El sindicato CSIF exige reforzar los consulados y alerta de «riesgo de colapso» por las nacionalizaciones de la ley de nietos

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha exigido reforzar de forma urgente los servicios consulares en Latinoamérica ante el «riesgo de colapso» por las solicitudes para obtener la nacionalidad española, en el marco de la llamada ley de nietos. También ha reclamado «respeto y protección» a la labor del personal funcionario frente al debate político que se ha generado estos días al respecto.

Según datos recabados por CSIF en las embajadas con mayor volumen de trabajo la plantilla es la siguiente: México (114, de los cuales 18 son funcionarios), Argentina (200, 20 funcionarios, respectivamente) y Cuba (65, 18 funcionarios). El sindicato precisa que los expedientes de nacionalización «siempre los ficha el cónsul».

«Esta circunstancia ha provocado que se esté estudiando recabar el apoyo de personal externo de empresas públicas como Ineco, en el caso de Argentina, o la empresa cubana Palco, dependiente del gobierno del país (por la que se deben tramitar todas las contrataciones de personal local por parte de España)», explican desde CSIF en comunicado, recogido por Europa Press. En este sentido, alertan que «algo similar está sucediendo en España con Tragsa/Tragsatec para ayudar en el proceso de regularización de personas extranjeras».

Ante ello, el sindicato reclama «adaptar las plantillas al volumen de trabajo con empleados públicos», con el fin de «dar seguridad jurídica al tratamiento de los datos personales, así como a los funcionarios actualmente encargados de resolver los expedientes y que se van a ver superados».

«No compartimos que se ofrezca la posibilidad a empresas de terceros países para validar documentos», han apuntado, argumentando que «la legislación española establece que el ejercicio de funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de potestades públicas o la salvaguarda de los intereses generales está reservado exclusivamente a los funcionarios de carrera».

Así las cosas, desde CSIF piden que «se dote de los medios suficientes al personal en el exterior y que se les permita ejercer su labor al margen del debate y el enfrentamiento político que ha suscitado la aplicación de la Ley de Memoria Democrática». «Los empleados públicos son profesionales a los que hay que proteger y salvaguardar su independencia», concluyen.