Las andanzas del empresario Antxón Alonso, personaje clave en las tramas del PSOE, con vínculos con el PNV y Bildu

¿Qué tienen en común la trama liderada por Santos Cerdán, las cloacas del PSOE gestionadas por la fontanera Leire Díez que operaba dentro de la SEPI gracias al papel de su expresidente, Vicente Fernández Guerrero, y el caso Forestalia de corrupción ambiental? El mismo empresario de Elgoibar, «el de Gipuzkoa», Joseba Antxón Alonso Egurrola, al que sus conocidos le llamaban Antton o «el Guipuchi», que daba, según el informe de la UCO, «billetes de quinientos» a Cerdán, y compartió piso con él en Madrid.

Fue en el verano de 2015, cuando Antxón Alonso constituyó una cooperativa, Noran Coop, con uno de los secundarios de esta historia, Koldo García Izaguirre, que fue concejal de Huarte por el Partido Socialista Navarro (PSN), entre 2011 y 2015, y «el último aizkolari socialista», según Pedro Sánchez, «un ejemplo para la militancia». Era entonces tan de confianza del que se convirtió en secretario general del PSOE, que veló la seguridad de las papeletas de las primarias del Peugeot, o incluso introdujo otras «dos papeletas» en una urna en las de 2014 contra Susana Díaz, como le indicó su jefe en el PSOE, Santos Cerdán.

Tres meses más tarde, Alonso creó Servinabar 2000, S.L., cuyo objeto social nada tenía que ver en principio con obra pública, donde tendría de socio a otro de la banda de las primarias de Sánchez, Santos Cerdán, con el 45 % de participaciones de la sociedad limitada, según un documento con fecha del 2016 sin escriturar que se localizó en el domicilio de Alonso en Elorrio, en junio de 2025, durante el registro de la UCO de la Guardia Civil encabezado por el teniente coronel Antonio Balas. Además, se encontró escondido en su dúplex más de 16.000 euros repartidos en billetes en dos mochilas, una bajo la cama y otra en un armario.

Por el año 2017, la sociedad mercantil fue contratada junto a la UTE Acciona para la construcción de una mina en Sangüesa y la adecuación de un pabellón deportivo en Pamplona, el Navarra Arena, donde el empresario guipuzcoano mantuvo un palco de autoridades. Fue cuando Koldo apuntó, entre los temas a tratar con Antxón, «si consigo obras cuanto se me paga por conseguir y cómo se me paga».

En esas mismas fechas, el PSOE tenía contratado a Koldo, antes de que Cerdán le recomendase al flamante ministro de Fomento, José Luis Ábalos, actualmente condenado por el caso Mascarillas a 24 años de prisión, junto a quien sería su chófer y asesor, penado con 19 años, sin contar que ambos tienen pendiente el juicio por un «presunto concierto para la adjudicación de contratos de obra pública a Acciona», mediando Cerdán y con la connivencia de ADIF, presidida entonces por Isabel Pardo de Vera. Por esas adjudicaciones Ábalos habría cobrado, al menos, 550.000 euros, y otros 70.000 entregados por Antxón, según el informe de la UCO de junio de 2025.

El triángulo de la corrupción

Antxón Alonso era el perejil de todas las salsas. Uno de los vértices del triángulo del grupo Hirurok, formado además por Vicente Fernández y Leire Díez, que operaban bajo el nombre de «nosotros tres» (en euskera) y se mantenían informados y coordinados en una aplicación de mensajería desde el primer trimestre del año 2021 con el objetivo de valerse de su influencia dentro de la Administración y en partidos afines para obtener beneficios. Fue Alonso quien puso al servicio de Hirurok tres de sus sociedades limitadas para canalizar las posibles ganancias: Servinabar 2000, Mediaciones Martínez y Next Generation Caliope Innova.

El caso Forestalia y los encuentros con el PNV, el PSE y Bildu

Una semana antes de formalizar su alianza con el expresidente de la SEPI y la fontanera del PSOE, que entonces ocupaba la dirección de Comunicación de ENUSA, otra de las empresas participadas de la SEPI, aunque Guerrero presentaba a Díez como directora de Gabinete, se cerró una reunión en Zaragoza, el 24 de mayo de 2021, en el domicilio de Fernando Samper, en esas fechas presidente del grupo Forestalia.

El encuentro fue auspiciado de nuevo por Antxón Alonso, según reconoció Samper en su comparecencia en la Comisión de Investigación del Senado del caso Koldo. «Yo conozco al señor Antxon Alonso, ¿de acuerdo?, pero no utilicé al señor Antxon Alonso». Y recalcó Samper: «No fui a buscarlo yo». También reconoció que Alonso gestionó otros encuentros en distintas sedes de partidos políticos. «Igual que estuve en Pamplona, estuve en el País Vasco, en las sedes de partidos políticos como el PNV, el PSE o Bildu, explicando mi proyecto». Al día siguiente del encuentro, Antxón le comunicó a Vicente que había quedado con Santos Cerdán para comer y contarle el «tema Samper», que propiciaría otro segundo encuentro en julio en el domicilio del presidente de Forestalia al que se sumó Cerdán, justo un día antes de ser nombrado secretario de Organización del PSOE.

