El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez durante un encuentro con Álvaro García Ortiz cuando éste era Fiscal General del Estado
Bruselas alerta a Sánchez de una falta de separación entre la Fiscalía General y el Gobierno
Destaca que el plan estatal anticorrupción «no ha tenido efectos prácticos»
La Comisión Europea no ve que Sánchez tenga una disposición clara a separar la Fiscalía General del Estado del propio Gobierno. Así se desprende al menos del Informe Anual del Estado de Derecho en Europa en la parte que afecta a España.
«Se recomienda a España que continúe los esfuerzos en curso para fortalecer dicho estatuto, en particular en lo que respecta a la separación de los mandatos de la Fiscalía General y del Gobierno, teniendo en cuenta las normas europeas sobre independencia y autonomía de la Fiscalía», explican las conclusiones del informe.
Además, hay que resaltar que el informe se refiere a la situación de España en el año 2025, es decir, que todavía no habían salido a la luz la intromisión del número 2 de la Fiscalía General en la trama de la 'fontanera del PSOE' Leire Díez, lo que deja más en evidencia la poca intención de reformar la Fiscalía por parte del Gobierno socialista.
De hecho, la parte española de este informe se podría titular algo así como 'muchas promesas pero pocos efectos prácticos' ya que todos los cambios normativos prometidos por el Gobierno de Sánchez, fruto del tirón de orejas que Bruselas le lanzó en el informe del año pasado, se encuentran bloqueados en el Congreso de los Diputados.
De hecho, el texto reconoce que las medidas contra la corrupción presentadas por el presidente Pedro Sánchez como su apuesta por la lucha contra las prácticas corruptas no funcionan. «Se ha presentado el proyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública y se ha adoptado el Plan Estatal Anticorrupción, pero la aplicación práctica de la normativa vigente no ha mejorado», advierte la Comisión Europea.
Por eso, recomienda «impulsar el proceso legislativo para reforzar la normativa sobre conflictos de intereses y declaraciones patrimoniales de las personas con altas funciones ejecutivas, y garantizar la independencia y la eficacia de las facultades de detección y sanción del organismo supervisor competente», afirma después de destaparse los intentos de la trama de Leire Díez por influir en esas «facultades de detección».
En otros ámbitos del Estado de Derecho, Bruselas insiste en que España cree «un registro público obligatorio de lobistas» y le pide que apruebe la Ley de Secretos Oficiales y la Ley de Administración Abierta, teniendo en cuenta las normas europeas sobre acceso a los documentos oficiales.
