La Audiencia Nacional cerca a Zapatero con las operaciones inmobiliarias de su mujer y su secretaria

El juez que investiga las andanzaa del ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero como presunto líder de una trama internacional de blanqueo de capitales procedentes del tráfico de influencias ponía, esta semana, el foco de los investigadores sobre el estado patrimonial de varios de los imputados principales del conocido como 'caso Plus Ultra'. Lo hacía, en especial, para el considerado su testaferro y titular de Análisis Relevante, el empresario alicantino Julito Martínez Martínez, sus hijas Alba y Laura, y muy especialmente para su secretaria Gertrudis Alcázar, conocida como 'Gertru' y su mujer Sonsoles Espinosa. Estas dos últimas, piezas clave para cercar a Zapatero en sus negocios, presuntamente, más opacos y que en el caso de las dos mujeres pudieron traducirse en la adquisición de varios inmuebles con pagos al contado de procedencia, por el momentom inexplicada.

No en vano, el eje central de la investigación gira en torno al rescate público de 53 millones de euros concedido por el Gobierno de Pedro Sánchez a la aerolínea, en 2021, gracias a la intervención que llevó a cabo Zapatero a cambio de una posible comisión que, en las últimas pesquisas, apuntaba a más de un millón de euros. Los pagos, enmascarados a través de una red societaria de consultoras y sociedades instrumentales como Thinking Heads, Gate Center o Inteligencia Prospectiva, con facturación por «asesorías» o informes de geopolíticos de conceptos ficticios son para los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la Policía Nacional, la evidencia de un intento por complicar la trazabilidad de las operaciones.

Y, por ello, en la última resolución emitida por Calama, se ordenaban nuevas diligencias de rastreo bancario con oficios dirigidos al SEPBLAC, análisis de dispositivos, nuevas comparecencias judiciales destinadas a profundizar sobre la redistribución de fondos en el entramado y depurar las conexiones internacionales (Dubái, Panamá, Islas Vírgenes, Holanda,...) que han ido apareciendo a medida que avanza la instrucción.

Para el éxito de la operativa, sin embargo, el ex secretario general de los socialistas no habría actuado solo, sino que se apoyó en dos mujeres de su máxima confianza que, en este momento, se han convertido en piezas nucleares para el avance de la causa y para determinar las eventuales responsabilidades penales. Por una parte, la más estrecha colaboradora de Zapatero -desde alrededor del año 2000, época de su llegada a la dirección del PSOE)-, Gertrudis Alcázar, quien ha sido descrita por Calama como «pieza operativa esencial» o «nodo central de comunicación y gestión documental» de la presunta red.

Si bien a 'Gertru' no se le atribuye el manejo del diseño estratégico, del que se encaragaba personalmente Zapatero; ni el rol de gestora principal de los fondos, asociado a Martínez, sí habría venido encargándose de las funciones administrativas y de coordinación diaria: elaboración y «cobertura formal» de documentación como facturas, gestión de la agenda y comunicaciones de la cuenta de correo que Zapatero utilizaba para sus negocios.

Los investigadores (UDEF) destacan chats y correos donde consulta conceptos e importes para facturas (por ejemplo, dudas sobre cómo justificar 20.000 euros o consensuar descripciones), gestiona desplazamientos, facturas fiscales y contactos internacionales. Se la sitúa en un tercer nivel jerárquico operativo. Fue sometida a registro corporal durante el registro de la oficina para intervenir su móvil y dispositivos (evitar destrucción de datos). En junio de 2026 Calama la imputó formalmente (junto a las hijas de Zapatero) por indicios de participación directa. Ha comparecido en la comisión del Senado sobre SEPI/Plus Ultra, donde se acogió a su derecho a no declarar por su condición de investigada. Zapatero la ha defendido públicamente y ante el juez, afirmando que actuaba bajo sus indicaciones y elogiando su lealtad y profesionalidad.

También se autorizó el rastreo de cuentas suyas (junto a las de Zapatero, hijas y empresas) ante sospechas de ocultación de fondos o movimientos ilícitos. Se ha señalado, por ejemplo, la adquisición de una vivienda con pagos sin hipoteca aparente que no se explica plenamente con su capacidad económica declarada.

Sonsoles Espinosa no figura como principal imputada en el núcleo de la organización criminal, pero la investigación la alcanza por vía patrimonial y fiscal. Comparte una cuenta bancaria con Zapatero en la que, entre 2020 y 2025, constan ingresos relevantes (alrededor de 1,5 millones en total según algunos informes, incluyendo transferencias de Análisis Relevante por cientos de miles de euros). El matrimonio canceló de golpe una hipoteca de más de medio millón de euros, hecho que la UDEF ha examinado.

Calama ha autorizado el análisis de movimientos de esa cuenta conjunta y otras. Hacienda abrió inspección fiscal a Zapatero, su esposa y sus hijas. Hay indicios de que parte de los fondos de la presunta trama (vía consultoras) terminaron en cuentas familiares. Las joyas halladas se vincularon inicialmente a «herencia de su mujer», lo que también la sitúa en el ámbito de las explicaciones pendientes. Fuentes jurídicas han señalado el riesgo de que pudiera ser citada como cooperadora, partícipe a título lucrativo o por blanqueo, aunque hasta la información disponible el foco principal de imputaciones formales ha recaído en Zapatero, sus hijas (por la sociedad Whathefav, considerada vehículo instrumental para canalizar o dar cobertura a fondos) y la secretaria.

En resumen, mientras Pedraz centra su instrucción en la presunta organización dentro del PSOE (Santos Cerdán, Leire Díez y otros) orientada a proteger causas que afectaban al Gobierno y a la familia de Sánchez (incluido el periodo de reflexión de 2024 tras la imputación de Begoña Gómez), el cerco sobre el entorno más cercano de Zapatero —secretaria como pieza operativa documental y esposa por cuentas y patrimonio compartido— corresponde a Calama en el caso Plus Ultra. Las pesquisas combinan indicios de influencia política post-presidencial, facturación ficticia o instrumental, movimientos de dinero y bienes de alto valor sin justificación plena. Todo ello permanece en fase de instrucción y está sujeto a las defensas, recursos y evolución de las pruebas.