Dos varas de medir en la Guardia Civil: 1.014 expedientes para los agentes y ninguno para la cúpula investigada

Son días convulsos para la Guardia Civil, tras la imputación tanto de la directora general del cuerpo, Mercedes González, como del director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas, por su presunta implicación en la conocida como la causa de las cloacas socialistas y sus reuniones con la fontanera Leire Díez, que era la encargada de «desestabilizar» las actuaciones policiales y judiciales que se siguen contra el Gobierno y el PSOE.

Con todo esto en mente, la asociación profesional Jucil ha denunciado lo que considera un «doble rasero» en la aplicación del régimen disciplinario de la Guardia Civil, ya que, mientras que 1.014 agentes fueron objeto de expedientes disciplinarios durante 2025, de los cuales 185 correspondieron a faltas muy graves, la directora general del Instituto Armado y el director adjunto operativo continúan en sus puestos pese a estar siendo investigados judicialmente.

Debido a esto, la organización reclama a la Dirección General de la Guardia Civil y a los ministerios del Interior y de Defensa que incoen de forma inmediata el correspondiente expediente disciplinario contra Manuel Llama y acuerden su suspensión cautelar de funciones. Asimismo, solicita el cese de Mercedes González al entender que la permanencia de ambos al frente del Cuerpo resulta «incompatible con el desarrollo neutral de la investigación».

Para Jucil, mantener a los dos máximos responsables de la Guardia Civil en sus cargos supone un agravio comparativo respecto al tratamiento que reciben el resto de los agentes, y recuerdan que, como consecuencia de los expedientes disciplinarios tramitados el pasado año, 64 guardias civiles fueron suspendidos de empleo y otros seis separados definitivamente del servicio, reflejando el elevado nivel de exigencia disciplinaria existente dentro del Instituto Armado.

«No puede haber dos varas de medir: una para los guardias civiles y otra para quienes dirigen la Institución», sostiene la asociación en un comunicado, donde también reclama que se apliquen a la cúpula del Cuerpo las mismas medidas cautelares previstas en la legislación disciplinaria para cualquier miembro de la Guardia Civil cuando concurren hechos de especial gravedad. A su vez, la asociación considera que la permanencia del DAO en el cargo «no es institucionalmente neutra», al recordar que continúa ejerciendo el mando sobre áreas especialmente sensibles, entre ellas la Jefatura de Información y la Policía Judicial, directamente relacionadas con las investigaciones que se encuentran bajo supervisión judicial.

La organización fundamenta su petición en el artículo 92 de la Ley de Personal de la Guardia Civil, que contempla la suspensión de funciones como medida cautelar cuando un guardia civil se encuentra inmerso en un procedimiento penal o disciplinario por hechos de especial gravedad y resulte necesario proteger el servicio, preservar la imagen de la institución o evitar perjuicios para el interés público.

La asociación también carga contra las recientes declaraciones del DAO, quien afirmó que «me debo a quien me designa». Para Jucil, esa afirmación resulta «desacertada», ya que la lealtad de los mandos de la Guardia Civil «debe estar siempre al servicio de la institución y del interés general, y no de las personas que ocupan temporalmente cargos de responsabilidad».