Este es el contrato que Zapatero firmó para justificar el cobro de 200.000 euros por sus gestiones en Bolivia

José Luis Rodríguez Zapatero firmó un contrato de asesoramiento con una empresa peruana de marketing que, según la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, sirvió para justificar el cobro de 200.000 euros mientras realizaba gestiones a favor del Grupo Gloria ante las más altas autoridades de Bolivia. El Debate publica hoy el documento íntegro, intervenido durante el registro de la oficina del expresidente en la calle Ferraz de Madrid, que fija unos honorarios de 200.000 euros, pagaderos en tres plazos, además de una dieta de 10.000 euros diarios por viaje y el abono de todos los gastos derivados de esos desplazamientos.

El informe policial sostiene que el contrato fue suscrito el 10 de mayo de 2024 entre Rodríguez Zapatero y la mercantil peruana Focus Social Research SAC. Sobre el papel, la sociedad figuraba como cliente y el expresidente como asesor. Sin embargo, los investigadores concluyen que los servicios realmente prestados «no guardan relación» con la actividad de esa compañía, dedicada a estudios de mercado y consultoría, sino con las gestiones desarrolladas en favor del Grupo Gloria, un conglomerado empresarial peruano con importantes intereses económicos en Bolivia.

La propia UDEF sostiene que Focus Social Research habría actuado como una sociedad interpuesta para canalizar los pagos. Según el informe, las tres transferencias recibidas por Rodríguez Zapatero entre julio de 2024 y junio de 2025, por un importe conjunto de 200.000 euros, corresponden al cumplimiento de ese único contrato de asesoramiento. Los agentes destacan que los conceptos bancarios de las transferencias coinciden con las facturas emitidas por el expresidente en ejecución del acuerdo.

El documento establece una duración inicial de un año, prorrogable automáticamente, y fija una retribución de 200.000 euros abonada en tres pagos. A ello añade una cláusula especialmente llamativa: cada desplazamiento del asesor generaría una dieta de 10.000 euros diarios, además del reembolso íntegro de los gastos de viaje, alojamiento y manutención.

La investigación sostiene con detalle cómo se preparó la firma del contrato. El 9 de mayo de 2024, la secretaria de Zapatero, Gertrudis Alcázar, remitió a Carmen Almendras un primer borrador denominado «Contrato asesoramiento.docx». Al día siguiente reclamó observaciones porque el texto debía ser revisado por el director del gabinete del expresidente. Horas después envió una nueva versión en la que se eliminaba una cláusula que permitía resolver anticipadamente el contrato antes de que transcurriera un año.

La intermediación continuó durante los días siguientes. Carmen Almendras facilitó el contacto de Ana María Ospina, directora de Asuntos Corporativos y Relaciones Institucionales del Grupo Gloria, quien remitió la versión definitiva del contrato y concertó una reunión para firmarlo el 13 de mayo de 2024 en la oficina de Rodríguez Zapatero, situada en la calle Ferraz de Madrid. Los investigadores concluyen que Almendras actuó como intermediaria y que Ospina representaba a los destinatarios finales del acuerdo.

Ese mismo día, apenas unos minutos después de recibir el contrato definitivo, Gertrudis Alcázar envió la primera factura, por importe de 100.000 euros, correspondiente al 50 % de los honorarios pactados. La factura fue localizada durante el registro practicado por la Policía Nacional y, según la UDEF, coincide con la primera transferencia recibida semanas después en la cuenta bancaria del expresidente. Acto seguido, Ana María Ospina remitió a la secretaria de Zapatero el contacto telefónico de Claudio Rodríguez Huaco, presidente ejecutivo del Grupo Gloria, indicando expresamente que era «para el presidente».

La Policía sostiene que, tras la firma del contrato, Rodríguez Zapatero desplegó una intensa agenda de contactos con las principales autoridades bolivianas. El informe recoge reuniones o gestiones dirigidas al presidente Luis Arce, a los ministros de Economía y de Justicia y al Procurador General del Estado, todas ellas relacionadas con los intereses que el Grupo Gloria mantenía en varios litigios millonarios frente a la Administración boliviana. Según la investigación, esas actuaciones constituyen el verdadero objeto de los pagos reflejados en el contrato de asesoramiento