La mayoría izquierdista del CGPJ impide archivar dos investigaciones contra el juez Peinado como recomienda el promotor disciplinario

De nuevo, la investigación abierta en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra el juez Juan Carlos Peinado, instructor de la causa que se sigue contra Begoña Gómez., mujer del presidente del Gobierno, ha provocado la división de la Comisión Permanente. Según ha podido adelantar El Debate, tras la reunión mantenida este martes, en el seno del órgano, la mayoría aritmética del bloque izquierdista ha impedido archivar -como recomienda el promotor de la acción disciplinaria del Consejo- los dos expedientes preliminares abiertos contra Peinado, que ya en su momento fueron admitidos a trámite, inicialmente, con el voto de calidad de la presidenta Isabel Perelló.

Así las cosas, pese a que el encargado de revisar las quejas planteadas ha concluido que no hay razones para continuar contra el magistrado, los consejeros designados por el PSOE han decidido revocar las dos propuestas de archivo. Una de ellas relativa a la polémica referencia de Peinado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en el auto en el que decretó la retirada del pasaporte contra la esposa de Pedro Sánchez, donde insinuaba que podrían ayudarla en su fuga; y, la segunda por la posible dilación del instructor en una causa por calumnias.

No así en el caso de la denuncia del ministro de Justicia, Félix Bolaños, que sí ha quedado resuelta sin consecuencias, pese a los intentos del titular de la cartera , inéditos en democracia, por apartar al juez del 'caso Begoña'. Cabe recordar que Bolaños llegó a llamar en varias ocasiones y remitir cartas a la presidenta Perelló instando la sustitución del magistrado.

En los supuestos que continuarán activos, se han desmarcado los cuatro vocales profesionales del CGPJ -Alejandro Abascal, José Eduardo Martínez, José Carlos Orga e Isabel Revuelta- que entienden que la recomendación del promotor es la más ajustada a derecho, formulando voto particular discrepante.

En dicho pronunciamiento, al que ha tenido acceso este diario, los consejeros «comparten plenamente los argumentos del Promotor de la Acción Disciplinaria» para finiquitar las actuaciones admitidas, en el anterior cónclave, donde ya no hubo consenso sobre la procedencia de dar cabida a las protestas formuladas.

Sin embargo, insistiendo en el asunto, la Comisión Permanente se ha apoyado en que el Promotor de la Acción Disciplinaria propuso el archivo sobre las manifestaciones de Pêinado en relación con el papel de los escoltas de la imputada Begoña Gómez, ante una posible fuga, por considerar que solo podría entrar a analizarlas «si le fueran remitidas por el tribunal superior que conociera de la resolución en vía de recurso». Ahora, la mayoría del CGPJ señala que existen precedentes que «permiten sancionar el uso de esas expresiones sin ese requisito de procebilidad» y ha elevado la cuestión al TSJ de Madrid (TSJM).

El Consejo también ha remitido al TSJM la denuncia presentada por un ciudadano particular que alegó contra el juez un «retraso injustificado» en la tramitación de un procedimiento, que se dilató entre junio de 2024 y enero de 2026.

La propuesta del promotor pasó por archivarla al considerar que los hechos no revestían carácter disciplinario, pero la Comisión Permanente, por su parte, ha estimado que los hechos «pueden ser constitutivos de una falta leve de retraso», por lo que, por mayoría, con cuatro votos particulares en contra, ha acordado su remisión al tribunal superior.

Sin «vulneración de derechos» a Bolaños

En cambio, el máximo órgano de representación de los jueces ha cerrado, definitivamente, la diligencia informativa instada al hilo de las «sucesivas quejas presentadas» por el ministro Bolaños, por hechos relacionados con su declaración como testigo en el 'caso Begoña Gómez', que tuvo lugar el año pasado y en el que el titular de la catera de Justicia respondía por su etapa anterior, como superior jerárquico responsable de la contratación de la asistente de Moncloa, Cristina Álvarez, que ahora se encuentra imputada junto con la mujer de Pedro Sánchez, por un presunto delito de malversación.

El ministro protestó al entender que Peinado llevó a cabo «actuaciones anómalas», como la petición de magistrado de un vehículo oficial para acceder al Palacio de la Moncloa o «de una tarima para ubicarse físicamente, en una posición más alta» que el ministro, así como de la interrupción de la testifical «para que el ministro saliera a consultar un dato que había asegurado desconocer».

Por el contrario, la Comisión ha circunscrito las quejas en el marco de cuestiones «accesorias de la declaración judicial» y están basadas en «interpretaciones de las normas procesales que pueden ser discutibles, pero que no alcanzan relevancia disciplinaria y no supusieron la vulneración de ningún derecho del testigo».

Asimismo, los vocales del Consejo entienden, sin discrepancia, que «aunque la diligencia se desarrolló en un clima de tensión, no hubo desconsideraciones explícitas al declarante», como éste aseguraba.