Igualmente, el mismo día que se creó el grupo Hirurok, el martes 1 de junio de 2021, el guipuzcoano contrataba al expresidente de la SEPI, que había ejercido de facto la presidencia hasta el nombramiento de Belén Gualda, a pesar de haber dimitido casi un año y medio antes, y que solo podía haber actuado así por una orden directa de la entonces vicepresidenta primera, María Jesús Montero, que gestionaba desde su Ministerio de Hacienda la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. Durante ese periodo en la sombra, Guerrero negoció los rescates más polémicos aprobados por el Consejo de Ministros del Gobierno de coalición de Pedro Sánchez, léase Plus Ultra, Air Europa, Duro Felguera, o Tubos Reunidos. Esta última inició sus gestiones en septiembre de 2020, valiéndose de sus contactos para obtener información interna que transmitía al presidente de la compañía alavesa, Francisco Valentín Irazusta.

Presiones al «Gobierno central» a través del PNV

Pero esas primeras presiones no surtieron efecto, quizá porque hacía dos meses y medio que el holding público estaba en manos de Gualda, y el 15 de junio de 2021, el Consejo Gestor de la SEPI tumbó la ayuda pública a Tubos Reunidos por las dudas del secretario de Estado de Economía, Gonzalo García Andrés (que más tarde se diluirían). Fue cuando Guerrero optó por la vía Alonso para desatascar la operación de rescate, porque «si no hay ayuda por arriba del todo» tendría difícil recibir financiación de la SEPI. Así, le preguntó a Antton si el PNV tenía «mucha relación con la empresa», ya que «hace dos años se llegó a pronunciar Urkullu sobre su situación y parece que el PNV alavés se mojó al respecto». También si podía enterarse de «que opina el PNV del rescate», porque le interesaba más su «criterio» como organización, que el papel que pudiera jugar Arantxa Tapia Otaegi, en ese momento consejera de Desarrollo Económico del País Vasco, tanteada por Irazusta.

Guerrero no quería que se frustrase la operación y dejar de obtener «alguna clase de retribución por nuestra actuación». Por ello, el 5 de julio viajó junto a Leire a Pamplona, y se hospedaron en el hotel Tres Reyes para mantener una reunión al día siguiente en la sede de Servinabar con Antton, que tenía conexiones con miembros del PNV, y así podría adelantarles «información fidedigna» de que la operación de los 112,8 millones de euros comprometidos por la SEPI estaba «en el aire» para que ellos ejercieran presión al «Gobierno Central».

La presidenta de la SEPI convocada en Moncloa

Cuatro días más tarde, la presidenta de la SEPI nombrada por Montero, Belén Gualda, era convocada en Moncloa a las once de la mañana, visita que no descartaban «que haya sido producto de tu conversación con Sabin Etxea», en la sede del PNV en Bilbao con miembros de la directiva, como reconoció Vicente a Antton. Lo cierto es que el martes 13 de julio de 2021 se aprobó la operación de financiación a Tubos Reunidos por 112,8 millones de euros (la actual ministra de Transición, Sara Aagesen, formaba parte del Consejo Gestor) por el que el trío Hirurok supuestamente cobró una mordida a través de Mediaciones Martínez de 114.959 euros.

Así se acredita en mensajes recogidos en uno de los últimos informes de la UCO entre Vicente y Antton:

—El Consejo Gestor de la SEPI ha aprobado la operación de los 112 millones de euros para Tubos Reunidos. No sé cuánto habrá influido nuestra intermediación. Pero hagamos que la gente de Sabin Etxea se entere por ti, le escribió Guerrero

—Seguro que en algo hemos influido, le respondió Alonso.

—Estoy seguro de ello. Hablar tú en el PNV el martes y que el siguiente martes se apruebe no es casualidad. Lo debemos poner en valor, finalizó.

Los interlocutores del guipuzcoano, según se desprende de unas anotaciones de Vicente F. Guerrero de su conversación con Irazusta de Tubos Reunidos, eran Andoni Ortuzar, entonces presidente del PNV (que actualmente ha fichado en pleno ERE como consejero de Movistar +, la filial de Telefónica donde la SEPI es la principal accionista), y Joseba Aurrekoetxea, responsable de Organización. Sus nombres aparecen cuando se preguntaba si el grupo Hirurok podría posicionarse para ayudar en la operación de CELSA con la SEPI, que finalmente recibió una ayuda del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas de 550 millones de euros en junio de 2022.

Plusvalías de más de 6,8 millones de euros por Forestalia

No darían abasto, y las tramas se conectaban unas con otras con la misma facilidad que el grupo Hirurok realizaba todo tipo de relaciones siempre con una «finalidad lucrativa» en la ejecución de una «actividad criminal». En febrero de 2022, Vicente le recordó a Antton que «en el repaso» de temas «nos dejamos Forestalia», que les habían pedido que «ayudemos y empujemos». Si conseguían para sus proyectos la financiación del Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva (FAIPP) de SEPIDES, dependiente de la SEPI, «vamos a éxito con ellos», y conseguirían 200.000 euros.

