Los 'Julios' se acogen a la doctrina Aldama del Supremo y hunden la línea de defensa de Zapatero

malas noticias para José Luis Rodríguez Zapatero, imputado en la Audiencia Nacional, tras confirmarse que el empresario alicantino Julito Martínez Martínez –señalado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) como el presunto testaferro del ex presidente del Gobierno–, y Julio Martínez Sola, dueño de la aerolínea Plus Ultra, han decidido colaborar con la Justicia. Este giro de guión, confirmado en las últimas horas a través de sendos escritos, se produce en un contexto marcado por la reciente ‘doctrina Aldama’ del Tribunal Supremo, que premia la cooperación activa en casos de corrupción organizada.

La disposición a colaborar de los «tocayos», a los que se refieren en estos términos los chats de Whatsapp incautados al pagador de Zapatero, y la citación para declarar del primero de ellos, este martes, ante el juez José Luis Calama, marcará un punto de inflexión en la investigación del polémico rescate del caso Plus Ultra y la trama transnacional de blanqueo, liderada por el veterano socialista, y vinculada a Venezuela. Un torpedo en la línea de flotación para la estrategia de defensa del ex presidente que, hasta ahora, confiaba en el silencio de su hombre de confianza, para pelear la nulidad de la causa.

Y es que si hasta ahora Julito Martínez, detenido el 11 de diciembre de 2025, no se había pronunciado sobre la veintena de sociedades que la UDEF le atribuye, como persona interpuesta, para canalizar operaciones y comunicaciones en nombre de Zapatero. Los incentivos recientes del Supremo al delator de otras de las causas por corrupción que salpican a La Moncloa y al PSOE, Víctor de Aldama, han llevado al alicantino a señalar al expresidente como el «líder de una organización criminal» que utilizaba sus contactos políticos para obtener beneficios ilícitos.

Entre ellos, el rescate público de la aerolínea Plus Ultra con 53 millones de euros, el tráfico de petróleo hacia China, el oro venezolano y otras actividades relacionadas con PDVSA, Bandes y varias empresas estatales venezolanas.

Martínez Martínez ha decidido cambiar la defensa alineada con la lealtad hacia Zapatero para acudir al efecto llamada de los incentivos del Supremo. Se consuma la posición iniciada a finales de mayo, cuando rompía con su abogado inicial Bernardo del Rosal, alegando «diferencias irreconciliables», para fichar a la exfiscal María Dolores Márquez de Prado, especialista en pactos de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción.

El precedente judicial a seguir

No en vano, el precedente sentado el pasado 22 de junio por la Sala Penal del Alto Tribunal con la sentencia del 'caso mascarillas', que condenó al ex ministro José Luis Ábalos a 24 años de prisión, a su ex asesor Koldo García Izaguirre a 19 años y a Víctor de Aldama a 4 años y medio de cárcel -dejando en suspenso la pena de este último- se ha convertido en un reclamo para las colaboraciones judiciales a quienes presten declaraciones relevantes para esclarecer las investigaciones en curso o proporcionen indicios «decisivos» para desentrañar la operativa de las tramas corruptas e identificar a sus responsables.

De hecho, en la línea fijada por diferentes convenios internacionales como el Consejo de Europa o la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de acuerdo con la jurisprudencia consolidada de los tribunales de Justicia europeos, el Supremo consideró que era imprescindible premiar con los mecanismos legales a su alcance a quienes contribuyan, de manera activa, en el descubrimiento o la acreditación de los delitos más graves de corrupción. Y el colegio de siete magistrados que dictó el fallo unánime, mencionaba de manera explícita tanto a Julito Martínez como a Leire Díez (considerada la 'fontanera' de las clocacas socialistas) como potenciales 'Aldamas' en sus respectivos procedimientos.

Para ello, quienes han dado ya el primer paso, el testaferro de Zapatero y el máximo directivo de Plus Ultra, sólo han de cumplir con un requisitos: aportar información novedosa que no esté ya en poder de los investigadores o del magistrado, de relevancia para el esclarecimiento de los delitos que se están investigando y verificable a través de pruebas objetivas que permitan diluir la estragia actual del ex presidente del Gobierno enrocado en perseguir defectos procesales y, como consecuencia de estos, la nulidad del caso.

La senda del pacto con Anticorrupción

Por el momento, la abogada de Martínez Martínez ha señalado la disposición del empresario a cooperar y aportar en el procedimiento en el que se encuentra imputado. Y es que, como ex fiscal, cuenta con una amplia experiencia en lograr rebajas o suspensiones en las penas impuestas en casos de corrupción, previa conformidad de sus clientes, como el del actor Imanol Arias en el 'caso Nummaria' o delación de los mismos. Es ésta la modalidad que parece haber diseñado para el testaferro de Zapatero que, en el escrito registrado hace unas horas en la Audiencia Nacional, se presentaba como mero ejecutor de las órdenes del veterano socialista.

Más allá de la voluntad de aportar manifestada por los dos 'Julios', en concreto, la de Martínez podría extender la investigación hacia otras ramas del entramado, diferentes de Plus Ultra, reforzando la tesis de las fiscalías Anticorrupción francesa, suiza y española que están impulsando el asunto. El Supremo le ha dejado claro, tras el premio a Aldama, que valora de manera muy positiva la ayuda de quien «identifica a otros responsables» de los hechos delictivos o «dimensiona el alcance» de las organizaciones criminales bajo la lupa.

En definitiva, el caso Plus Ultra entrará, a partir de esta misma mañana, en una nuevo escenario en el que jugará un papel esencial la ‘denominada 'doctrina Aldama’ que no solo ofrece una vía de escape procesal a Martínez, sino que podría convertirse en el anzuelo que permita esclarecer hasta qué punto el expresidente estuvo implicado en todas las operaciones investigadas.

Si bien, el desenlace definitivo de la apuesta que, sobre el papel, dinamita la defensa deZapatero, dependerá de la calidad y la credibilidad que el juez Calama conceda a la declaración de Julito como imputado y de la documentación que no lo hubiese sido incautada en los registros que llevaron a su deteción junto a su «tocayo» Julio Martínez Sola, que apuesta por la misma estrategia procesal.