El Gobierno inyecta una doble dosis de privilegios a Cataluña en la agenda de final de curso

El debate en torno a la deuda y la financiación de las comunidades marcará este final de curso. Antes de irse de vacaciones, el Gobierno quiere dar un empujón a ambos asuntos en un guiño a sus socios independentistas, a los que seguirá necesitando tanto como hasta ahora o más a partir de septiembre.

El proyecto de ley orgánica que articula la condonación parcial de la deuda de las autonomías del régimen común con el Fondo de Liquidez Autonómico lleva este jueves por primera vez al Pleno del Congreso, para el debate de las enmiendas a la totalidad presentadas por el PP y Vox. Por lo que se refiere a la financiación autonómica, el ministro de Hacienda reunirá el miércoles de la próxima semana a los consejeros del ramo en un Consejo de Política Fiscal y Financiera para presentarles el nuevo modelo que propone el Gobierno, y que quiere aprobar en el Consejo de Ministros a la vuelta del verano.

En ambos casos, el tiempo y la precariedad parlamentaria del PSOE hacen prácticamente imposible su aprobación definitiva en estos últimos meses de vida de la legislatura. En especial, el nuevo modelo de financiación autonómica, que el Gobierno negoció aparte con ERC. Para que, a su vez, los republicanos apoyaran los primeros Presupuestos de Salvador Illa en Cataluña. De hecho, Pedro Sánchez recibió a Oriol Junqueras el pasado 8 de enero en la Moncloa y después trascendió que ambos habían mantenido dos reuniones secretas previas a esa.

La quita de la deuda

La quita de la deuda pasará este jueves, con toda probabilidad, su primer trámite en el Pleno del Congreso: las enmiendas a la totalidad presentadas por el PP y Vox, toda vez que Junts ya ha anunciado que dejará que el proyecto de ley orgánica continúe su tramitación. Aunque tiene intención de presentar después enmiendas parciales para que el Gobierno aumente los 17.104 millones de euros que inicialmente prevé condonar a Cataluña.

El Ejecutivo ha utilizado esta quita para intentar dividir a las comunidades gobernadas por el PP. Puesto que podrían acogerse a ella todas las comunidades del régimen común si se aprobase, previa solicitud. De hecho, la mayor cuantía es la asignada a Andalucía, 18.791 millones, no por casualidad: la propuesta de reparto fue elaborada por la exministra de Hacienda María Jesús Montero cuando esta era también candidata a las elecciones andaluzas. No obstante, todos los presidentes del PP han mantenido prietas las filas hasta ahora.

La enmienda a la totalidad presentada por el PP habla de una ley «injusta, insolidaria e ineficaz para lograr los objetivos que dice perseguir». «Se mutualiza directamente la deuda generada por desequilibrios presupuestarios en cada comunidad, que pasa a ser asumida por todos los ciudadanos del resto de España, comprometiendo el principio de solidaridad interterritorial recogido en el artículo 2 y en el artículo 156.1 de la Constitución», denuncian los populares.

Por su parte, la de Vox sostiene: «Las comunidades autónomas que realizaron un mayor esfuerzo para contener el gasto o limitar el recurso al endeudamiento no ven reconocido ese esfuerzo y se verán perjudicadas en términos comparativos. El mensaje que transmite la norma es que la responsabilidad fiscal no tiene recompensa y que quienes actuaron con prudencia pueden acabar soportando las consecuencias de quienes no lo hicieron».

El nuevo modelo de financiación

Por lo que se refiere al nuevo modelo de financiación autonómica, el Consejo de Política Fiscal y Financiera del miércoles 29 de julio se espera caldeado, aunque la propuesta del Gobierno saldrá adelante porque solo necesita el voto a favor de una comunidad, Cataluña. Según el Ejecutivo, su modelo es la panacea: las comunidades del régimen común tendrán 20.975 millones de euros más en 2027, hasta llegar a 224.507 millones en transferencias solo ese año.

El Gobierno ofrece ceder mayor porcentaje de la recaudación del IRPF y del IVA a las comunidades (del 50 % actual en ambos casos al 55 % y el 56,5 %, respectivamente) e incluir nuevos impuestos en el menú de esas transferencias. Pero con esa coartada quiere atar en corto a las comunidades del PP para que no ejerzan su autonomía fiscal. Es decir, establecer un límite para el evitar el «dumping fiscal», según el Gobierno.

En todo caso, el Consejo de Ministros no aprobará el nuevo modelo hasta el próximo curso, y después lo enviará al Congreso. Lo previsible es que las Cortes se disuelvan antes de que salga de allí. Pero, como tantas veces, el Gobierno busca el efectismo; no la efectividad.