Alejandro Nolasco: «Nos opondremos al reparto de menas y de inseguridad por todas las vías a nuestro alcance»

Las comunidades autónomas se enfrentan a la posibilidad de un nuevo reparto de menores extranjeros no acompañados llegados a Ceuta hace algo más de dos semanas en la avalancha migratoria que invadió el territorio nacional, aunque en estos momentos hay muchas preguntas al respecto. Esta cuestión ha puesto en pie de guerra a varios gobiernos regionales y Vox, que está en cuatro de ellos, ha manifestado con rotundidad su negativa a que lleguen inmigrantes ilegales a esos territorios. De hecho, la formación de Santiago Abascal, que ya plantó al Gobierno central en junio como muestra de rechazo al reparto en general de menores inmigrantes, se ausentó de nuevo de la comisión sectorial convocada por el Ministerio de Sira Rego el pasado jueves tras la crisis de Ceuta.

«Nos opondremos al reparto de menas y de inseguridad entre las regiones españolas por todas las vías legales, jurídicas y políticas a nuestro alcance, tal y como hemos firmado en el Pacto de Gobierno», asegura en una entrevista con El Debate Alejandro Nolasco, vicepresidente primero de Aragón, que argumenta que esta decisión responde al «estricto cumplimiento del ordenamiento jurídico nacional e internacional». «El interés superior del menor impone, como principio fundamental, el de la reunificación familiar y devolución al país de origen, y en todo caso exige una valoración individualizada y excluye cualquier actuación automática o colectiva como ya indicó el Tribunal Supremo».

Apunta además que la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por España, «impone a los Estados la obligación de preservar las relaciones familiares, de tramitar de manera positiva, humanitaria y expeditiva las solicitudes de reunificación familiar y de cooperar en la localización de los progenitores». Y acusa al Gobierno de Pedro Sánchez de estar «alimentando» la inmigración ilegal, en lo que supone «un delito permanente contra la seguridad del Estado, comprometiendo así nuestra soberanía nacional e integridad territorial».

Alejandro Nolasco denuncia que «se está jugando con la vida de las personas» y ve un «despropósito» en el hecho de que el Ejecutivo pretenda que se acepte a las personas que llegan y dicen ser menores -afirma que la gran mayoría no lo son y si lo fueran, en todo caso deberían estar con sus padres- y se repartan entre las regiones y estas tengan que mantenerlas. «¿Hasta cuándo? ¿Con qué límite?».

Subraya además que han ganado 15 sentencias (todas las que han presentado) frenando así 15 traslados de menores a Aragón. El Supremo les dio la razón al señalar que este reparto se hace de manera aleatoria. Y asegura que desde el Ejecutivo regional seguirán luchando jurídicamente para que no lleguen a esta comunidad más menores. Paralelamente, desde su consejería, la de Desregulación, Bienestar Social y Familia, van a impulsar varias medidas como endurecer los reglamentos de los centros de menores para que haya más seguridad y, basándose en el artículo 35.2 de la ley de Extranjería, van a tener reuniones con terceros países para que estos vuelvan con sus padres.

Preguntado acerca de la sintonía que hay con el PP en esta materia -habida cuenta de que Vox salió de los gobiernos en 2024 precisamente después de que los populares aceptaran el reparto de menores impuesto por el Gobierno de Sánchez-subraya que la hoja de ruta con su socio de coalición es el pacto de gobierno que firmaron ambos partidos el pasado abril. En él se recogen todas estas medidas que están poniendo ya en marcha y las que planean implementar próximamente. «El pacto es claro», afirma Nolasco.

Ahora hay más normativa climática que nunca y hay más incendios que nunca. Hay que limpiar los montes

Una de las cuestiones más acuciantes de las últimas semanas ha sido la oleada de incendios que han asolado y aún asolan parte del territorio nacional. Aragón es una de las regiones que ha sufrido esta catástrofe. Y frente al Gobierno central, que de nuevo aludía ante la emergencia al cambio climático, el vicepresidente de Aragón señala que lo que ha ocurrido nuevamente este verano es «la consecuencia lógica de no limpiar los montes», con incendios «de un magnitud que no se conocían antes».

«Está siendo uno de los peores veranos en Aragón y en España porque las políticas verdes fanáticas ecologistas no dejan limpiar el monte. Mientras no dejen limpiar el monte o los cauces de los ríos esto va a seguir pasando», asegura Alejandro Nolasco, criticando lo que considera una normativa «desquiciada» derivada de la Agenda 2030 y la agenda «woke» impuesta desde Bruselas. Remarca, ante las acusaciones por parte de la izquierda hacia Vox de ser «negacionistas del cambio climático», que «ahora hay más normativa climática que nunca y hay más incendios que nunca». En su opinión, una de las soluciones pasa por limpiar los montes y subraya que desde el Gobierno aragonés buscarán el modo de «combatir» la legislación europea desde la legalidad pero con contundencia.

Desregulación y prioridad nacional

Su consejería es una de las novedades que ha introducido Vox en el pacto de gobierno con el PP: la desregulación. Sobre esta materia, Nolasco avanza que van a reformar la ley de agricultura familiar, anular la cita previa en los organismos oficiales y reducir la burocracia. En concreto, respecto a este punto, traslada que están realizando un mapa de todos los departamentos y las regulaciones y órdenes que existen en ellos y van a tratar de «adelgazar» la burocracia para que sea más accesible.

También habla de otra novedad, la prioridad nacional. En Aragón, se ha reformado la ley para impedir que los inmigrantes ilegales reciban la PACIM (prestación complementaria al IMV), ya que el Gobierno del PSOE y sus socios en su día eliminó el requisito de la residencia legal. Asimismo, señala Nolasco que en todas las convocatorias que saquen a partir de ahora en los departamentos en los que está Vox, e intentarán que sean en todos los del Gobierno, se cuente con que «aquellas personas que más han aportado a nuestro sistema de bienestar sean las que primero vayan en la lista».

Desde su consejería, están dando un peso muy importante, dentro de la parte de Bienestar Social, a los ancianos y a las personas con dependencia, una cuestión a la que se destinará en el próximo presupuesto una partida con un incremento «importantísimo» respecto a los años anteriores. En este sentido, explica además que están trabajando para poner fin a las obras de las residencias que aún no se habían terminado y para que en estos próximos años se hayan creado cientos de plazas nuevas. Y para los enfermos de ELA, van a trabajar desde el Gobierno para modificar la ley de manera que las personas que sufren esta enfermedad puedan mantener a los cuidadores que siempre les han atendido.