La ley de nacionalidad saharaui avanza en el Congreso tras la aprobación del dictamen, con el apoyo del PSOE y el rechazo de PP y Vox

La proposición de ley para conceder la nacionalidad a los nacidos en el Sáhara Occidental bajo administración española ha superado este martes la fase de ponencia, tras los acuerdos alcanzados entre el PSOE, Sumar y los socios de izquierda del Gobierno, y la idea es que el texto se apruebe en el mes de julio en la Comisión de Justicia y en el Pleno.

Esta iniciativa estuvo más de un año en la 'nevera' del Congreso y el grupo plurinacional, que fue quien la impulsó, llevaba desde abril tratando de reactivarla ofreciendo a los grupos de la izquierda una propuestas de enmiendas transaccionales que agrupara las distintas aportaciones.

En las últimas semanas, PSOE y Sumar han acercado posturas y han acabado pactando una serie de cambios en la redacción original que han sido avalados este martes por la ponencia con apoyo de los socios de izquierda. Junts ha optado por la abstención y el PP y Vox han votado en contra.

La intención de Sumar es llevar la iniciativa a la Comisión de Justicia el próximo 14 de julio, ya en sesión pública, con idea de que esté disponible para votarse en el último Pleno previsto antes del verano, el 23 de julio.

La ley busca conceder la nacionalidad española a los saharauis y sus descendientes que vivían en la antigua provincia española antes del 11 de agosto 1976, bajo dominio español, lo que según Sumar actualmente afectaría a unas 50.000 personas en los campamentos de Tinduf.

La condición de saharaui nacido en esas circunstancias se acreditará por DNI español (aunque no se encuentre vigente), recibo de inscripción en el censo para el Referéndum del Sahara Occidental expedido por la ONU, certificado de nacimiento, libro de familia, certificado de escolarización, pensiones de jubilación o certificados de hospitalización y asistencia médica, entre otros. El PSOE no ha aceptado dar por buenos los papeles emitidos por el Frente Polisario, que no está oficialmente reconocido como autoridad.

Pero también beneficiaría a los inmigrantes sahaurais que se encuentran actualmente viviendo en España, unos 30.000 según Sumar, y que sólo necesitaran acreditar dos años de residencia legal y continuada y no tres para solicitar la nacionalidad, igualando los derechos a personas llegadas de Hispanoamérica, a los sefardíes o de otros antiguos territorios españoles.

La solicitud para la adquisición de la nacionalidad no estará sujeta a gravamen alguno y se presentará en el plazo de tres años desde la entrada en vigor de esta ley, que será a los seis meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Tras aprobarse el dictamen de la ponencia, la diputada de Sumar Tesh Sidi, de origen sahaurai, ha explicado que los saharauis que actualmente viven en España están acogidos al Estatuto de Apatridia, lo que, según ha especificado, les imposibilita trabajar, impide que tengan los mismos derechos y alarga los plazos de solicitud de nacionalidad a más de diez años.