistrados del Supremo remarcan que «el efecto más grave» de todo esto es «el deterioro de la confianza ciudadana en el sistema político, al quebrar la expectativa de que el poder democrático se ejerce en beneficio del conjunto de la ciudadanía». Y señalan que «una sociedad que percibe que quienes ocupan posiciones de poder actúan guiados por intereses privados, o ajenos al servicio público para obtener un beneficio, experimenta una pérdida de legitimidad institucional que compromete la estabilidad del propio sistema».