El siguiente movimiento se produjo en abril de 2022, cuando se constituyó Next Generation Caliope Innova, S.L, con un capital social de 3.000 euros, sociedad que estaría ligada a Fernando Samper y fue adquirida un mes más tarde por Antxón Alonso, que según otras diligencias policiales podría haber funcionado como una sociedad instrumental para canalizar el pago de comisiones irregulares proveniente de empresas energéticas.

A su vez, con Next Generation, el empresario vasco se hizo con el control de otras dos empresas que hasta el 17 de mayo de 2022 habían estado integradas en el grupo Forestalia: Energías Renovables de Quirón y Energías Renovables de Satet, por las que abonó 141.404 euros. Dos años y medio después, se habían construido dos plantas fotovoltaicas, Masía I y II, y Antxón vendió ambas sociedades a una mercantil vinculada de nuevo al grupo Forestalia por más de 6,8 millones de euros. Entre medias, en enero de 2023, se aprobó la correspondiente ayuda por parte de SEPIDES a Arapaellet, filial del grupo energético aragonés, con el préstamo de 17,32 millones de euros para la construcción de una planta de pellets en la localidad de Guardo (Palencia).

Conexiones políticas con Bildu a través de Antton y Cerdán

Más allá de los negocios investigados, Antton era una persona próxima al PNV, «simpatizante», lo describió Cerdán en el Senado, y con mucha mano en Navarra. Fue él quien contactó con el líder de Bildu, Arnaldo Otegi, vecino de su mismo municipio, para presentarle a Santos Cerdán, que por esas fechas estaba en el foco mediático tras su primer viaje oficial a Bruselas para negociar en la sede del Parlamento Europeo con el expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, un acuerdo de investidura de Pedro Sánchez. Con él también trataría la investidura de Sánchez y a su vez negoció la moción de censura para desbancar a UPN de la alcaldía de Pamplona en diciembre de 2023.

Justo en esas mismas fechas, se adjudicó la gran obra de la última década en la comunidad foral, el desdoblamiento del túnel de Belate, por 76 millones de euros con IVA, a la UTE de Acciona, Excavaciones Fermín Osés, que también incluyó curiosamente a Servinabar 2000. Y eso es lo que más chirrió. ¿Por qué Acciona se unía a una empresa sin apenas estructura y trabajadores en un concurso de obra pública sin ni siquiera dedicarse a la construcción?

Esa adjudicación es asimismo objeto de investigación por parte de la UCO, y se llevó por delante al número dos de María Chivite en el PSN, Ramón Alzórriz, quien dimitió de sus cargos como vicesecretario general y portavoz del grupo socialista en el Parlamento navarro al descubrirse que Antton tenía en nómina a su pareja, entre 2021 y 2024, en Servinabar 2000. La sombra de Cerdán de nuevo es alargada. Este próximo martes Alzórriz comparecerá en la Comisión de Investigación del caso Koldo.

No fueron las únicas conexiones políticas. Leire Díez, por su parte, mantenía contacto con Mikel Torres, recién nombrado vicelehendakari segundo y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, que había ejercido hasta junio de 2024 como alcalde de Portugalete por el PSE, con una conversación de hasta 1288 mensajes. Entre ellos, le trasladó la situación de Tubos Reunidos, que estaba debatiendo en su Consejo de Administración la posibilidad de solicitar un concurso voluntario de acreedores, del que también estaba informado Cerdán, que cada vez regentaba más poder en la sede de Ferraz.

De forma paralela, se retomó el contacto con Ortuzar y Aurrekoetxea del PNV a principios de 2025. Esta vez, para ayudar a la sociedad de Álava a quedarse con casi 10 millones de euros que tenía que haber depositado en la Cuenta de Amortizaciones y Seguros de la SEPI por la venta de un inmueble en Sestao para cumplir su contrato, según las diligencias de la UCO. A finales de marzo de nuevo, tanto la Dirección Económico Financiera como de Asuntos Jurídicos de la SEPI dieron el visto bueno a la solicitud de Tubos Reunidos.

Estas son algunas de las andanzas del «Gipuzkoa», que ha ligado su suerte a Santos Cerdán, Leire Díez y Vicente Fernández Guerrero. Su «calvario mediático», en sus palabras, se inició a principios de diciembre de 2025 cuando fue detenido en la misma operación de la Guardia Civil que arrestó a la mujer que seguía el argumentario –«cuatro folios con ideas»– escrito por el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero cuando se presentó en una rueda de prensa bajo la premisa de «ni fontanera ni cobarde», y el protegido de María Jesús Montero, que continuó como presidente de la SEPI a pesar de haber dimitido. Una vez analizado parte de lo que tiene por delante, ¿sueña Joseba Antxón Alonso Egurrola con la libertad conseguida por Víctor de Aldama por colaborar con la Justicia? Hasta ahora, se ha negado a declarar en la Comisión de Investigación del Senado, y respondió únicamente a las preguntas de su defensa ante el juez Leopoldo Puente para defender la legalidad de todas sus actuaciones empresariales.