Vox acusa a Sánchez de ser «el responsable del posible mayor pucherazo electoral del régimen del 78»

Vox llevaba al Pleno de esta semana una propuesta para reformar la LOREG, la ley electoral, para evitar un fraude o una manipulación en el voto por correo. Proponían en concreto modificar algunos artículos para que se separaran en las urnas las papeletas remitidas por correspondencia y las emitidas de forma presencial y que así se reflejara también en el acta. Una iniciativa parlamentaria que ayer durante su debate en el hemiciclo el diputado Ignacio Hoces señaló que es una ley «de mínimos» porque el Gobierno, según denunció, ha vetado las iniciativas legislativas que Vox ha registrado para modificar esta norma. Su propuesta solo contó con el apoyo de sus 33 diputados. El PP se abstuvo y el resto de grupos votaron en contra.

«Ni un solo voto bajo sospecha», reclamó Hoces, que apuntó varios elementos con los que se estaría tratando de alterar el censo para unas futuras elecciones: las regularizaciones masivas, la nacionalización exprés de inmigrantes y la «opacidad» en el procedimiento electoral. «Pedro Sánchez y su Gobierno están cambiando las reglas de la democracia», afirmó el diputado, que acusó al presidente del Ejecutivo socialista de ser «el arquitecto del mayor cambio de censo electoral provocado y el de la opacidad electoral» y, en definitiva, de ser «el responsable del posible mayor pucherazo electoral del régimen de 1978».

A su juicio, es la «opacidad» que Vox le recrimina a los socialistas la que está rompiendo la confianza de los españoles en el procedimiento electoral. «Es un Gobierno que ha cambiado masivamente el censo electoral, las condiciones de voto y se niega a discutir y a hablar de transparencia electoral», criticó. Así, su objetivo con la propuesta de ley que llevaron al Pleno es modificar la LOREG a los efectos de «dotar al sistema de más transparencia».

En su intervención, Ignacio Hoces abordó también lo que supone la ley de nietos, esa derivada de la ley de Memoria Democrática, que su partido recurrió ante el Constitucional la pasada legislatura y ante lo que la Corte de Garantías aún no se ha pronunciado. «A partir de ahora son cientos de miles de personas que van a votar en las generales en España y no han residido ni un solo instante entre nosotros. El Gobierno ha dejado claro su interés en que adquieran la nacionalidad española», denunció.

Tal como relató, estas personas una vez nacionalizadas «van a poder votar ahí donde decida la oficina consular, en el fondo el Gobierno», que sabe «en que provincias se están diputando los escaños». Además criticó de esta norma que no solo hable de exilio de cualquier persona que salió del país desde que empezó la guerra civil hasta diciembre de 1945, sino que va «mucho más allá». «Se puede conceder a cualquier hijo y nieto de español cualquiera que fuera la causa por la que saliera o el año», señaló.