Bolaños choca con el Supremo, ahora por la regularización de inmigrantes

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha reiterado su confianza hacia el Real Decreto 316/2026, sobre el proceso de regularización de inmigrantes, cuyo plazo terminó ayer martes, 30 de junio, un plazo que ha finalizado con 1,2 millones de solicitudes, superando a las cifras estimadas por el Gobierno de España.

Sus palabras partieron de dos puntos clave: que estas personas ya estaban integradas completamente a la sociedad española, asegurando que todas estaban ya trabajando en el país, y, por otra parte, en el apoyo de la Unión Europea, que «ya ha dejado claro que la regularización no choca con ninguna norma europea y además que España tiene perfecto derecho a aprobar una regularización de estas características».

Una afirmación que choca con la iniciativa del Tribunal Supremo de llevar el decreto ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, centrada en los siguientes seis puntos:

1- La capacidad de un estado de hacer una regularización que afecte a toda la población inmigrante con el nuevo pacto migratorio UE (2024).

2- Conceder la residencia temporal a personas que no han solicitado protección internacional, cuando el derecho europeo no lo prevé.

3- Paralizar expulsiones incluso cuando ya existe una orden judicial de retorno.

4- Posible vulneración del principio de cooperación leal por no consultar ni coordinarse con la UE.

5- Duda de si una regularización decidida políticamente encaja en el nuevo reglamento europeo (sustituye al sistema Dublín).

6- Los regularizados pueden circular por el espacio Schengen, lo que afecta al control fronterizo común sin consulta previa.

La iniciativa del Gobierno, que ve la integración de personas extranjeras como solución para un país con un saldo vegetativo que continúa en negativo pese al ligero repunte que se percibió en la natalidad el pasado año.

Esta regularización afectaría a aquellas personas extranjeras que puedan demostrar haber permanecido en España mínimo 5 meses continuados, que no tengan antecedentes penales y haber trabajado o tener oferta laboral de mínimo 90 días al año.

Una rueda de prensa en la que no ha faltado la defensa hacia Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, así como la como la comparativa de los «ultraderechistas» PP y Vox con Trump, y el mayor miedo de los españoles según los últimos análisis de CIS: la vivienda.