El sujeto de la frase

El viernes, en Ceuta, el presidente del Gobierno pronunció una frase a la que le faltaba lo esencial. Dijo que lo ocurrido había sido «un ataque, una violación de la integridad territorial de España», y minutos después agradeció a Marruecos su cooperación y celebró que el diálogo hubiera sido «fluido y muy razonable». Un ataque sin agresor. Quien ha redactado autos durante cuarenta años sabe lo que significa una imputación a la que se le quita el sujeto: es la manera educada de archivar.

Unas 50.000 personas entraron por el espigón del Tarajal en poco más de veinticuatro horas, en una ciudad de 84.000 habitantes de derecho. La Guardia Civil lleva recuperados 77 cadáveres en aguas españolas y la policía marroquí informa de 17 más en la suya; la búsqueda continúa y la cifra subirá. Al día siguiente, en cuanto se abrió el paso, más de 48.000 habían regresado a Marruecos. La espontaneidad explica que 50.000 personas quieran cruzar. No explica que puedan hacerlo en unas horas y que casi todas estén de vuelta al día siguiente.

La versión oficial atribuye la avalancha a la lectura que las mafias hicieron de la sentencia de la Sala Tercera sobre las devoluciones por mar. La sentencia puede explicar el rumor, pero no la escala, ni la pasividad inicial de la vigilancia marroquí, ni la rapidez con que se abrió después el camino de vuelta. Y todo ello coincidió con la fiesta del Trono.

La prensa publica este sábado que varios informes de inteligencia militar y civil alertaron de una avalancha en esas fechas, y que días antes se advirtió de la llegada inusual de autobuses a Castillejos. El País confirma que la Guardia Civil había avisado del incremento de llegadas, aunque el Gobierno sostiene que ningún informe anticipó una entrada de esta magnitud. Seamos exactos: una filtración no demuestra que esos informes existan, sino que alguien afirma que existieron. Demuestra otra cosa, y no menor: a las cuarenta y ocho horas del desastre, dentro de los propios servicios hay quien devuelve la responsabilidad hacia arriba. Los informes llevan fecha y número de registro. Que se comprueben.

Si los hubo, se acabaron las explicaciones piadosas. La ley que creó el Centro Nacional de Inteligencia en 2002 le encomienda facilitar al presidente del Gobierno la información que permita prevenir cualquier amenaza contra la integridad territorial de España. Son sus palabras, no las mías. De existir esos informes, el CNI habría cumplido su ley, y el incumplimiento estaría en quien recibió los papeles, no en quien los redactó. Se dirá que callar era lo prudente, que señalar a Rabat habría hecho estallar una relación de la que penden el Sáhara y la cooperación antiterrorista. Ahí está justamente el reproche. Esa dependencia viene de lejos, pero este Gobierno decidió profundizarla con un giro sobre el Sáhara acordado en una carta y sin debate parlamentario. El resultado es un Estado que ya no puede nombrar en voz alta a quien abre y cierra la verja.

Tampoco sorprende del todo, y eso es lo peor. Llevamos años viendo al Estado llegar tarde a sus emergencias y explicarlas después con el reparto de competencias. Ceuta añade el capítulo que faltaba, la frontera, con una diferencia: aquí el que llegó tarde no puede delegar en nadie.

Fuera, el daño ya está hecho. La presidenta de la Comisión ha tenido que recordar que Ceuta es suelo de la Unión, Italia ha reintroducido durante un mes controles a los extracomunitarios que lleguen desde España y Francia refuerza los suyos. El Gobierno contesta con estadísticas de Frontex, pero nadie discute el volumen de la inmigración. Se discute quién tiene la llave de una frontera que no es solo nuestra.

El presidente habló de un ataque. Sigue faltando lo esencial: que diga quién, a su juicio, atacó.