Las autonomías del PP plantan al Gobierno en la reunión por la regularización de inmigrantes

Los gobiernos autonómicos del PP han decidido, a través de una declaración conjunta, no participar este jueves en la Conferencia Sectorial de la Inmigración a la que les había convocado el Gobierno para abordar, entre otros asuntos, el balance del proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, iba a presidir esta reunión que finalmente no se ha podido celebrar por falta de cuórum.

Esa declaración, a la que ha tenido acceso la Agencia EFE, tacha de «simulación» la reunión, acusa al Gobierno de «deslealtad institucional» y muestra el rechazo de estos gobiernos autonómicos a ser responsables de una «política migratoria opaca e irresponsable».

Los consejeros han asegurado que no se les ha dado ningún tipo de información sobre la implementación del Pacto Europeo de Inmigración en nuestro país, ni tampoco ningún estudio de impacto económico sobre las comunidades y entidades locales de la mayor regularización de inmigrantes de la historia. También reclaman que el Gobierno comparta la «documentación reservada» que existe sobre el proceso de regularización.

Por su parte, las regiones gobernadas por el PP afirman que tratan de defender «una inmigración legal», que tenga en cuenta «las necesidades del mercado laboral, (…) el principio de afinidad cultural, el refuerzo de las fronteras, la coordinación entre las administraciones y la aplicación inmediata de los acuerdos europeos».

Ante la suspensión de la reunión, la consejera de Coalición Canaria, Candelaria Delgado, ha anunciado que se reunirá con la ministra para plantear las dudas y cuestiones que iba a llevar a la reunión.

El Gobierno pretendía abordar el balance del proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes, cuyo plazo para presentar las solicitudes acabó el pasado 30 de junio con 1.174.978 peticiones.

Según los últimos datos ofrecidos por el Gobierno, 608.000 peticiones ya han sido admitidas a trámite, lo que implica que estos solicitantes tienen una primera autorización temporal para residir y trabajar en España, y ya han sido resueltas de forma favorable unas 12.000.

Otro de los puntos iba a consistir en tratar la implementación en España del Pacto Europeo de Migración y Asilo, un asunto sobre el que autonomías como Canarias demandaron más información antes de la entrada en vigor del paquete normativo, el pasado 12 de junio. Entre los puntos del día también figuraban la evolución de la situación migratoria, el funcionamiento del sistema estatal de acogida y el desarrollo de las vías legales y ordenadas de inmigración.

«Razones de eficacia»

Este jueves, el BOE ha publicado un acuerdo que reparte la gestión de estas solicitudes entre la Dirección General de Gestión Migratoria y la Dirección General de la Administración General del Estado en el Territorio. El acuerdo encarga a determinadas oficinas de extranjería tareas de apoyo en la tramitación de expedientes. Según el texto, la medida «responde a razones de eficacia», por los recursos materiales y técnicos de los que dispone la parte encomendada.

La labor extra de las oficinas de extranjería será: comprobar la identidad de los solicitantes, verificar o asignar el NIE, revisar y corregir datos de domicilio, comprobar y completar datos del expediente en la aplicación ACEX, grabar los expedientes en el Registro Central de Extranjeros y verificar que se hayan solicitado los informes policiales y de justicia necesarios.